Un Mar Menor en Andalucía

Los tres males que aquí al lado, en la Región de Murcia, han acabado con la vida del Mar Menor, los padecemos en Andalucía: urbanismo depredador, agricultura intensiva a base e fertilizantes pestíferos e inacción institucional. El ejemplo más claro lo tenemos en la ría de Huelva. Los vertidos de millones de metros cúbicos de fosfoyesos procedentes de la actividad que durante cuatro décadas desarrolló la empresa Fertiberia han sido catalogados por el Parlamento Europeo como el caso más grave de contaminación industrial del continente. La permisividad de los distintos gobiernos con los vertidos, que no cesan, explican buena parte de este desastre.

En cuanto al urbanismo depredador, del que en la Costa del Sol sabemos mucho, cabe destacar el de la propia capital. En Málaga, el gobierno del PP ha dado luz verde, a falta de una serie de trámites dependientes del ejecutivo central, a la construcción de un hotel-rascacielos de fondo catarí en un dársena del puerto, lo que supondría otro golpe irreversible a la muy castigada bahía.

Construir un rascacielos de 150 metros supone el uso de ingentes cantidades de recursos y materias primas no renovables, la continua incineración de plásticos y neumáticos para la fabricación de cemento, además de la extracción de áridos y otros materiales en canteras. Tengamos en cuenta que la construcción es la responsable del 35% de las emisiones de efecto invernadero.

El impacto medioambiental del turista de lujo, al que va destinado este hotel, es ocho veces mayor que el del un ciudadano medio, pues este tipo de infraestructuras se caracterizan por su ineficiencia energética e imposibilidad de abastecimiento por energías renovables, uso de vehículos de alta cilindrada (el proyecto del hotel cuenta con un párking para 500 vehículos), derroche de agua, imposibilidad de su depuración y reutilización, a lo que se añade el aumento de residuos difícilmente reciclables.

Vertidos ilegales

En Málaga capital, por ende, las aguas residuales de buena parte de la ciudad se vierten directamente a sus playas, lo que supone no sólo un problema medioambiental, sino también de salud pública.

En Andalucía se incumple de manera flagrante la Directiva Marco del Agua, por la que Europa establecía el período de 2000 a 2016 para alcanzar el “vertido cero”. El primer incumplimiento detectado, en 2011, le ha supuesto a España una multa de 22 millones de euros, con el mayor número de municipios infractores en Andalucía, y más en concreto en Málaga. De momento, no hay previsiones de mejora a corto plazo.

El Gobierno de Sánchez ha tratado de maquillar la desastrosa política medioambiental española, de la que las toneladas de peces muertos en el Mar Menor son sólo el último ejemplo, con la creación del Ministerio de Transición Ecológica. La piedra angular de esa supuesta transición sería la energía fotovoltaica, y en ella se basan los ambiciosas planes, o más bien ilusorios, de ese Ministerio, que se marca como fecha clave 2030. En este artículo de Emmanuel Rodríguez se explica bien por qué parece un plan poco probable, toda vez que “las renovables se han vuelto excesivamente baratas como para generar un ciclo industrial con efectos económicos generales”.

Lo peor es la demagogia que, con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, vamos a sufrir. Volveremos a oír expresiones como transición ecológica, empleo verde, green deal, incluso veremos a alguna Greta Thunberg patria recorriendo platós televisivos y concitando el aplauso unánime. Mientras tanto, seguirán boqueando los pocos peces vivos del Mar Menor, y esperemos que las corrientes no les traigan hacia Málaga, porque entre proclama y proclama contra el cambio climático, el rascacielos en plena dársena también acabará con el hábitat marino. Eso sí, las multas a del Tribunal Europeo las pagaremos religiosamente.