Que en nuestro país la Justicia no tiene el papel relevante que debiera no es una revelación, es una obviedad. Somos muchos los profesionales que llevamos años reivindicando, a los distintos Gobiernos centrales y autonómicos, el papel que se merece en su condición de poder del Estado.
Asimismo, tampoco es todo lo popular que debiera. En la última comparecencia del Presidente del TSJA en el Parlamento Andaluz, se puso de manifiesto la alarmante cifra de españoles que no confían en nuestro sistema judicial. Tampoco, desgraciadamente, se encuentra en el centro de las inquietudes reformistas que recorren el país. Sin embargo, actúa como fundamento de toda sociedad democrática, proporcionándole el equilibrio, la paz y la cohesión social que necesita.
¿Qué diferencia a la Administración de Justicia del resto de Administraciones? ¿Qué intereses se ocultan tras su gestión ineficiente por parte de los distintos Gobiernos? ¿Por qué es la Justicia la Administración del Estado condenada al olvido?
La ciudadanía de este país no ha podido más que resignarse a ver cada día, una y otra vez, cómo sus políticos actuaban con una desvergonzada dejadez en este ámbito. Tan sólo le ha quedado soportar a estos culpables que, por acción u omisión, faltaron al deber de liderar las transformaciones demandadas, la agenda de reformas que el país requiere. Nos hemos acostumbrado inevitablemente a que el Ejecutivo aspire de forma constante a controlar la Justicia, intentando condicionar la labor de sus trabajadores o frenando la tan reclamada y necesaria modernización. A todo ello hay que añadir los efectos de la crisis, el deterioro institucional vivido de manera drástica en España y, en concreto, en Andalucía.
Este panorama desolador no debe causar ninguna sorpresa si se repasan las políticas que nos han traído hasta él. Durante los últimos cuatro años, el PP se ha servido de la mayoría absoluta para elaborar leyes que atentan contra los derechos fundamentales, actuaciones que denotan una enorme falta de voluntad por hacer que la Justicia funcione: la Ley Mordaza restringe el derecho de manifestación; la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal constreñía en plazos imposibles la instrucción de casos, de nuevo otra modificación a una Ley que data de 1882, una ley que ha sido permanentemente parcheada sin que haya habido un solo Gobierno que haya tenido la decencia de promulgar una nueva, ajustando el procedimiento penal al siglo XXI; la reforma de la justicia universal impide juzgar violaciones de los Derechos Humanos, y, además, han subido las tasas de forma indiscriminada como filtro económico al acceso a la Justicia, vulnerando con ello el derecho fundamental recogido en el art. 24 de la Constitución Española.
En Andalucía, a las carencias históricas que arrastra el poder judicial se suman las surgidas en los últimos años, caracterizados por recortes presupuestarios, escasez de medios e inmuebles envejecidos, deteriorados y en su amplia mayoría, arrendados. El colectivo de funcionarios públicos de Justicia ha sido ignorado por las distintas administraciones y se ha enfrentado a recortes de personal abusivos, falta de dotación en las plantillas y distintas supresiones salariales; y a pesar de ello, denotando su nivel de concienciación y responsabilidad con el puesto que desempeñan, han impedido que afectara negativamente a la prestación de este servicio esencial para la ciudadanía.
Las condiciones de trabajo en la Administración de Justicia en Andalucía están muy alejadas de las tesis del Gobierno andaluz. Podría decirse, sin faltar a la verdad, que Andalucía no tiene la Justicia que necesita por culpa de Gobiernos socialistas de un perfil muy bajo, que tan solo han destacado por la implantación de una cultura corrupta de lo público que bien podríamos calificar de saqueo sistematizado e institucionalizado. No olvidaremos los ERE, los cursos de formación, los Fondos Jeremie o el Caso Invercaria.
La concepción de lo público, el compromiso con la consecución del bienestar social y la corrección de las desigualdades son tres valores primordiales para lograr que la gente vuelva a confiar en las instituciones. En el caso de la Justicia, los elementos clave pasan por dotarla de medios, despolitizarla y mejorar las condiciones de vida de los y las profesionales que prestan el servicio.
Son conocidas las medidas que pueden servir de base para modernizar la Administración de Justicia en Andalucía; sin embargo, el sistema, en nuestro país y en nuestra región, ha sido diseñado para debilitar sus garantías. Así ha sido denunciado reiteradamente, incluso por tribunales internacionales. Unos pocos salen beneficiados de esta impunidad y este proceso de politización del poder judicial. De hecho, diversos estudios confirman que los españoles achacan su falta de confianza en la Justicia a dos motivos principales: la presión política y las interferencias o presiones económicas. Comparto esta preocupación, y del mismo modo comprendo a Francisco de Quevedo cuando decía en el Siglo de Oro, con su agudeza personal, que “donde hay poca justicia es un peligro tener razón”. Mientras los partidos que nos llevaron al desastre continúen en el poder, actuando con esta voluntad deshonesta, jugamos en desventaja. Pero todavía hay mucho en juego.
Como funcionaria de Justicia y portavoz del grupo parlamentario de Podemos Andalucía en la comisión de Justicia e Interior, sigo recibiendo las demandas y necesidades de tan importante sector de la sociedad. Entre nuestros principales objetivos, se encuentran la protección integral de las víctimas de violencia machista, la recuperación de derechos laborales y salariales de los funcionarios, la dotación de medios humanos y técnicos, la digitalización de la Justicia, la ubicación de las sedes judiciales en edificios de titularidad pública para reducir el gasto ridículo que realiza la Junta en arrendamientos, la mejora de la Justicia juvenil, el aumento de las retribuciones que perciben los profesionales que realizan el turno de Oficio y el fortalecimiento del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Este último es un servicio imprescindible, destinado a cada persona sin importar su situación económica, estatus o poder. Nuestra voluntad ha sido, desde el primer día, atender a los colectivos más vulnerables y “amurallar” la independencia judicial, en detrimento de otras fuerzas políticas que no encuentran obstáculo para contaminarla. En el horizonte contemplamos, como un requisito imprescindible, un incremento de recursos y una reorganización del sistema que permita forjar un nuevo modelo más sostenible.
Queremos una Justicia eficiente, moderna, activa y de extrema calidad. No debemos dejar de lado los valores que fundamentan nuestras sociedades democráticas, como ciudadanos de este país debemos exigir que se atiendan estas necesidades. La Justicia es la encargada de defendernos; y, a la vez, desde el respeto a este poder del Estado, la ciudadanía es la única capaz de construir un país mejor, un país del que sentirse orgulloso. Sin justicia no hay presente para España, y tampoco habrá futuro; en nuestras manos se encuentra la posibilidad de invertir el rumbo de esta historia.
Sobre este blog
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