La Junta de Andalucía insiste en que las parcelaciones especulativas quedan fuera de la flexibilización de la LOUA

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de ley por el que se modificará la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para permitir que puedan ser regularizadas viviendas ilegales que sean resultado de parcelaciones, cuestión que no se había pensado cuando en 2012 se aprobó un decreto de flexibilización previa de esta norma encaminado también a sacar de la ilegalidad estas construcciones en suelo no urbanizable. “Se pretende eliminar la desigualdad de trato de las edificaciones que se encuentran en parcelaciones y no podían beneficiarse del decreto”, ha enfatizado la consejera de Medioambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, que busca con ello “sacarlas de ese callejón jurídico sin salida”.

Esta vez se hace por anteproyecto de ley y por vía de urgencia, por lo que en mes y medio deberán estar todos los informes preceptivos y se espera que, tras su paso por el Parlamento de Andalucía, entre en vigor en unos cinco meses. En concreto, se ha aprobado la propuesta de modificación de tres artículos de la LOUA: el 185.2 que era el principal escollo para estas regularizaciones; el 68.2; y el 183.3, colateralmente.

Básicamente, el cambio supone diferenciar la parcelación -no prescribe- de la construcción -sí lo hace- a la hora de abordar estos casos, lo que en los términos actuales de la LOUA está ligado. De este modo, la consejera ha dicho que “no se suprime la imprescriptibilidad de los actos de parcelación”, porque es “una medida disuasoria clave”, pero se independiza de la construcción en sí. O sea, que para la restitución de la parcelación no hace falta que sean demolidas las edificaciones para las que ya haya expirado el plazo de seis años para meterles manos legalmente.

Hasta la fecha, son sólo son 271 -un tercio- los consistorios que han cumplido con la obligación, que establecía el decreto 2/2012 que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable, de presentar un avance de planeamiento donde se incluyeran las viviendas ilegales que podían acogerse a la medida o la declaración de innecesaridad si no había lugar en sus términos municipales. De esos, 173 son declaraciones de innecesaridad y el resto avances de planeamiento: 48 en trámite y 60 aprobados. Estos últimos están por tanto en condiciones de que el decreto se haga efectivo. Con este anteproyecto de ley se les da un plazo de dos para que lo hagan, o la Junta de Andalucía se encargará de ello.

De todas maneras, la consejera no ha facilitado la cifra de viviendas ilegales que suman esos avances de planeamiento porque “no la tenemos”. En cuanto a sobre en qué se basa la Junta de Andalucía para estimar que serán entre 20.000 y 25.000 las que se beneficien de esta nueva modificación de la LOUA, se ha remitido “a un trabajo desarrollado” de manera previa a ese decreto, pero no ha concretado ni el método ni las conclusiones.

Los límites previstos

La consejera ha insistido a que esta medida se dirige a edificaciones “aisladas” en parcelaciones “de pequeño tamaño” y destinadas a uso residencial, si bien no se contempla que tengan que ser primera vivienda. Son, en definitiva, construcciones que están en suelo no urbanizable pero no se les podía reconocer el régimen de AFO (asimilado a fuera de ordenación) que incluía el decreto, por pertenecer a parcelaciones.

No podrán acogerse a esta norma las viviendas ilegales de menos de seis años, porque no ha prescrito la posibilidad de emprender acciones para su demolición; las que se encuentren en suelo protegido o inundable; aquellas sobre las que ya pese un procedimiento administrativo o penal; y las que sean objeto de parcelaciones especulativas. ¿Cómo se sabe si son especulativas? Una de las claves está en la cifra, según la consejera, quien ha matizado que se está hablando de “parcelaciones pequeñas, de 3, 4, 5 o 6 partes”. De todas maneras, ha reconocido que no se pone un tope máximo porque habrá que ver la casuística de cada caso y que existen pautas para determinarlo. “Pero no habrá parcelaciones especulativas que puedan acogerse a esta modificación”, ha reiterado.

Sobre por qué IU ha respaldado ahora esta modificación a la que votó en contra cuando hace unas semanas el Parlamento de Andalucía aprobó la propuesta de resolución para instar a su redacción, no ha desvelado dónde ha estado la clave de la negociación. “No hemos cedido en nada. Lo que hemos hecho es dialogar”, ha replicado.

Sí ha dejado claro que la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio “nunca barajó la posibilidad de imprescriptibilidad de las parcelaciones”. Y no teme que este cambio tenga un efecto llamada. “Si alguien tiene la tentación de construir ahora, existe la obligación de impedirlo”, ha insistido, recordando que las competencias son de las administraciones locales. Y en este sentido, ha destacado que la modificación incluye “medidas nuevas para garantizar el acceso a la información”, en palabras de la consejera. Es decir, los municipios tendrán la obligación de informar a los ciudadanos sobre cualquier consulta que se haga en relación a terrenos en su término municipal y en el plazo de dos meses.

“No es una amnistía” y “vamos a regularizar y no a legalizar” han sido las frases que ha vuelto a reiterar la consejera para responder a los recelos que en determinados colectivos y sectores ha despertado esta decisión.