El auto del Supremo: la noticia hubiera sido lo contrario
El auto de este jueves de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo era tan esperado como previsible. Después de tres años y medio de instrucción, en una sola semana el alto tribunal no ha hecho más que no tirar al traste toda la investigación de Alaya. El alto tribunal ha venido a decir algo lógico: que es el único competente para investigar a aforados. Eso sí, 14 meses después de la denominada preimputación expuesta por la jueza sobre los expresidentes de la Junta, en plena toma de posesión del nuevo gobierno andaluz de Susana Díaz.
De hecho, el Supremo no entra a valorar en ningún momento la presunta participación en los hechos de Chaves, Griñán o los exconsejeros Viera, Zarrías o Moreno, sino que reproduce básicamente las posiciones de las dos partes que hasta ahora se han venido pronunciando sobre el caso, la Fiscalía y, por supuesto, la propia jueza. De esta forma, el alto tribunal transcribe en gran parte el escrito de los fiscales y recoge los argumentos que Alaya ha venido manteniendo desde que empezó a apuntar a los puestos más altos de la Junta de Andalucía como responsables del fraude, por ejecución, dejación o falta de control.
Efectivamente, ninguno de los aforados está imputado oficialmente (habría que esperar al menos a que acudan a declarar y el Supremo resuelva en algún sentido tras escuchar su versión). El alto tribunal lo que hace es, para declararse competente, repetir en sus razonamientos jurídicos lo que Alaya hace constar en la exposición razonada que elevó en verano. Por poner un ejemplo, la que sí está imputada es la exconsejera Magdalena Álvarez, respecto a quien la Audiencia de Sevilla anuló la millonaria fianza civil hace escasamente un mes. Aquí sí que cabría el peligro del que advertía Alaya, cuando negaba una y otra vez a los fiscales anticorrupción la división de la causa, acerca de hipotéticos “fallos contradictorios”. Porque si la exministra, como ha mantenido la jueza, fue “una de las promotoras, en connivencia con otros”, del “procedimiento ilegal”, a la una se la juzgará en Sevilla y a los “otros”, si es el caso, en Madrid.
El Supremo considera de cualquier manera que “resulta imprescindible continuar la investigación” respecto a los aforados y que su función en este momento es “verificar si en la exposición que le ha sido remitida se consignan hechos que, según una valoración muy provisional, pudieran ser delictivos”. La prudencia de los jueces contrasta con la actuación de Alaya en este punto, puesta en duda desde aquel 10 de septiembre de 2013 y que ha seguido presente a lo largo de todos estos meses y en casi cada declaración del Partido Popular, desde el Gobierno de Madrid respecto a Andalucía y desde la oposición a nivel regional. La pregunta cobra más vigencia: aforados: ¿garantía o privilegio?
La cuestión más política, revuelta socialista incluida, de que si Chaves y Griñán deberían dejar su escaño si son imputados, expuesta la semana pasada por Susana Díaz, aún no tiene por qué tener respuesta. El Supremo lo que ha hecho es declararse competente para la instrucción (“y en su caso, el enjuiciamiento”) de los aforados Chaves, Viera y Zarrías (diputados en el Congreso), y Griñán y Moreno. Estos dos últimos fueron nombrados senadores sólo dos días después de que Alaya señalara al expresidente en aquel conocido auto durante la toma de posesión, si bien Mar Moreno fue incluida en el caso por la jueza este verano, cuando elevó la exposición razonada.
Ahora bien, la presidenta Díaz, además de respaldar a sus predecesores, asegura que van a declarar “voluntariamente”, una oportunidad que ya les dio Alaya en diciembre, cuando los señaló por segunda vez después de que la Audiencia le anulara el auto anterior por no explicar qué hechos les atribuía. En aquella ocasión no accedieron por no considerarla competente. La discrepancia jurídica respecto la competencia de la jueza (en la que se han ido escudando otros exaltos cargos durante la instrucción, bajo el paraguas de la Fiscalía Anticorrupción) hizo el resto. Hasta el día de hoy.
Por lo tanto, la concesión irregular de subvenciones y ayudas sociolaborales en Andalucía desde comienzos de siglo, en la que se han visto involucrados empresas, políticos y sindicatos, aún tiene que ser investigada por la Justicia al más alto nivel político, y discernir por fin si hubo conocimiento, acción u omisión por parte de los dirigentes andaluces.
