Propuestas para una democracia digital: de la 'wikilegislación’ a las urnas virtuales
La creciente desconfianza de la ciudadanía en la clase política está derivando en una mayor exigencia de participación, que se ha plasmado en un informe elaborado por el grupo Democracia Digital Andalucía (DDA) con 21 instrumentos, entre otros, la creación de la figura de Acción Legislativa Popular (ALP), el escaño 110, los presupuestos participativos autonómicos, un registro de participación ciudadana, e incluso el voto telemático. De este modo, se propone la instauración de mecanismos que permitan a la ciudadanía tanto la proposición como la votación de políticas, para que no pase como con la reciente Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, o con la que ya propuso el 15M en Andalucía, destinada a reformar la propia figura de las ILP, y que fue bloqueada.
El conocido como Informe DDA está siendo considerado dentro del borrador del anteproyecto de la Ley Andaluza de Participación Ciudadana, que estará listo a finales de mes. No obstante, desde la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales matizan que no todas las propuestas pueden ser elevadas porque algunas exigen la reforma de otras leyes, como es el caso de la implantación del voto telemático.
Este documento es resultado de meses de trabajo de este grupo impulsado por la Junta de Andalucía y encabezado por expertos en el uso de las nuevas tecnologías para la profundización democrática, que han abierto para ello un proceso de participación en todas las provincias. Para coordinar toda esta política, propone la creación del Gabinete Andaluz de Democracia Digital, y una de sus principales tareas sería la puesta en marcha de un portal destinado a la promoción de las herramientas y procesos de participación.
Una de las herramientas más ambiciosas es la citada ALP, que pretende cubrir las carencias que actualmente detectan en la ILP. “Podríamos decir que se nos prohíbe a los ciudadanos presentar propuestas de ley en las materias más importantes, que más nos repercuten, lo que consideramos un error, puesto que desincentiva la participación, además de ser una muestra de la falta de democracia que vivimos hoy en día”, subrayan desde esta plataforma. “Desde el grupo DDA entendemos que hay materias que pueden estar reservadas, por ejemplo, las relacionadas con la seguridad, las amparadas en leyes orgánicas como la de protección de datos o las referentes a secretos. Pero en ningún momento compartimos que se aleje a la ciudadanía de otras que nos influyen e interesan directamente, como las relacionadas con la política fiscal, económica o laboral”, agregan.
“Más allá del aumento de materias sobre las que poder iniciar una ALP, lo realmente novedoso de esta figura es la posibilidad de plantear una ILP, trabajarla desde la sociedad en red y aprobarla sin tener que contar necesariamente con el beneplácito de las administraciones o de los parlamentarios, toda vez que reciba un apoyo mayoritario, declarado y fidedignamente recogido (mediante firmas y votación directa), del conjunto de la población”, recalcan desde DDA.
Sin embargo, de nada sirve dotarse de los instrumentos necesarios si luego el ciudadano no hace uso de ellos. Baste el ejemplo de la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de regulación de las consultas populares locales en Andalucía, que tiene más de una década y jamás ha sido usada. Hasta ahora, que lo van a hacer en Aracena (Huelva) para poder impulsar un referéndum que decida si la ciudadanía quiere o no la privatización del servicio de agua para lo que ya se están recogiendo las firmas necesarias. Es más, desde DDA reconocen que hasta el uso y la eficacia de la ILP ha brillado por su ausencia.
No vinculante
Y es que quizá una de las frustraciones del ciudadano es el carácter no vinculante de las vías que tiene para participar. En este sentido, desde DDA recuerdan que salvo el sufragio que se ejerce cada cuatro años, ninguna participación de la ciudadanía es vinculante. Ni siquiera un referéndum, en tanto requiere de una convocatoria del poder ejecutivo y está, además, fuertemente regulado y limitado por ley.
“Cuando se implementan mecanismos de participación en los que el resultado no es vinculante, no podemos más que pensar que son brindis al sol o, simplemente, estrategias de marketing político. Si las administraciones o los partidos pretenden fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, no hay nada mejor que otorgar a esos procesos la condición de vinculantes”, señalan desde DDA.
Sin embargo, tanto el artículo 1.2 de la Constitución Española como en el 1.3 del Estatuto de Autonomía consagran que la soberanía reside en el pueblo. “En el informe, enumeramos y especificamos claramente cuáles son los mecanismos de participación que deben tener un carácter vinculante. Como las ALP o la posibilidad de votación directa de las leyes que se tramitan en el Parlamento de Andalucía”, puntualizan.
El ejemplo por excelencia
El objetivo de DDA es que la futura ley se convierta en la más avanzada en España en materia de transparencia y participación en medios electrónicos. No sería la primera vez que Andalucía fuera ejemplo en la materia, pues es de sobra conocido el caso del municipio de Jun (Granada), al que en 2001 el entonces presidente de la Comisión Europea Romano Prodi bautizó como el lugar de la teledemocracia activa o gobierno abierto. Su alcalde, José Antonio Rodríguez Salas explica: “En Jun la democracia es real y no representativa. Vivimos en lo que denomino la Sociedad del Minuto, una forma de vida en la que no existe el vuelva usted mañana y donde la ciudadanía quiere una participación activa en todos los órdenes de decisión”. De hecho, en Jun “son los ciudadanos quienes elaboran el orden del día y quienes participan en los plenos a través de la red social Twitter, que es la que más se acerca al concepto de transparencia, inmediatez y eficacia”. Y concluye: “En Jun la tecnología está al servicio de la participación ciudadana y no al revés”.
Para el Informe DDA se ha contemplado, sobre todo, el modelo brasileño de Rio Grande do Sul y las consideraciones surgidas del foro de Porto Alegre. Por otro lado, el año pasado se contó como invitado con uno de los islandeses directamente implicados en su proceso de wikiconstitución, por lo que también ha bebido de esa fuente, además de proyectos como Irekia del País Vasco. “En relación a modelos quizás menos sostenidos en herramientas digitales hemos seguido muy de cerca los procesos consolidados de mecanismos de participación vinculante como Suiza, y también de descentralización, radicalización democrática y empoderamiento ciudadano que están sucediendo en lugares como Ecuador, Bolivia y Venezuela donde, por debajo de sus ”liderazgos fuertes“ –siempre exagerados por los medios europeos– se esconde una histórica cesión de soberanía desde el estado hacia formas tradicionales o novedosas de lo que llaman poder popular”, apuntan desde DDA.
En estos momentos se está a la espera de que la Junta de Andalucía presente el borrador de su ley, aunque desde DDA entienden que “hay un compromiso sincero y firme” por obtener el mejor marco legal y conjunto de mecanismos posibles. “La profundización democrática es ya impostergable. Dependerá de la valentía política de los gobernantes y de la presión ciudadana el que esto se refleje en las instituciones más pronto que tarde”, subrayan desde esta plataforma. “Es importante que reformemos el modelo de representación política, que comprendamos que los gobernantes son servidores públicos y que, si bien hace una década era imposible pensar en una participación más directa de la ciudadanía, actualmente las herramientas digitales ya lo permiten”, entienden.
De momento, en el horizonte, una cita en el calendario para seguir profundizando en el tema: el IX Congreso Andaluz del Voluntariado y la Participación, bajo el lema Caminando hacia una democracia participativa, el día 31 y donde se presentará el borrador de la nueva ley.
