La Fiscalía del Estado denuncia el número “inatendible” de menores migrantes en Andalucía y pide un reparto “solidario”

La Fiscalía General del Estado es partidaria de que las comunidades autónomas “se pongan de acuerdo” para “distribuir solidariamente” a los menores extranjeros no acompañados que tutelan actualmente en números “inatendibles” algunas administraciones como “las de las ciudades autónomas [de Ceuta y Melilla] y otras andaluzas”, informa Europa Press.

Andalucía es la principal puerta de entrada irregular de inmigrantes en la península y la comunidad que, en el mayor pico de afluencia de pateras en las costas [verano de 2018] llegó a acoger a más del 50% de los menores migrantes del país. La mayoría de las regiones desoyeron la llamada del Gobierno central para compartir solidariamente la tutela de estos niños, lo que habría ayudado a descongestionar los centros de acogida en Andalucía. La Junta tutela en la actualidad a 2.176 menores extranjeros no acompañados, según datos de la Consejería de Igualdad a 30 de noviembre.

El fiscal de Sala Coordinador de Menores de la Fiscalía General del Estado, José Javier Huete, ha defendido en Ceuta durante unas jornadas formativas organizadas por el Colegio de Abogados local que “hay que analizar quién tiene que hacerse cargo de ellos porque no es razonable que se concentren en territorios donde por volumen son inatendibles”. “Tener a 500 chicos en un centro no es algo operativo porque no se les puede dar formación ni prepararlos para un recurso posterior”, ha dejado claro antes de pronunciar una conferencia titulada 'El Procedimiento de Menores, Especialidades, Medidas Cautelares, trámite de audiencia y Ejecución de Medidas' en una ciudad cuyo Gobierno regional tutela actualmente a 454 jóvenes foráneos con menos de 18 años, un máximo histórico. Se calcula que otros 300 sobreviven en las calles, sobre todo en la zona portuaria. “Desbordado”, el Ejecutivo local que preside Juan Vivas (PP) ha lanzado una “llamada de socorro” al Estado.

La Fiscalía General del Estado coincide en que lo que procede es “poner de acuerdo a la Comisión Interautonómica de turno para la distribución de estos chicos en base a la solidaridad y que quienes no tienen este problema ahora colaboren en la solución del que padecen Ceuta, Melilla y algunas ciudades andaluzas”.

Huete también se ha posicionado contra la estigmatización de los niños y adolescentes migrantes solos. “A mí --ha advertido en declaraciones a los medios-- el término MENA no me parece muy adecuado porque se usa incluso de forma despectiva: son menores migrantes que no tienen un adulto de referencia al llegar al territorio nacional y a los que el Estado se ha obligado legalmente a darles tratamiento asistencial de protección”.

“No se les tiene que vincular con delitos por ser menores migrantes” y “no se les puede cuestionar porque reciban atención como cualquier menor español que se quede sin un adulto de referencia protector”, ha subrayado. “Hacerlo es caro, sí, es un problema en época de crisis, pero hay que recuperarlos, formarlos, educarlos y darles un futuro porque para eso nos hemos obligado con nuestra legislación”, ha indicado.

El fiscal coordinador de Menores cree que “en el tema de los jóvenes migrantes no acompañados lo que hay que hacer es sacarlos del foco mediático: no pueden ser el centro de atención que determine cuál es la intervención del Estado porque ya está establecida. Que cambien la ley si quieren”, ha dicho, “pero que afronten que ello iría en contra de las indicaciones de la ONU y de la Convención de Derechos del Niño”.

Sobre la delincuencia juvenil en términos generales, el fiscal ha reconocido que “hay elementos muy preocupantes como el hecho de que los tipos delictivos vinculados a la violencia están creciendo: repuntan los robos con violencia, las lesiones, las agresiones sexuales y, fundamentalmente, la violencia filioparental”. No obstante, ha valorado los avances conseguidos durante los últimos años con reformas legales, tanto en materia de protección como de reforma.

Menos recursos del Estado

El pasado septiembre, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social comunicó por escrito al Gobierno andaluz que no renovará la “financiación extraordinaria” que destinó el año pasado a las comunidades para atender la llegada de menores extranjeros no acompañados, porque “la situación en este año 2019 no presenta la excepcionalidad que revistió el año pasado en que se produjo un incremento del 115% respecto al año anterior”.

La consejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz, sacó a relucir esa respuesta del Ministerio el pasado noviembre, para acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber retirado la financiación extra de 27,6 millones de euros que concedió a Andalucía el año pasado para atender a la población de menores migrantes ante el aumento de la llegada en pateras a las costas españolas. Los recursos extra desaparecen, pero la necesidad no, lamentan en la Junta: Igualdad mantiene 1.389 plazas para atender a estos niños y ahora tendrá que hacerlo con recursos propios, sin apoyo del Gobierno central.

En septiembre de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez distribuyó entre las comunidades 40 millones de euros para mejorar la atención de los menores extranjeros no acompañados. Una de las condiciones para recibir el dinero era favorecer la redistribución de estos menores entre comunidades, ya que más del 50% se quedaba bajo tutela de la Junta de Andalucía. Fue una medida extraordinaria ante la situación de colapso que vivieron algunas regiones ese verano: se registraron oficialmente más de 10.100 niños extranjeros que llegaron solos, sin la compañía de un adulto (un 75% más que en 2017). Andalucía era responsable de más de 4.000 niños, de ahí que acaparase el grueso de las ayudas: 25,5 millones de euros de los 38 millones repartidos en la primera entrega (otros dos millones de reserva se distribuyeron más adelante).

Tras el verano de 2019, la Junta de Andalucía solicitó por escrito al Ministerio una renovación de los fondos extraordinarios porque, si bien el ritmo de llegadas en pateras a través del Estrecho había disminuido, las plazas creadas para atender a la población de menores migrantes seguían estando ocupadas. El Ejecutivo se negó: “Este Gobierno es consciente de las dificultades que atraviesan determinadas comunidades ante el importante aumento en las llegadas de menores extranjeros no acompañados, así como de la obligación de proporcionarles una atención adecuada”, reza la carta del Ministerio. No obstante, continúa, “lamento informarle que sobre aplicación presupuestaria de este Ministerio que permitió la concesión de subvenciones directas por importe de 40 millones de euros para complementar los recursos de los que disponen las entidades públicas de protección de menores de las comunidades que recibieron un gran número de menores extranjeros no acompañados a o largo de 2018, los últimos datos del Registro MENA para 2019 no presentan esa excepcionalidad del año pasado”.