Andalucía vota en 'segunda vuelta' entre consolidar a las derechas o devolver la confianza a la izquierda

Cinco meses después de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, más de 6,5 millones de andaluces vuelven a ser llamados a las urnas este domingo. Hay casi 235.000 andaluces que ejercen por primera vez su derecho al voto en unas generales. Andalucía es la comunidad más poblada, aquí se juegan 61 de los 350 escaños del Congreso y 32 senadores. Su peso en el conjunto del país sigue siendo determinante a la hora de decidir el nombre del próximo presidente del Gobierno y el tipo de políticas que definirán a este país, aunque la dispersión del voto y la ruptura del bipartidismo ha difuminado mucho el peso específico de esta región.

Andalucía es clave este 28A, no por el número de votantes que aporta al conjunto, sino porque el resultado de las autonómicas hace cinco meses arroja una idea de cómo podría ser el nuevo mapa político de España: un bloque de fuerzas conservadoras -la derecha fragmentada, pero unida- que supera al bloque de izquierdas. Un Gobierno de PP y Ciudadanos, sustentado por la irrupción de la extrema derecha de Vox, que convirtió la victoria en las urnas del PSOE en el mayor fracaso político de los socialistas andaluces en cuatro décadas. Así se ha planteado la campaña electoral por parte de todos los candidatos, y esa especie de plebiscito es lo que tendrán que elegir hoy los andaluces: su voto pude consolidar a las derechas en el poder o devolver la confianza a la izquierda. PP y Ciudadanos venden su “lealtad mutua” y su fórmula estable de Gobierno -tras sus primeros 100 días en el poder- para exportarlo a Moncloa; el PSOE alerta precisamente de esa posibilidad, de que “las tres derechas” sumen y la agenda “racista, machista, homófoba y fascista” de Vox condicione al próximo Ejecutivo.

El esquema mental de este plebiscito no deja de ser raro, porque ahora es la izquierda -que siempre se ha erigido como “motor del cambio”- la que apela a la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez; y es la renacida extrema derecha la que apela al cambio. Aunque en realidad su propuesta política pasa por deshacer gran parte de los cambios políticos y sociales consolidados en este país, desde el derecho al aborto y la lucha contra la violencia de género, hasta la acogida al inmigrante y la solidaridad internacional.

Nuevos votantes de derechas

En Andalucía, la suma de PP, Ciudadanos y Vox alcanzó por primera vez la mayoría absoluta para la derecha tanto en escaños como en votos. Pero la diferencia en votos reveló una nueva realidad política que el PSOE ni vio venir ni aún acierta a interpretar: los tres partidos en los que se ha fragmentado el voto conservador rebasan por más de 300.000 votos la mejor marca que ha tenido el PP de Javier Arenas en Andalucía, en las autonómicas de 2012, la primera y única vez que los populares ganaron al PSOE. Entonces no existía ni Ciudadanos ni Podemos ni Vox, concurrían a las urnas PSOE, PP e IU, y los populares lograron 1.567.207 votos, el 40,66% del escrutinio: 50 diputados (a cinco de la mayoría absoluta). 

Ahora hay más andaluces votando a partidos de derechas de los que jamás ha habido, y menos votantes de opciones de izquierdas, con la segunda participación más baja de la historia de la autonomía (un 58,65%). En las elecciones del pasado diciembre, la suma de PP, Cs y Vox logró 1.804.884 votos, el 49,8% del escrutinio. Al desglosar esta cifra, vemos que el PP obtuvo 749.275 votos (20,7%); Ciudadanos 659.631 votos (18,2%) y Vox 395.978 votos (10,9%). Sólo con las papeletas de PP y la formación naranja no habrían superado la mejor marca de Arenas -se habrían quedado en 1,4 millones de votantes-. Obviamente ha habido trasvase de votos entre las tres formaciones conservadoras, siendo el PP el más damnificado por la pérdida de apoyos en favor de Cs y de Vox. Pero la suma total demuestra que hay votantes nuevos de derechas.

Esos 400.000 votos de la extrema derecha no provienen todos del PP, como pensó errónemente el PSOE en un principio: muchos son votantes nuevos, gente que antes no votaba o que votaba a partidos de izquierdas. Personas que, bien porque les ha influido el ambiente de cabreo contra el independentismo en Cataluña, o bien por un estado de reacción visceral contra los años más duros de la crisis ha terminado transformando su indignación en una formación política nueva tan cabreada con la izquierda como con la derecha tradicional.

En Vox está concentrado el conservadurismo más reaccionario y tramontano, que representan sus líderes, pero en las bases también se mezcla clase media desclasada por la crisis, capas bajas olvidadas, clase acomodada enrabietada con los esquemas socioculturales y democráticos que se han consolidado en España gracias a un consenso, más o menos accidentado, entre la izquierda que los aprobaba y la derecha moderada que terminaba aceptando algunos, y otros no: la aconfesionalidad de la educación, el derecho al aborto, el matrimonio homosexual, la lucha contra la violencia de género, el feminismo como valor de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto al medioambiente, la solidaridad internacional y la ayuda a los inmigrantes que llegan ilegalmente huyendo de la guerra y el hambre en sus países, la integración intercultural en las aulas, en los espacios de trabajo, la educación para la ciudadanía...

