El PSOE-A no acepta ni una línea de las conclusiones provisionales de la comisión de investigación de la formación
“Nada de lo que concluye tiene que ver con la realidad. [...] Las conclusiones están fuera de toda lógica”, ha resumido este martes la diputada del PSOE-A Marisa Bustinduy en relación a la propuesta de dictamen elaborada por el presidente de la comisión de investigación sobre los fondos públicos de formación profesional para el empleo, el parlamentario de C's Julio Díaz y que ha sido registrada en el Parlamento de Andalucía este 6 de febrero.
Con ello, la socialista ha mostrado su rechazo “total” a un documento en el que se apunta a la responsabilidad política de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán; los exconsejeros José Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio; sus viceconsejeros; y los secretarios y directores generales, responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y delegados territoriales con competencias en la materia desde 2002 hasta mayo de 2012. Todos ellos, por cierto, sin responsabilidad política actualmente.
“No entendemos por qué se les incluye cuando no hay nada que se les achaque, sino una simple generalidad”, ha continuado la socialista, visiblemente molesta con que se esté “jugando con el nombre de personas honestas”. En esta línea, ha continuado: “No se dice tampoco que aquí no ha habido una trama corrupta, como se ha ido demostrando en las resoluciones judiciales. [...] Si no ha existido corrupción, debe expresarse en el documento”.
Su compañero de filas Rodrigo Sánchez Haro ha abundado en esta línea porque entiende que sólo se les achacan responsabilidades políticas “abstractas”. Por ello, ha criticado que a estas personas, refiriéndose expresamente a los expresidentes, se les hayan colocado “tres cruces: la primera con una acusación falsa, luego con la obligación de ir a la comisión de investigación donde se les brindó un trato incorrecto y ahora, en esta síntesis”.
De este modo, como se preveía, el PSOE-A, cuya gestión es la que se ha juzgado, ha sido el grupo más duro con el documento elaborado por Julio Díaz a partir de las propuestas de cada formación. De hecho, los socialistas no querían ni que se hubiera llevado a cabo esta comisión de investigación, cuyo trabajo empezó hace año y medio a raíz del escándalo por el supuesto desvío de subvenciones y no incorrecta justificación de las mismas, lo que hizo que se abrieran causas en hasta 18 juzgados de Andalucía y que fueran detenidos numerosos altos cargos, casos que en los últimos meses se han ido archivando mayoritariamente.
Por el contrario, tanto el PP-A como Podemos creen que Julio Díaz se ha quedado corto porque no ha incluido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, entre los responsables políticos.
La popular Carmen Crespo ha lamentado que el documento sea “similar a lo que elaboró C's y no un resumen” de lo redactado por todos los grupos. “No entendemos cómo libra a Susana Díaz cuando ha suspendido cinco años los cursos, no ha facilitado la labor de la comisión de investigación y la de los tribunales, sino que la ha obstaculizado, y no ha trabajado para recuperar los fondos públicos y aclarar el fraude. Por tanto, tiene una responsabilidad política”, ha resumido la portavoz del PP. Para ella, no puede llamarse “desorden ni ningún otro adjetivo” que los fondos públicos se usaran para otra cosa que no fueran los cursos, porque sólo puede denominarse “fraude”.
Para el comisionado de Podemos Juan Moreno Yagüe, es un documento “decepcionante y desequilibrado” donde lo primero que echa en falta es que las conclusiones se refieran a todo el periodo objeto de la investigación, que era “desde 2002 hasta la actualidad”. Con ello, se ha referido también a que Susana Díaz es culpable de que “se haya mantenido la paralización de los cursos desde que es presidenta y, de hecho, a día de hoy, todavía no se han retomado”. Por ello, su grupo va a presentar alegaciones también.
Mientras, desde IU, Elena Cortés se ha preguntado “¿qué recorrido práctico le va a dar la presidenta de la Junta de Andalucía y a su vez secretaria general del PSOE-A a las conclusiones que finalmente se deriven de esta comisión de investigación?” y en este sentido ha recordado cómo en la de los ERE socialistas y populares “se empeñaron en que no hubiera responsables políticos”. Igualmente, ha apuntado que mantendrán “la tesis de que hubo empresarios que se enriquecieron con estos fondos públicos”, incluso alcaldes, como el dimisionario de Punta Umbría (Huelva) Gonzálo Rodríguez Nevado.
Finalmente, como también era previsible, C's se ha deshecho en elogios hacia el papel de su diputado. “Ha sido un trabajo riguroso y con precisión de un cirujano para conjugar las sensibilidades de los cinco grupos que presentaron sus conclusiones”, ha comentado Marta Bosquet de su compañero de grupo, si bien ha aclarado que “por supuesto” van a presentar enmiendas sobre el texto.
Ha lamentado también que haya grupos que “han visto un caladero de votos en esta comisión de investigación”, pero ha celebrado que pese a ello “ha sido útil, como se ha visto en las modificaciones para la nueva convocatoria de cursos”.
Finalmente, sobre el hecho de que Susana Díaz no esté incluida que han criticado el PP-A y Podemos, ha comentado que está “claro” que no formaba parte de los gobiernos de los años objeto de la investigación, si bien ha apuntado que el texto reconoce los perjuicios de la paralización de las subvenciones que ella mantuvo.
Con todas estas valoraciones, y a la espera de que en los próximos 20 días los grupos presenten sus alegaciones para que sean o no incorporadas al dictamen que deberá llevarse al pleno, hay posibilidades de que haya finalmente uno. En este sentido, pese a sus grandes diferencias sobre dónde se pone el tope de la responsabilidad política, toda la oposición, coincide en que la hay. Y los cuatro grupos suman mayoría absoluta frente a un PSOE-A que gobierna en minoría.
