Consecuencias judiciales, económicas y políticas de la acusación fiscal en el caso ERE

El auto de finales de mayo que cerraba la instrucción de la pieza política del caso ERE trajo consigo dos novedades diametralmente opuestas: archivaba el caso para 24 personas pero, por contra, incluía el delito continuado de malversación de caudales públicos en varios de los imputados, entre ellos el expresidente Griñán. Esa cuestión, reforzada ahora en el enfoque del escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y las duras penas que lleva aparejada, no la tuvo en cuenta el Tribunal Supremo cuando un año antes terminó su investigación sobre los entonces aforados. Las consecuencias judiciales, económicas y políticas se presumen tremendas.

La Fiscalía, y antes el juez dando pie a ello, se han cargado de un plumazo aquello que entendió el Supremo: que todo el dinero concedido con cargo al programa presupuestario 31L no tenía por qué haber sido defraudado en perjuicio del erario público. Y es que el alto tribunal consideraba que “una cosa es que se esté ante la concesión ilegal de distintas subvenciones por diferentes cuantías y otra distinta que todas ellas fueran improcedentes desde una perspectiva sustantiva-material en el caso de que se hubiera seguido el procedimiento legal exigible para su concesión”, reconociendo por tanto que muchas ayudas realmente llegaron a buen puerto.

La “cifra global” dada por el Supremo heradaba la expuesta por la jueza Alaya (855 millones). Al incluir el juez Martín y los fiscales la posible malversación, esto ya no será así, ya que el fraude se ha extendido sin distinción alguna. La Fiscalía ahora rebaja hasta los 741 millones, pero de ellos deberán responder los 18 investigados por malversación de forma solidaria, en concepto de responsabilidad civil, más los cuantiosos intereses que se deriven.

Las prejubilaciones legales

La pelota, más allá del daño político que se le quiera hacer al PSOE, cae en el tejado de la Administración regional. Al final del escrito de la Fiscalía se pide que esa cantidad total deberá ser minorada en aquellas cantidades “recuperadas por la Junta de Andalucía en los procedimientos administrativos iniciados al efecto, debiéndose requerir a la Junta de Andalucía a través de su representación en autos para que certifique el total de los importes recuperados de los beneficiarios finales, ejercicio a ejercicio”.

En ese sentido, la Junta hace un año, y más allá de los llamados 'intrusos', reconocía que las prejubilaciones de los ERE eran legales y abría la puerta a la revisión de responsabilidades. Aparte de la confesión de aquel escrito, la Administración podría hacer algo que había evitado hasta la fecha: buscar la responsabilidad a título lucrativo de 6.000 prejubilados, como ya planteó alguna defensa. La munición para el PP está servida en bandeja y no tardará en pedir a la Administración que recupere todo el dinero que haya podido ser malversado, allá donde esté y a quienes 'ilegalmente' se lo hubiera concedido.

“Una misma cantidad no puede ser legal para unos e ilegal para otros si tales cantidades provienen de un mismo acto que se presume, sólo se presume, delictivo”, apuntó un abogado defensor ya entonces. Según han apuntado fuentes conocedoras de la cuestión, unos 700 millones se corresponderían con prejubilaciones legales. Varias defensas vienen entendiendo que, si los jueces estimaran que todas las prejubilaciones fueron ilegales, como así entendió Alaya desde el inicio, deberían haber suspendido su abono y reclamado su devolución para recuperar las cantidades defraudadas.

Pero, ¿quién le pone el cascabel a ese gato a estas alturas de la causa? La Fiscalía tampoco lo tiene en cuenta al incluir en las cantidades supuestamente defraudadas todas las ayudas sociolaborales y a empresas, con independencia del fin al que estuvieran dirigidas, y no alude en ningún momento a la cuestión de los prejubilados. La postura de los fiscales consolidan la decisión del juez Martín, considerado como el 'delfín' de Alaya, y el cambio sustancial y cualitativo de su escrito del jueves, amén de las peticiones de condena, previstas en virtud de la gravedad del delito de malversación.

Devolución “del total” de las ayudas

Por tanto, y según la tesis de la Fiscalía, todo el programa de ayudas de la partida 31L es ilegal y delictivo, y todo el dinero ha sido malversado, y de ello deberán responder los culpables, salvo las cantidades que se puedan restituir, Junta mediante. “Los autores del delito de malversación responderán solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010”, expone sin ambages.

La derivada mediática del escrito de Aanticorrupción, que también la tiene, es precisamente esa: que 18 exaltos cargos de la Junta están siendo acusados de malversación (es decir, una apropiación indebida en virtud de su puesto) y que deben devolver 741 millones. Tal cual. El PP llegó a situar el fraude en 1.400 millones pero el mantra de que el caso de los ERE es el mayor fraude de la historia de España sigue alimentándose si se tima como base el escrito de la Fiscalía Anticorrupción. Sus representantes, por otra parte y cuando llegue el juicio, ya no tendrán que perderse en la farragosa prueba de demostrar que cada ayuda fue destinada a un fin distinto al que debiera, ya que toda la pieza del 'procedimiento específico' se equipara al delito de malversación.

Lejano queda ya aquello que consideró el Supremo de que “un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlo también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada”. Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado ya han hablado y calcarán su visión en la vista oral. El instructor, que dejó fuera el delito de malversación, dijo que para hacer el cálculo de forma correcta habría que “examinar individualmente cada supuesto de ayuda sociolaboral y de ayuda económica de otra índole a cada empresa”. Esa cuestión ya no tendrá cabida en la 'pieza política' de los ERE, camino ya del juicio.