Cataluña como catalizador

Ha habido una corriente ciudadana que se ha rebelado contra todo eso orbitando en torno a un tema matriz que, en teoría, influía poco o nada en la vida del andaluz medio, pero que al final fue determinante en el vuelco político en esta comunidad: Cataluña. La gestión del órdago independentista catalán por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, primero, y de Pedro Sánchez después, sirvió de catalizador para unificar el estado de ánimo de mucha gente dispar que, sin embargo, tenía en común la sensación de que le estaban hurtando la España en la que ellos creían. “No hay 400.000 fascistas en Andalucía”, terminaron diciendo los líderes derrotados del PSOE y de Podemos, al percatarse de que mucho descontento ciudadano tras más de una década de crisis, perdiendo poder adquisitivo, calidad en la sanidad, calidad en la escuela, calidad en el trabajo, perdiendo el empleo y malviviendo con un salario precario, el mismo para un chaval de 25 años que para un veterano de 55 años. Todo esto pasaba mientras el Gobierno español forcejeaba con el Gobierno catalán para frenar una intentona secesionista, y los medios de comunicación hablaban primordialmente de esto.

Es el estado de ánimo que se dirime, otra vez, en estas generales. Sólo que ahora la izquierda parece haber reaccionado y se ha volcado para movilizar a los suyos por tierra, mar y aire. Hubo más de un 40% de abstención en las andaluzas del 2 de diciembre, una cifra clave para la victoria de PP, Cs y Vox. La mayoría de los que no fueron a votar provenían de partidos progresistas, tanto del PSOE -que llevaba 36 años y medios ininterrumpidos en el poder- como de la coalición Adelante Andalucía (Podemos e IU), que fue incapaz de articular una alternativa a los socialistas. Si esa abstención se repite, la victoria de la ultraderecha está garantizada. Históricamente las generales tienen más concurrencia en las urnas que las autonómicas. La participación más baja fue precisamente en las últimas generales de junio de 2016, un 68% de votantes; y la más alta fue en el 82, con la primera victoria del sevillano Felipe González, que superó el 78,7% de participación en Andalucía.

El PSOE de Susana Díaz espera ganar este domingo, pero también ganó el 2 de diciembre, así que el objetivo es mayor: la ex presidenta andaluza espera aportar 1,5 millones de votos a Sánchez para apuntalarlo en Moncloa, y doblar en escaños al PP. Ahora mismo, los 61 diputados al Congreso por Andalucía se reparten así, en función del resultado electoral de 2016: 23 para el PP; 20 para el PSOE; 11 para Unidos Podemos y 7 para Ciudadanos. Vox obtuvo un 0,2% del escrutinio hace tres años -8.419 votos-, por detrás de UPyD (que hoy ya no existe) y del partido animalista PACMA. Los de Santiago Abascal aspiran a reventar hoy el tablero político y ser decisivos en la hegemonía de la derecha y la gobernabilidad del país.

Su avanzadilla, dicen, son los “12 gladiadores” [diputados] que tienen ya en el Parlamento andaluz, y que sustentan al Gobierno PP-Cs de Juan Manuel Moreno. Su agenda política es conocida, la han disechado sus dirigentes y, en muchos casos, atenta contra los derechos de muchos de sus votantes, lo sepan o no: la derogación de las leyes de igualdad entre hombres y mujeres; la derogación de la ley de lucha contra la violencia de género; la derogación de la ley que protege al colectivo LGTBi; la derogación de la ley de Memoria Histórica; la deportación de 52.000 inmigrantes sin papeles; el desmantelamiento del Estado de las Autonomías y la devolución de competencias al Gobierno central; el rastreo en las vidas profesionales de los funcionarios que luchan contra la violencia de género, exigiendo la lista con sus nombres o su perfil laboral al Parlamento... Esto es lo que se votó en diciembre y lo que se vota este domingo.

PP y Cs han iniciado su mandato proponiendo una bajada global de impuestos, más beneficiosa para las rentas superiores a 60.000 y 120.000 euros al año que para la mayoría social andaluza, que se mueve en una escala inferior a los 28.000 euros de ingresos. Prevén eliminar los aforamientos a los miembros del Gobierno andaluz, limitar el mandato del presidente y sus consejeros, adelgazar el gasto superfluo de la Administración, contabilizar a pacientes en la lista de espera en sanidad y dependencia que hasta ahora no se contaban y auditar las cuentas y la gestión del anterior Ejecutivo socialista para fiscalizar mejor el dinero público.

PP y Cs están en el inicio de un proyecto político de largo plazo, cuya primera prueba real de fuego será la presentación de los Presupuestos Autonómicos de 2019 -será después de las municipales de mayo-. Ahora los socios se esfuerzan por contener a su tercer aliado, pero hay una realidad inmutable a la que conducen todos los debates sobre fiscalidad, educación, sanidad, igualdad, memoria, vivienda, medioambiente... Todas las leyes y medidas que quieran aprobar necesitarán el apoyo de la extrema derecha, que impondrá sus condiciones a cambio de seguir manteniendo a este Gobierno. Incluido, llegado el caso, entrar en el Gobierno.