Andalucía congela el 50% de las ayudas directas a empresas recién anunciadas por “riesgo” de incompatibilidad con las del Estado

El presidente del Gobierno de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció el pasado lunes un ambicioso paquete de ayudas directas a las empresas y trabajadores más afectados por la pandemia, dotado de 732 millones de euros, “el mayor montante de ayudas directas aprobado por una comunidad autónoma hasta ahora”, dijo en un acto por todo lo alto celebrado en el Palacio de San Telmo, junto a representantes de los sindicatos y la patronal.

24 horas después, el vicepresidente andaluz, Juan Marín, matizó que la Junta aparcará el 49% del presupuesto destinado a esas prestaciones -360 millones de euros- hasta que el Gobierno central regule sus ayudas directas y establezca los requisitos para acceder a ellas, porque podría darse un “riesgo de incompatibilidad”. “Ahora tenemos un grave problema al menos jurídico en cuanto a la incompatibilidad o no de las ayudas que el Gobierno de España pone en marcha con las que tenemos las comunidades autónomas asignadas, porque el Gobierno central no ha definido el sistema de justificación”, dice Marín.

Esta advertencia, que deja en el aire muchas de las subvenciones ya publicitadas por el presidente Moreno, se omitió el lunes en la presentación del segundo plan andaluz de reactivación económica, que sirvió al Ejecutivo de PP y Cs para ofrecer una potente imagen de consenso con los agentes sociales y de compromiso con los sectores más afectados por la pandemia. El vicepresidente andaluz aclara que “disponen de todo el dinero para las ayudas”, y urge a la Administración central a establecer las condiciones que tendrán las prestaciones estatales para empresas, pymes y autónomos, para así poder desatascar las suyas.

El paquete de 732 millones de euros para reactivar el tejido productivo andaluz se nutre de fondos propios y de fondos europeos. La Junta sólo ha librado una parte del total, sólo para aquellas ayudas que no se verán afectadas por el sistema de verificación que estipule el Gobierno central para su propio paquete de ayudas directas, que también gestionarán las comunidades. Moncloa tiene que adaptar y aprobar una directriz europea sobre las condiciones para optar a estas prestaciones, aclarar si son compatibles con las que las empresas perciban de la Junta, y los criterios de verificación (presentar una declaración jurada para justificar en qué se ha usado, presentar factura a factura...).

Fuentes de San Telmo explican que el Consejo de Gobierno ha actuado rápido, que ha librado la mitad del dinero de las ayudas que no se van a solapar con las estatales, y que probablemente la próxima semana se aprobará la otra mitad del presupuesto total. “El Director General de Fondos Europeos de la Junta esperaba conocer los criterios de verificación de las ayudas del Gobierno central hace una semana. Hasta esta misma mañana pensaba que podrían lanzar todas las prestaciones a la vez”, añaden estas fuentes.

El documento del plan de reactivación económica, firmado por la Junta, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal de empresarios, cuenta con 14 líneas de ayudas a empresas y autónomos, que abarcan un amplio espectro de actividades económicas, con especial incidencia en los sectores más golpeados por la crisis de la Covid-19: el turismo, la hostelería, los establecimientos hoteleros... De los 732 millones de euros que prevé movilizar este plan, 585 millones irán a parar a estos sectores con más pérdidas, y otros 107 millones serán prestaciones sociales para personas en situación de pobreza extrema. Ese era el anuncio oficial. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto que regulará sólo una parte de esas ayudas, que movilizarán el 51% del presupuesto total previsto: 372 millones de euros.

Las prestaciones que saldrán de aquí, como las de Transformación Económica para pymes, no provienen de fondos europeos y, por tanto, no son incompatibles con las que está ultimando el Gobierno central, con un montante global de 11.000 millones de euros en ayudas directas y desgravaciones fiscales. La Consejería de Empleo, que es quien tramita este paquete, prevé que los beneficiarios potenciales sean unos 145.000 trabajadores de alrededor de 45.000 empresas andaluzas (la mayoría pymes) que han pasado por un ERTE desde el comienzo del estado de alarma, y que podrán optar a la ayuda por empleado de 505 euros mensuales durante cuatro meses (con un compromiso de mantenimiento del 65% de la plantilla en firmas con menos de cinco trabajadores fijos, y del 75% en las que cuentan con hasta 20 empleados.

El Gobierno andaluz ha librado este martes 270 millones de euros para empresas en ERTE, otra partida de 70 millones para empleados que hayan pasado por una suspensión temporal de empleo y sueldo, y que contiene el complemento de 210 euros en un pago único para los trabajadores acogidos a algún tipo de ERTE desde el 14 de marzo de 2020, cuando se declara el estado de alarma; y otros cinco millones para trabajadores fijos discontinuos. Este complemento de 210 euros (que se pagará de oficio, sin necesidad de tramitación alguna) también se extenderá a los trabajadores fijos discontinuos o de temporada que en los primeros meses del estado de alarma por la pandemia declarado en marzo de 2020 no pudieron trabajar, ha explicado la consejera. La Consejería de Turismo, por su parte, también ha librado otros 26 millones destinados a distintas actividades económicas dentro de su sector (3.000 euros lineales).

Sin embargo, la mitad de las ayudas directas ya anunciadas el lunes por el presidente de la Junta no se han plasmado este martes en un decreto en el Consejo de Gobierno y su aprobación y entrada en vigor no está prevista, al menos, hasta que el Gobierno central clarifique los requisitos que deben cumplir las empresas para acceder a las prestaciones que están tramitando en Madrid, en ese paquete de ayudas de 11.000 millones de euros. “Hoy por hoy sí existe riesgo” de incompatibilidad, ha admitido Marín. La Junta no publicará la convocatoria de sus subvenciones -por valor de 360 millones de euros- hasta no conocer la letra pequeña de las ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez, al que le ha pedido premura. “Es por si las del Estado están condicionadas a una finalidad concreta” que haga incompatible el acceso a las ayudas andaluzas“, advierten desde San Telmo.