CCOO y SAT exigen la dimisión de los cargos que han “hecho la vista gorda” ante los abusos sexuales en la Universidad de Sevilla

Silencio, poder y mentiras. Ese es el caldo de cultivo en el que, según los sindicatos de la Universidad de Sevilla (US), se ha gestado este caso. Tras la condena a siete años de prisión a Santiago Romero, catedrático de Ciencias de la Educación, Comisiones Obreras exige que se depuren responsabilidades. No se trata sólo de que se suspenda al profesor universitario de 68 años como de hecho ya ha hecho, sino que acabe con el clima de connivencia que ha rodeado al caso desde que se interpuso la denuncia en 2011.

Los responsables de CCOO apuntan al entorno más cercano de Romero: el actual equipo decanal. Juan de Pablos, decano de la facultad de Ciencias de la Educación, fue su sucesor en 2009 y desde el sindicato afirman que “se ha estado protegiendo (al condenado) y haciendo la vista gorda. Tendrían que dimitir todos inmediatamente. En la próxima junta de facultad se va a pedir la dimisión del decano y aquellos vicedecanos más implicados con el condenado”.

Rafael García, responsable del área de profesorado de la US en CCOO y profesor de esa misma facultad, afirma que “en una reunión le dije al decano que estaba actuando mal y que lo mínimo que podía hacer era mandarle una carta a las presunta víctimas, diciéndoles que la facultad estaba con ellas. Me contestó que él no iba a hacer eso y que yo estaba metiendo la pata”.

De ese modo, la facultad de las víctimas no sólo no las ha apoyado durante el proceso judicial que ha terminado en condena contra Romero a juicio de CCOO, sino que, en su seno, se llegó a promover una recogida de firmas de apoyo al profesor. “Se ha silenciado el tema todo lo que se ha podido, se ha dicho que había que esperar a la sentencia, cuando hay que proteger a las víctimas de manera cautelar”, recalca el sindicalista.

Tanto Comisiones Obreras como el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) coinciden en que la suspensión cautelar contra el acosador se debería haber tomado desde que se interpuso la denuncia por parte de las dos profesoras y la becaria afectadas. 

“Un goteo continuo”

En 2011, el SAT reclamaba que se impusieran “medidas cautelares (que) deben incluir la suspensión cautelar del supuesto acosador y el traslado de las supuestas víctimas a otros centros u otras universidades andaluzas si quieren seguir desarrollando su carrera profesional en otros destinos”. La medida ha llegado con seis años de retraso y tras la condena del juez.

Desde el SAT señalan que “la Universidad ignoró a las denunciantes, pero nosotros montamos una campaña para que se hiciera justicia con las compañeras. No se trata de un caso aislado, sino de un goteo continuo” de casos de acoso laboral o incluso de casos de “acoso sexual a alumnas de la Facultad de Odontología”.

El sindicato recuerda que hay más personas que han sufrido acoso en ese departamento, pero que no se han atrevido a denunciarlo. “Gracias a la denuncia de las compañeras, se ha conseguido visibilizar y que la universidad se tome más en serio el asunto y haya puesto en marcha un protocolo contra el acoso laboral y sexual en la universidad”.

Según fuentes del SAT, el protocolo cuenta con deficiencias y debe mejorarse para que casos como el sufrido en Ciencias de la Educación no vuelva a repetirse.