Un juzgado investiga una querella contra la número dos de Moreno Bonilla en el PP por presunto fraude y malversación

Un juzgado de Instrucción de Huelva ha admitido parcialmente a trámite una querella dirigida contra la número dos del PP de Andalucía, Loles López, por un presunto delito de fraude en la contratación pública y malversación cuando era alcaldesa de la localidad de Valverde del Camino. La secretaria general del PP-A es diputada y, por lo tanto, aforada, por lo que si el juzgado corroborara la posible comisión del delito, el caso lo estudiaría en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El caso se remonta al 16 de julio de 2012 cuando López contrató, en nombre del Ayuntamiento que entonces dirigía, los servicios de un despacho de abogados con el objeto de iniciar un proceso concursal de la sociedad mercantil Gestora de Infraestructuras de Valverde del Camino, S.A. (GIVSA), de objeto y capital

público, íntegramente suscrito por el Ayuntamiento de Valverde del Camino.

De todos los delitos que el exalcalde de Valverde Miguel Ángel Domínguez y el exconcejal Francisco Rodríguez, ambos del PSOE, que presentaron la querella hace ahora un año, el juzgado solo atiende solamente a analizar el contrato de arrendamiento de servicios firmado al objeto de iniciar el proceso concursal de la sociedad pública, por el cual el Ayuntamiento abonó al despacho de abogados un importe total, IVA incluido, de 36.300 euros.

Los querellantes argumentaron que en la elaboración del contrato no tuvo ninguna intervención el departamento de contratación del Ayuntamiento, sin tramitarse ningún expediente administrativo previo de contratación y, sin que existiera, fecha de contratación, consignación presupuestaria para esta, “montando” un expediente falso para los archivos municipales.

“Venganza política”

El juzgado, en este punto, considera que “pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delito de fraude en la contratación pública, y/o malversación, reuniendo la querella los requisitos que establece el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede su admisión a trámite y la incoación de diligencias previas, así como la práctica de las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias”.

Asimismo, el juzgado ordena dar el correspondiente parte al Ministerio Fiscal, requiriendo al secretario del Ayuntamiento de Valverde del Camino para que, en el ejercicio de sus funciones, certifique el procedimiento y normativa aplicable en la contratación efectuada por López.

Acerca de este asunto, fuentes del PP andaluz han comentado a este periódico que el caso “tiene que ver con una venganza política” del antiguo alcalde socialista, “denunciado por el uso de tarjetas de crédito en prostíbulo y otras lindezas”, que tiene una causa pendiente por otro asunto de la empresa de vivienda que dejó unos 17 millones de euros“ y que ”decidió denunciar a Loles cuando era alcaldesa por una serie de cuestiones“.

En ese sentido señalan que en una querella anterior hizo 14 acusaciones “que ya fueron archivadas” pero “para mantener el tema vivo presentó otra con una cuestión nueva”, precisamente la que ahora admite el juzgado. “Como la juez no tiene la documentación de esa contratación, lo que hace es pedirla y ver si el asunto sigue adelante o no”. Los populares anuncian que López recurrirá el auto para presentar la documentación en el juzgado, confiando en el archivo de las actuaciones porque todo fue “normal y corriente”, “igual que se archivaron las 14 denuncias anteriores”.

Susana Díaz, en la sesión de control de este jueves, ha aprovechado precisamente para criticar la reforma “express” del Estatuto de Autonomía que quieren impulsar PP-A y Ciudadanos para suprimir los aforamientos en la comunidad. Y ha querido dejar clara que ella es partidaria de la eliminación de los aforamientos, pero que es algo que se debe abordar a nivel nacional, preguntando a Moreno Bonilla que si considera que los aforamientos son un “privilegio”, si en un “futuro próximo, algún miembro de su grupo parlamentario se ve en la tesitura de beneficiarse de tan inaceptable privilegio, le obligará que dimita del escaño o le permitirá que acuda al TSJA por su calidad de aforado”.