Los concejales antidesahucios de Córdoba comienzan a negociar con los bancos
El Ayuntamiento de Córdoba comienza ya a sentarse a negociar con los bancos para intentar llegar a acuerdos con las entidades y poner sus viviendas vacías a disposición de familias afectadas por desahucios. Ese es el objetivo inmediato que los responsables municipales quieren tratar con los bancos, a quienes se les quiere ofrecer un acuerdo para que el Ayuntamiento sea interlocutor y agente institucional válido ante esta problemática.
Con la primera reunión que se celebra este viernes 3 de julio entre el responsable municipal de Servicios Sociales, Rafael del Castillo (IU), Rafael Blázquez (Ganemos Córdoba) –ambos concejales provenientes de Stop Desahucios- y representantes de Cajasur, se pone la primera piedra del compromiso que tanto el equipo de gobierno municipal como la agrupación de electores desde la oposición asumieron para trabajar de inmediato en garantizar el derecho a la vivienda de los ciudadanos.
Antes incluso, esta misma semana, la propia alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), mantuvo una primera reunión con el director general de Cajasur, Francisco Javier Rapún, para hacerle llegar a la principal entidad financiera de la ciudad “los compromisos adquiridos con la ciudadanía en materia de vivienda y la voluntad decidida de su equipo de gobierno de llevarlos cabo a la mayor brevedad”, comunicó públicamente. Ya en su reciente discurso de investidura, Ambrosio anunció que una de sus prioridades sería declarar Córdoba ciudad por la vivienda digna y libre de desahucios.
Y en ese sentido, el trabajo que se marcan por delante los responsables municipales –según han confirmado a eldiario.es/andalucia- es el de ofrecer un acuerdo a los bancos para negociar la disponibilidad de sus pisos vacíos y crear con ellas una bolsa de viviendas con la que atender las necesidades urgentes de familias afectadas por desahucios en la ciudad que no cuentan con un techo. Con ello, se daría solución a las situaciones de emergencia habitacional y, de otro lado, los bancos podrían dar salida a las decenas de viviendas que mantienen vacías.
Ese es el asunto prioritario sobre el que trabajan ya los ‘concejales antidesahucios’, que pretenden “establecer alianzas con las entidades bancarias” para obtener la disponibilidad de esa bolsa de viviendas vacías y llegar a acuerdos posteriores, caso a caso, para que puedan ser habitadas por las familias bien mediante el pago de un alquiler social u otro tipo de acuerdos.
Contra los cortes de suministros
En paralelo, según ha confirmado el propio Rafael del Castillo, el Ayuntamiento ultima la puesta en marcha para este mes de julio de la Oficina Municipal de la Vivienda que, en el momento que se dote de personal de servicios sociales, será el organismo encargado de tratar los casos de desahucios habitacionales y también los ocasionados por cortes de suministros básicos.
La oficina –que se ubicará en las dependencias municipales del Bulevar Gran Capitán- atenderá e informará a las personas que pongan en su conocimiento los casos de desahucio o corte de agua, luz o gas para darles a conocer las posibles vías de resolución de su problemática. En ese sentido, desde la oficina se mediará ante la empresa municipal de agua (Emacsa) y ante las compañías de suministros “para intentar garantizar el mínimo vital que necesitan estas familias”, explica Del Castillo.
Para atender los casos de familias sin vivienda, desde la oficina se quiere contar con las viviendas vacías de los bancos con los que ya se negocia, además de gestionar el resto de viviendas sociales de propiedad municipal. Todo ello, según señala Del Castillo, a través de un protocolo de funcionamiento que no invada las competencias de la Junta de Andalucía en esta materia y no se dupliquen acciones.
Asimismo, la labor que el Ayuntamiento iniciará este mes pasa por informar a la plataforma Stop Desahucios de la puesta en marcha de la Oficina de la Vivienda, para establecer acuerdos de colaboración y que realicen las aportaciones oportunas desde su experiencia de trabajo en esta materia, a la vez que se trabajará en red con las familias afectadas, para conectarlas entre sí y generar la colaboración necesaria entre todos los agentes implicados.
