“Cada magistrado hace lo que quiere”: las diferencias entre jueces complican la lucha contra el petaqueo en Cádiz

La última operación conocida ha sido en San Fernando. Aprovechando la oscuridad de la madrugada, seis embarcaciones repletas de garrafas con combustible navegan hacia el castillo de Sancti Petri, entre San Fernando y Chiclana (Cádiz), con la intención de surtir varias narcolanchas. Pero la Policía y la Guardia Civil están por la zona. Dos de esas embarcaciones vuelcan y unas cien garrafas quedan flotando en aguas de la bahía gaditana. Aunque la operación se salda con cuatro detenidos, su destino dependerá, literalmente, de en qué sección de la Audiencia Provincial caiga su caso cuando se fije el juicio. La falta de un criterio único para determinar qué delito es transportar combustible está provocando, según la Fiscalía, “inseguridad jurídica” y cierta sensación de impunidad.

La Guardia Civil y la Policía Nacional, también algunas policías locales, informan casi a diario de la detección de almacenes, furgonetas cargadas con bidones o embarcaciones manipuladas para ocultar envases de gasolina. No son casos de narcotráfico, porque no se detecta droga, aunque los agentes están seguros de que ese combustible se destina a abastecer las narcolanchas que cruzan el Estrecho o en alta mar.

Tipificar esta actividad como delito se ha convertido en una pesadilla para los fiscales, que, ante el aumento progresivo de casos, vienen reclamando una legislación específica que vincule el petaqueo con un tipo penal concreto. Mientras esa norma no llega, la Fiscalía de Cádiz, que actúa en una de las zonas más afectadas, ha sugerido recurrir a un artículo ya existente del Código Penal. El artículo 568 castiga con penas de tres a ocho años de prisión la tenencia, transporte o suministro no autorizado de sustancias inflamables o explosivas, aunque no se haya producido un daño concreto, al tratarse de un delito de peligro abstracto. Por eso los fiscales gaditanos lo propusieron para perseguir el petaqueo, al permitir actuar contra quienes trasladan gasolina hacia narcolanchas sin necesidad de probar un resultado lesivo, solo el riesgo inherente al manejo de combustibles peligrosos.

En otras provincias, como Almería, se ha recurrido más al artículo 348, que sanciona la manipulación o almacenamiento de sustancias peligrosas que generen un riesgo para las personas o los bienes, aplicable cuando no encaja el delito del 568, aunque con penas menores y solo si se demuestra un peligro concreto. “En este caso venía mejor porque algunas operaciones se detectaron en zonas protegidas medioambientalmente, y era más certero”, explica la fiscal andaluza Ana Villagómez.

La Fiscalía de Cádiz reclamó a la Audiencia Provincial una unidad de criterio y el uso del artículo 568, el de las sustancias inflamables. Hace unos meses todos los magistrados fueron convocados a un pleno, donde una ajustada mayoría, por un solo voto, acordó aceptar ese criterio. Pero desde entonces, los juicios celebrados por casos de petaqueo han demostrado que “cada magistrado hace lo que quiere”. La decisión del pleno no ha sido acatada. Mientras los casos que recaen en la Sección Primera sí aplican ese tipo penal, los de la Sección Cuarta han determinado que no puede atribuirse ningún delito a esta actividad. La consecuencia de esa falta de unidad es tan simple como grave: hay personas que entran en prisión por un mismo hecho y otras que quedan en libertad.

Libres por interpretación judicial

La confusión también afecta a las medidas cautelares. Según Villagómez, “hay autos de libertad que no se pueden recurrir, de manera que aunque la Fiscalía discrepe, no puede hacer nada hasta que haya una sentencia firme”. En la práctica, eso significa que los investigados pueden quedar libres por interpretación judicial, sin posibilidad de revisión hasta muchos meses después. Esa fragmentación genera lo que el fiscal jefe Ángel Núñez llama “una sensación de impunidad” que mina la eficacia de la respuesta penal.

Para Núñez, la solución pasa por dos vías: reforzar los medios materiales y humanos y reformar el Código Penal para tipificar expresamente el petaqueo. “Los narcos cuentan con medios materiales y tecnológicos mejores que los del Estado de Derecho”, advierte. “Y la carga de trabajo es enorme”. También propone un cambio organizativo que permita agilizar los procedimientos y evitar que los casos se eternicen.

Las cifras explican el tamaño del problema. En los últimos años, la Guardia Civil ha intervenido miles de litros de combustible destinado a las embarcaciones de los clanes del hachís, pero apenas una parte de esos casos llega a juicio con condena firme. Sin un delito claro, muchos se archivan o quedan en un limbo judicial. “Los tribunales —lamenta Villagómez— no pueden castigar con seguridad jurídica algo que el legislador no ha querido definir”.

Mientras tanto, el terreno operativo se resiente. Las fuerzas de seguridad advierten que muchos de los encausados por petaqueo son reincidentes. El combustible que transportan, en bidones de 25 litros o tanques improvisados, no solo alimenta las narcolanchas, sino que supone un riesgo medioambiental y de seguridad enorme en zonas urbanas o rurales. A veces incluso en ciudades donde se han detectado cargas de cientos de litros de gasolina en estaciones de servicio del casco urbano, y su traslado por calles donde transitan decenas de coches y peatones. Una de las tareas pendientes es determinar también la responsabilidad de algunas gasolineras, que tienen prohibido vender su producto si no es para llenar depósitos de vehículos.

Si esta diversidad de criterios no se resuelve operaciones como la registrada esta semana en San Fernando terminarán con penas de cárcel o no dependiendo de en qué sección de la Audiencia Provincial caigan. Es la inseguridad jurídica que no quieren los fiscales ni los cuerpos de seguridad, porque llevan a la deriva sus trabajos.