El juez rechaza citar como testigo al consejero de Educación por las facturas falsas de UGT-A

El juez de Sevilla que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas ha rechazado la petición realizada por la acusación que ejerce UPyD para que citara a declarar como testigo al consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso.

Por medio de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, rechaza la petición realizada por UPyD, que solicitó la declaración de Alonso al considerar que de su departamento depende la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, “quien debía supervisar la gestión y destino de los fondos subvencionados”.

El instructor también rechaza el resto de diligencias interesadas por UPyD, que solicitó la declaración como testigos de los exconsejeros de Empleo Manuel Recio y Antonio Fernández; del director general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate; de sus antecesores en el cargo, como son Andrés Sánchez, Teresa Florido y María José Lara, y de Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional.

El juez considera que “no ha lugar a las diligencias interesadas, debiendo estarse al resultado de la instrucción pendiente; y ello a la vista del concreto objeto de las presentes actuaciones”, como es el “presunto desvío y utilización fraudulenta por la entidad UGT-A de determinados fondos recibidos de la administración pública para acciones formativas”.

Además, el magistrado hace alusión a dos procedimientos que instruye la juez Mercedes Alaya, uno de ellos referente a las presuntas irregularidades en relación a las ayudas a cursos de formación y subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a sindicatos y otras entidades, y señala que “será en estos dos procedimientos donde la parte habrá de interesar, en su caso, lo pertinente por los hechos que describe en su escrito” de 25 de julio.

En este escrito, UPyD --al igual que hizo Manos Limpias-- también se opuso a la personación en la causa de la Junta en calidad de 'perjudicada' por entender que la Administración autonómica “habría desempeñado un papel clave y activo en la trama delictiva que se investiga”, por lo que “debieran ordenarse las imputaciones que correspondan de aquellas personas responsables de la gestión de los fondos presuntamente defraudados”. No obstante, y mediante una providencia dictada el pasado mes de agosto, el magistrado aceptó la personación de la Junta.