Videovigilancia

La polémica por la vigilancia callejera con cámaras renace con 30 instaladas en las calles de Lepe

El fino hilo entre preservar la seguridad en las calles y mantener el derecho a la intimidad de los ciudadanos ha vuelto a salir a la luz tras anunciar el Ayuntamiento de Lepe, en la costa de Huelva, que el pueblo cuenta ya con 30 cámaras que vigilan determinadas zonas en “prevención de sucesos” o bien para intentar identificar a los culpables si fuese necesario.

Como siempre ocurre cuando se pone en marcha una iniciativa como esta, las voces a favor y en contra casi son del 50 %. El abogado Fernando Osuna sostiene que la Constitución y las sucesivas leyes aprobadas desde 1978 tienen tantos factores a favor como en contra de la iniciativa. La portavoz del PSOE y candidata a la alcaldía, Bella Canales -en Lepe gobierna el PP con mayoría absoluta- no entra en el fondo legal, pero sí entiende que se trata de una “maniobra” del equipo de Gobierno para esconder los problemas que tiene para mantener su plantilla de Policía Local.

Más de 70.000 personas en verano

Todo arranca con el anuncio del alcalde de Lepe, Juan Manuel González, acompañado de la teniente de alcalde delegada de Seguridad Ciudadana, Mariana Otero, y del jefe de la Policía Local de Lepe, Moisés Beltrán, sobre la puesta en marcha el sistema de videocámaras en vía pública para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico en Lepe.

Según explicó el alcalde, la población lepera está experimentando gran crecimiento, con una población estacional que llega incluso a superar los 70.000 habitantes en verano e incrementándose igualmente el parque de vehículos, “lo que hace necesaria una mayor cantidad de infraestructuras que mejoren la seguridad ciudadana”.

Este nuevo sistema está formado por 30 cámaras distribuidas en diferentes localizaciones de la ciudad, con especial atención a todas las entradas y salidas de la población, “con la finalidad de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones”.

Por ubicaciones, hay cuatro flanqueando el edificio principal del Ayuntamiento en la Plaza de España, seis en las entradas y salidas del municipio y 20 en distintos puntos del casco urbano (todos los barrios y polígonos industriales). Aunque el alcalde justifica esta medida para controlar el aumento poblacional en verano, todas las cámaras se han concentrado en el núcleo urbano principal del pueblo y no en sus zonas turísticas.

“Equilibrio entre la intimidad y la vigilancia”

El abogado sevillano Fernando Osuna explica a elDiario.es Andalucia que son muchos los matices legales que se pueden encontrar a la hora de analizar este asunto, y se detiene, por ejemplo, “en el artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho a la intimidad, porque si te graban en la calle eso puede incidir en tu intimidad como persona”, aunque en la misma Carta Magna, su artículo 15 garantiza “la integridad física de las personas, citando que cualquiera debe estar protegida, y hay que evitar daño alguno, o al menos disuadir”. Sin salir de la Constitución, el artículo 33 garantiza la “protección de la propiedad”, otro punto a favor de las cámaras.

El mismo letrado se dirige a la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, “que regula todo lo relacionado con la vigilancia y vídeoviglancia de lugares públicos”, o a la de Protección de Datos de 2018, que establece “el equilibrio entre el derecho de las personas a su intimidad, pero ese derecho decae en un interés superior, como es la seguridad en las ciudades, los bienes y las propiedades”.

Otro matiz legal es la Instrucción 1/2006 de la Agencia de Protección de Datos, “que regula todo el funcionamiento de colocación de cámaras y lo que le rodea”, y muestra que “el equilibrio que hay que tener en cuenta entre la intimidad y la protección está en la seguridad de las personas, propiedades y lugares”, aunque el letrado cita que “lo importante es usar el sentido común, y si en una calle hay mucha vigilancia sin necesidad de cámaras no hay necesidad de colocarlas. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, robar un bolso delante de una comisaría de Policía, de modo que en esa calle no sería necesario ponerla”.

Sí incide este abogado en que es indispensable “una autorización administrativa para poner en marcha este tipo de vigilancia, ya sea por parte de un Ayuntamiento o por personas a título privado”. En el caso de las cámaras que vigilan el casco urbano de Lepe, por ejemplo, para que se pongan en marcha tienen que contar previamente con una autorización de la Subdelegación del Gobierno en Huelva.

“Se quiere tapar el conflicto con la Policía”

Legislación aparte, la portavoz del PSOE en esta localidad y candidata a la reelección, Bella Canales, cree que la activación de estas cámaras, por encima de la necesidad de vigilar las calles, “quiere tapar el conflicto que el Ayuntamiento mantiene con la Policía Local”, en un pueblo en el que, asegura, “los policías se están marchando a otros sitios a trabajar en protesta con la forma de gestionar el cuerpo”, ya que “el actual jefe de la Policía que designó el alcalde no es aceptado por los agentes, y al 90 % de ellos no les gusta su forma de trabajar”.

Canales critica que el anuncio de la puesta en marcha de estas cámaras “nos coge de sorpresa, porque nada se había dicho en el Pleno ni se comentó a los portavoces de la oposición”, y recuerda que su grupo ha pedido en varias ocasiones que se tomen medidas ante el aumento de la delincuencia en el municipio, “y la respuesta es implantar unas cámaras que poco van a hacer”, en una localidad en la que, según señala, han subido los robos con intimidación y los delitos sexuales.

“Todo eso solapa el gran problema de la Policía, con un conflicto interno que hace que los policías pidan traslados”, mediante comisiones de servicio que, en algunos casos se les han negado a los agentes, “y, al final, nos estamos quedando sin plantilla policial”, con agentes que ya ejercen en ciudades como Ceuta, Isla Cristina o Cartaya.

En una localidad con un censo oficial que roza los 28.000 habitantes, Bella Canales asegura que “actualmente solo hay dos policías por turno”, y entiende que todo esto es más urgente a la hora de solucionarlo que ubicar más cámaras de vigilancia en las calles.