Con más ladrillo no se soluciona el problema de la vivienda

Pedro Sánchez puede seguir sacando de su chistera electoral miles y miles de viviendas más destinadas, supuestamente, a alquiler asequible, pero su credibilidad en este asunto es nula. A lo largo toda la legislatura, el PSOE se ha negado a cumplir con el pacto de investidura y redactar una nueva ley de vivienda. Casualmente, solo ha aceptado esa nueva ley con la llegada de la precampaña pero, a la postre, ha resultado harto decepcionante, como bien explican desde los sindicatos de inquilinos.

Gracias a la ley Boyer de 1985, se ha perpetuado el modelo de sociedad de propietarios creado en el franquismo. En la práctica, se permite que la vivienda se convierta en un bien de mercado y, por tanto, quede al arbitrio de la especulación

En realidad, es el propio PSOE uno de los mayores responsables de la vergonzosa situación que padecemos en España (29.000 deshaucios el año pasado), y lo es ya desde su primera legislatura en los años ochenta. Lo analiza de forma rigurosa Pablo Carmona en su libro La democracia de propietarios: fondos de inversión, rentismo popular y lucha por la vivienda (Traficantes de Sueños) que, por cierto, presenta desde este jueves por Andalucía (Jerez, Sevilla y Málaga). No en vano, gracias a la ley Boyer de 1985, se ha perpetuado el modelo de sociedad de propietarios creado en el franquismo. En la práctica, se permite que la vivienda se convierta en un bien de mercado y, por tanto, quede al arbitrio de la especulación. Eso explica que, España, con un paupérrimo parque público del 1,6%, necesite casi 1,4 millones más de viviendas para alcanzar la media europea del 9,3%. Claro que si alguien en el PSOE admite alegremente todo esto acaba despedido, como le ocurrió al exministro Ábalos.

El resultado de esas políticas es alarmante, y ha dado lugar a eso que Carmona llama “rentismo popular”. En tan solo una década, en España ha aumentado un 57,5% el número de hogares que recibió algún ingreso por alquiler de propiedades. Se dan fenómenos grotescos, como el de pequeños propietarios que ponen en alquiler una vivienda para pagarse la hipoteca de otra. Por si fuera poco, se ha convertido en habitual que, además, mediante artimañas de todo tipo, incumplan la ley y expulsen a sus inquilinos durante los meses de verano para destinar las viviendas a alquileres vacacionales.

En suma, “los hogares inquilinos son aquellos con menor renta del país, frente a los hogares de caseros, que son los de mayor renta”. Es una de las conclusiones que arroja un estudio de La Hidra Cooperativa, entre otras. Destaca igualmente que el mercado de arrendamiento está en manos de caseros que tienen dos o más viviendas alquiladas y que se trata de los hogares con mayor renta del país. También que una regulación de los precios de los alquileres afectaría casi de manera única “a un selecto grupo, que representan al 25,56% de todos los caseros, pero ingresan el 56,01% de todas las rentas por alquiler del país”. Por eso, “no puede anteponerse razonablemente a una política que beneficiaría de forma sustancial a una población inquilina que es mucho mayor, mucho más empobrecida, y que no tiene el derecho a la vivienda garantizado”.

Los efectos de la propia construcción, sumados a los recursos que precisan las nuevas zonas urbanizadas, agravan la sequía y se contradicen frontalmente con cualquier política para frenar el cambio climático

Frente a esta calamitosa situación, una de las propuestas electoralistas del PSOE pasa por acrecentar los efectos del calentamiento global. De las 183.000 viviendas para alquileres asequibles que ha prometido Pedro Sánchez, solo una pequeña parte proviene de fondos buitres, de pisos desocupados o de la Sareb, cuando, según el INE, España tiene 500.000 viviendas vacías. Por el contrario, mientras en abril alcanzamos los 40 grados, Sánchez anuncia la construcción de decenas de miles de viviendas. La mitad de los materiales empleados en construcción proceden de la corteza terrestre y generan al año en la Unión Europea millones de toneladas de residuos, que además apenas se reciclan.

Los efectos de la propia construcción, sumados a los recursos que precisan las nuevas zonas urbanizadas, agravan la sequía y se contradicen frontalmente con cualquier política para frenar el cambio climático.

El PSOE siempre pone a prueba mi ingenuidad, porque en cada campaña me digo que no logrará batir su propio récord de hipocresía, e invariablemente me equivoco. La cara de Sánchez, sí, es del mismo hormigón armado del que pretende llenar algunos terrenos públicos.