Violaciones de derechos humanos en Argelia: país de origen, tránsito y destino

Con sus más de 6.300 kms de fronteras que lo separan de siete países diferentes y su proximidad a Europa, Argelia se encuentra en una posición geográfica estratégica para los subsaharianos que emprenden el proceso migratorio hacia Europa. Además, dadas las condiciones económicas y políticas del país, Argelia ve a sus jóvenes marcharse, la mayoría por vías irregulares. Por lo tanto, como país de origen, de tránsito y de destino, se está convirtiendo en un espacio decisivo en los flujos migratorios mundiales.

A pesar de ello, son insuficientes los estudios que analizan la situación de los inmigrantes en Argelia. Como denominador común en estos escasos trabajos, todavía insuficientes, encontramos la denuncia de graves violaciones de los derechos de inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y/o víctimas de trata.

Con la intención de ir cubriendo este vacío, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) hacemos público este miércoles 29 de octubre el informe 'Argelia: país de origen, tránsito y destino. Violaciones de derechos humanos' en el que presentamos las principales características de la realidad argelina en relación a los derechos de los inmigrantes y refugiados subsaharianos que llegan a Argelia y de los propios argelinos que deciden emigrar de manera irregular, analizando su situación dentro de Argelia y una vez llegados a España.

En ambos casos se registran violaciones severas de los derechos humanos: falta de acceso a los bienes básicos; agresiones físicas y/o psicológicas por la parte de la policía argelina y de grupos criminales organizados; deportaciones ilícitas; desprotección de los refugiados, solicitantes de asilo y víctimas de trata…

En Argelia, la inmigración por vías irregulares es considerada un delito que se castiga con una pena de prisión de entre seis meses y dos años y una multa de entre 100 y 300 euros. Además, no existe un sistema de protección de los refugiados o solicitantes de asilo. Aunque la Oficina Argelina para los Refugiados y Apátridas (BAPRA) fue creada en 1963 y Argelia ha firmado varios convenios internacionales de derechos de ambos grupos, en la práctica prevalece una grave falta de reconocimiento de estos estatutos.

Son numerosos los refugiados que, aun teniendo el estatus adecuado por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), o no son reconocidos por la BAPRA o, por distintas circunstancias, no tienen acceso a las oficinas de ACNUR. Se quedan así sin ninguna protección y se convierten en inmigrantes irregulares, por lo que se arriesgan a ser detenidos, rechazados e incluso expulsados.

Respecto a la emigración autóctona, el Código Penal argelino permite condenar a los 'harragas' (nombre que reciben los emigrantes irregulares) a una pena de 2 a 6 meses de cárcel y a una multa de entre 200 y 600 euros. Para los menores las medidas son más duras aún. Y todo ello a pesar de que el artículo 44 de la Constitución argelina dispone que cualquier ciudadano tiene derecho a salir y a entrar en el país, así como a elegir libremente su lugar de residencia.

Con este informe queremos hacer visible la necesidad de que Argelia elabore urgentemente una legislación nacional de acuerdo con los convenios y declaraciones internacionales de los derechos humanos que ha suscrito y, una vez más, pedimos un cambio radical de las políticas migratorias de la Unión Europea, donde, con el único objetivo de proteger sus fronteras a cualquier precio, se presiona a los países del Magreb y se exige, apoya y tolera la represión y vulneración de los derechos de las personas migrantes.