IU propone para el modelo de financiación blindar los servicios públicos con suelos de inversión

IU ha registrado este lunes su propuesta para el grupo de trabajo creado en el Parlamento de Andalucía para buscar un posicionamiento común de la comunidad autónoma de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación, que debe sustituir a un sistema pensado para el periodo entre 2009 y 2014, que si no se reforma en un año, tendrá una prórroga tan larga como su vigencia, mientras que los territorios fuera del régimen general (País Vasco y Navarra) ya han resuelto la cuestión. Por eso, desde Andalucía se quiere impulsar el cambio.

En el documento de IU, con 125 consideraciones, hay muchas coincidencias con el PSOE. En las premisas generales, como son la necesidad de garantizar en igualdad los servicios públicos en todas las comunidades autónomas y desvincular la financiación de la capacidad tributaria de los territorios, y también en lo concreto.

Cinco consideraciones novedosas

Pero también hay cuestiones que plantea la coalición de izquierdas que suponen una clara diferencia y/o aportaciones novedosas. Éstas son las principales:

Para garantizar los servicios públicos, IU propone que el cálculo del coste de los mismos se fije con uno porcentajes mínimos de inversión que revelen la voluntad de su “blindaje”: el 5% del PIB en el presupuesto de educación, el 7% el de sanidad y el 2 % para el de dependencia y servicios sociales, sin incluir la renta mínima de inserción.

IU exige la derogación del artículo 135 de la Constitución Española, “que consagró el principio de estabilidad presupuestaria [...] por encima de los servicios públicos”, gracia a los votos de PSOE y PP en el Congreso de los Diputados. En su lugar, aboga por la armonización de prioridades y equilibrios presupuestarios con el blindaje de los servicios públicos desde la lealtad institucional entre los diferentes niveles de administración (estatal, autonómica y local).

No sólo eso, IU quiere también la derogación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y su sustitución por un desarrollo de nuevo marco de equilibrio presupuestario, nivelación horizontal, eliminación de la regla de gasto y conceptualización de suficiencia y blindaje de servicios públicos fundamentales.

Por otra parte, IU recuerda que los sistemas forales vasco y navarro se sitúan al margen del régimen general de financiación, lo que no debe impedir que participen de los mecanismos de solidaridad interterritorial para avanzar en la reducción de las desigualdades.

En quinto lugar, hace incidencia en la defensa del federalismo. Frente a “un centralismo o confederalidad que no garantizan la igualdad de los territorios”, opta por un modelo de federalismo fiscal y de financiación que determine el cumplimento de los principios de equidad y suficiencia. “Necesariamente debe ir de la mano de una reforma del sistema fiscal (y financiero) del sector público”, abunda. En esta línea, apuesta por incluir la lucha contra el fraude fiscal y un rediseño de los tributos para lograr mayor progresividad y aumentar el tamaño de la cantidad a distribuir, sustituyendo un techo de gasto por un suelo de ingresos que garantice el cumplimiento de los servicios a que se obliga.

10 coincidencias, con matices, con el PSOE

Por lo demás, hay hasta 10 puntos que, con matices, son coincidentes con el PSOE: la necesidad de incrementar la participación en el IVA e impuestos especiales de las comunidades autónomas; la apuesta por una reforma del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF); que se quiten los copagos; el diagnóstico de insuficiencia del sistema para los servicios públicos; que se revise el cálculo de la población ajustada; que no se mantenga el statu quo, por el que los territorios mejor financiados conserven esos privilegios; la desaparición progresiva del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA); la visión de la corresponsabilidad fiscal; la idea de simplificar los fondos del futuro modelo; y la exigencia de lealtad institucional, entre otras cosas con la evaluación periódica del mismo.

Como recoge el PSOE en su documento, también es partidaria IU de incrementar los porcentajes de recaudación del IVA e impuestos especiales hacia el 75%.

