El Gobierno andaluz ofrece 500 euros al mes por trabajador a las empresas que mantengan al 65% de su plantilla

En una Andalucía con más de un millón de parados -según los últimos datos del Ministerio de Trabajo-, alrededor de 20.000 negocios cerrados por la crisis de la Covid-19 y 29.316 empresas en ERTE (que afecta a otros 121.398 empleados), la Junta, los sindicatos y la patronal han firmado este lunes en el Palacio de San Telmo el segundo y más cuantioso paquete de ayudas directas a las empresas más castigadas por la pandemia, dotado con 732 millones de euros, de los cuales, 585 millones irán a los sectores con más pérdidas (el comercio, el turismo y la hostelería) y otros 107 millones serán prestaciones sociales para personas en situación de pobreza extrema.

El acuerdo, que arrastra 50 horas de reuniones, se plasma en un documento que ha tenido 22 versiones distintas y que finalmente compromete a las empresas beneficiarias a mantener, al menos, al 65% de la plantilla si quieren beneficiarse de la línea de ayudas al mantenimiento del empleo asalariado, dotada con 270 millones de euros. El objetivo es evitar despidos en los sectores que han sufrido una mayor caída de ingresos -superior al 30%-, como las agencias de viaje, los alojamientos turísticos, la hostelería, pero también el sector cultural, el taxi o la artesanía. Las principales beneficiarias serán las casi 30.000 firmas (la mayoría pymes) que aún están en ERTE, del total de 235.163 empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía (datos del tercer trimestre de 2020).

Se trata de dar 505 euros mensuales por cada trabajador a tiempo completo, durante cuatro meses, en aquellas empresas con menos de 20 empleados. A cambio, el empresario se compromete a mantener el 65% de sus asalariados -si tiene entre uno y cinco en plantilla- y el 75% si cuenta con hasta 20 trabajadores. CCOO y UGT han aceptado ese margen, porque “puede que algunas firmas acudan a ERTE parciales o que tengan bajas, y es una situación que puede prolongarse debido a la incertidumbre de las vacunas”. Ésta es una cláusula que los sindicatos también han peleado en Madrid con el Gobierno de Pedro Sánchez y su paquete de 11.000 millones de ayudas directas a las empresas en ERTE. Las ayudas andaluzas se podrán complementar con las que prepara el Ministerio de Trabajo.

Desde que la Junta de Andalucía firmó el primer acuerdo de reactivación económica con los agentes sociales -el pasado noviembre, toda con 600 millones de euros-, no sólo se han disparado el número de empresas en ERTE y la cifra de desempleo, también las familias que subsisten con una renta mínima de inserción. Entremedias, el Ejecutivo central ha presentado el Ingreso Mínimo Vital, que está tropezando con dificultades en la tramitación para llegar a quienes realmente lo necesitan.

Las prestaciones sociales del acuerdo firmado este martes incluyen una ayuda de 210 euros [presupuesto total 70 millones] para complementar el dinero que el SEPE concede a los trabajadores en ERTE, pero con cuantías muy limitadas (la media es de 500 euros, aunque en algunas provincias, como Cádiz, no llega a 300 euros; según CCOO). Los sindicatos calculan que esta ayuda beneficiará a 330.000 trabajadores que sigan en ERTE entre marzo y abril de 2021. También se regulará otra subvención de 210 euros para empleados fijos discontinuos (unos 23.000).

El pacto entre Junta, sindicatos y patronal regula 14 líneas de ayudas distintas: a los autónomos les corresponde un montante de 88,6 millones de euros del que saldrán prestaciones de mil euros por cabeza. El documento tiene mucha letra pequeña y mucha negociación detrás. Pero la firma y el alcance social de estas medidas supone un éxito para el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, en un momento de máxima convulsión política. En el acuerdo está el presidente, acompañado por siete de sus 11 consejeros, las líderes de CCOO y UGT en Andalucía, Nuria López y Carmen Castilla, y el presidente de la Confederación de Empresarios (CEA), Javier González de Lara.

Moreno proyecta al resto de España una imagen de diálogo y de consenso entre los agentes sociales y su Gobierno justo en el vórtice de una crisis económica y política sin parangón, agudizada por la pandemia. Una imagen de estabilidad y moderación, mientras al otro lado de Despeñaperros se habla de mociones de censura, tránsfugas y elecciones anticipadas. “La vía andaluza”, lo ha bautizado el presidente de la Junta y líder regional del PP, casi como un lema de una campaña para las elecciones andaluzas, apenas una semana después de que PP y Cs se comprometieran por escrito a agotar el mandato hasta finales de 2022.

Refuerzo de personal público

Para gestionarlo todo, teniendo en cuenta el volumen de gasto y todos los sectores y empresas con los que se va a negociar, la Junta contratará a 1.700 empleados públicos que serán quienes tramiten la avalancha de solicitudes que se espera (los contratos podrán prolongarse tres años, con un coste estimado de 40,4 millones). La idea es solventar a priori uno de los problemas que están dando este tipo de ayudas, como el ingreso mínimo vital: evitar los retrasos en el pago de ayudas -por la sobrecarga que asumirá la Administración- y poner en riesgo la viabilidad de las empresas que ya están con el agua al cuello.

El segundo pacto andaluz de reactivación económica -el primero se firmó en noviembre y estaba dotado de 600 millones- nace en paralelo al esperado plan de ayudas directas del Gobierno central, que ha limitado las subvenciones a las actividades que estén afectadas por un ERTE (una quinta parte). Las estatales tienen unos requisitos muy estrictos: sólo podrán beneficiarse las empresas que declaren un resultado positivo en 2019, el año antes de la pandemia (una de cada 12), y que tuvieran una caída del 30% de ingresos en 2020. Esto se limita a cinco sectores principalmente, y los cinco están especialmente tocados en Andalucía, cuyo motor económico es el turismo: agencias de viaje, alojamientos turísticos, transporte aéreo, hostelería y cine.

La Junta incluye en su acuerdo con sindicatos y patronal 28.700 ayudas de 3.000 euros para empresas de hostelería y comercio que acrediten un desplome del 20% de las ventas el año pasado, y que cerrasen 2019 sin pérdidas. Las agencias de viaje, con actividad prácticamente a cero, contarán con un presupuesto de 6,5 millones de euros, con ayudas de 3.000 a 12.000 euros. Los hoteles optarán a prestaciones de 3.000 a 160.000 euros, según el número de plazas; las empresas de apartamentos turísticos podrán llegar hasta los 50.000 euros de ayuda, también según el número de plazas que gestione; para las casas rurales serán de un máximo de 3.000 euros; las áreas de pernoctación de caravanas, 2.500 euros, los cámping, entre 10.000 y 20.000 euros. Las empresas de turismo activo optarán a subvenciones de 1.200 a 3.000 euros, los guías turísticos podrán pedir hasta 4.500 euros y las academias especializadas en turismo de idiomas pueden optar a 60 ayudas de 4.000 euros.

También se desarrolla una línea de ayuda similar para los gimnasios, dotada con 14,2 millones, y para el transporte público discrecional, con 6,8 millones. En el ocio nocturno, infantil y de parques de ocio, se ofrecen ayudas mínimas de 4.000 euros (montante total: 9,4 millones), y en el ámbito cultural (1.300 empresas afectadas) la subvención llega hasta los 3.000 euros para la cobertura de cuatro meses de actividad.