La clave de bóveda se basa en calcular el coste de los servicios públicos fundamentales reconocidos en las competencias de los propios estatutos de autonomía. La formación insiste en que la crisis ha estallado en un modelo que ni ha garantizado un nivel equivalente de financiación de los mismos ni la suficiencia de recursos. Cifra dicha insuficiencia en 18.000 millones de euros, en lugar de 16.000 como el PSOE, y eleva a 5.000 (para los socialistas eran 4.000) la parte correspondiente a Andalucía.

Las dos formaciones hablan de la necesidad de matizar la exigencia de corresponsabilidad fiscal porque “ha exacerbado la competencia entre comunidades autónomas” desde 1997 en que el modelo les permitió modular la presión de los tributos cedidos. “Eso ha beneficiado a las rentas más elevadas [...] en una la guerra desatada entre regiones por atraer contribuyentes mediante el dumping fiscal”, subraya IU. La corresponsabilidad fiscal que se requiere “no puede ser equitativa si no se garantiza la compensación mediante transferencias a las comunidades autónomas con menos capacidad recaudatoria”. Por eso exige también reformas del sistema fiscal (y financiero) del sector público. También coincide con el PSOE cuando aboga por armonizar las bases en los tributos cedidos total o parcialmente.

Coinciden en la necesidad de abordar la cuestión de la población ajustada. IU insiste en que las variables usadas han hecho que las comunidades autónomas más pobladas hayan visto alejarse este porcentaje de su población real. Por ello, sentencia: “Dado este déficit y a la espera de ese análisis posiblemente lo más adecuado, sencillo y transparente es el de utilizar la población de derecho como indicador de necesidad”. Pese a que IU no se cierra a considerar propuestas de otros indicadores (como los que apunta el PSOE de población en edad escolar incluida universitaria, dependientes, tasa de paro y tasa de riesgo de pobreza y exclusión social) reitera en que la base es la población a la que hay que atender. Emplaza por ello a que cualquier negociación al respecto, si no se considera la deseada de población real, se haga en el marco del CPFF y resuelvan los parlamentos.

Mucho consenso también en la necesidad de cambiar el CPFF, que para IU ha tenido un carácter aparentemente confederal, y efectivamente centralista. Sugiere que desde el punto de vista organizativo debería dotarse de una estructura. En cuanto a su funcionamiento, debería darse más peso en la toma de decisiones a las comunidades autónomas y que el voto de estas tuviese carácter ponderado en función de la población y del peso del PIB.

IU también insiste en el riesgo de querer mantener el statu quo. En su opinión, el futuro modelo debería plantear un periodo transitorio dirigido a una adaptación de las mejor financiadas a una nueva realidad de convergencia y de corrección de las brechas con respecto a la financiación per cápita.

Quiere también la eliminación progresiva del FLA y el Plan de Pago a Proveedores, mecanismos que son incompatibles con el ejercicio de autogobierno. “Para evitar que estos fondos, de carácter coyuntural y extraordinario se cronifiquen y se pierdan márgenes de autonomía política y de corresponsabilidad fiscal”.

Como los socialistas, cree que hay que proceder a una simplificación de los fondos. Proponen dos generales: un fondo básico de financiación y otro de nivelación vertical de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas. Para garantizar la suficiencia en periodos de caída de ingresos, sugiere un fondo de estabilización similar como la reserva como de la Seguridad Social y la flexibilización del endeudamiento público que permita un mayor margen de maniobra a los territorios. Igualmente, y esto es novedoso, apuesta por la creación de un fondo de contribución a la economía de escala, para abordar la adquisición del pago farmacéutico.

Descarta, como el PSOE, “cualquier mecanismo de copago”.

En el apartado de lealtad institucional, también ve imprescindible la revisión parcial trienal del nuevo modelo. El PSOE proponía cinco años. En esta línea, IU también reprocha la falta de una evaluación del modelo en vigor por parte del Gobierno de España. “Sin esta valoración, cualquier intento de formulación de un sistema de financiación territorial asumible, equilibrado y estable invita a la melancolía y la insatisfacción”, apunta en su documento. Es más, critica que tampoco se hace en el informe de los expertos, “que ni ha realizado la más mínima propuesta sobre el volumen de recursos a movilizar o si se respetará el statu quo”.