El acuerdo zanja el juicio por el fallecimiento de Julen: “Quiero pedir perdón a los padres”

“Quiero pedirle perdón a los padres por el daño ocasionado. En ningún momento quise que al niño le pasara nada”. Con estas palabras de David Serrano, dueño de la finca de Totalán (Málaga) en la que hace ahora un año falleció el niño Julen Rosello al caer en un pozo, se ha cerrado el juicio en el que se se le ha condenado de conformidad por un delito de homicidio por imprudencia grave. Ignacio Navas, juez titular del juzgado de lo penal 9, ha confirmado esta mañana el pacto con los padres del niño que ayer anunció la defensa de Serrano.

A la salida, Jose Rosello, padre de Julen, ha mostrado su dolor por lo que ocurrió hace ahora un año, el 13 de enero de 2019, en la finca de Totalán: “Satisfecho nunca me voy a poder quedar”. Por su parte, Serrano se ha declarado aliviado y ha pedido otra vez disculpas “de corazón”: “Me he quitado un peso muy grande de encima. La condena la voy a llevar de por vida”.

Condena por más de 840.000 euros

Serrano ha sido condenado in voce de conformidad a un año de prisión (en la que no ingresará por carecer de antecedentes) y el pago a los padres de 179.059 euros (89.529,67 euros a cada progenitor) en concepto de responsabilidad civil. La cantidad se ha calculado de acuerdo con el baremo para indemnizaciones por accidentes de tráfico. El abogado de Serrano ha insistido en que no ha sido exigida por los padres y que el acuerdo fue rápido, “en cuestión de horas”.

De esa cantidad deben descontarse los 25.000 euros que ya consignó ayer en la cuenta del juzgado. El dinero habría sido ingresado por un cliente de Lawbird, el despacho de Flores, según ha declarado este: “Le parecía que era una injusticia que esto pudiera acabar en una condena mayor”. El resto, Serrano debería abonarlo en pagos de 50 euros mensuales, que podrá incrementar si “viene en mejor fortuna”.

Además, Serrano ha sido condenado al pago de 663.982,45 euros a la Junta de Andalucía, cantidad en la que ha quedado fijado el coste del operativo de rescate que se desarrolló durante trece días en Totalán.

En total, más de 840.000 euros, a los que podría sumarse la previsible sanción administrativa por la apertura sin licencia de los pozos. El abogado Antonio Flores ha admitido que difícilmente podrá cumplir los pagos. “Ni en varias vidas podrá pagarlo”, ha dicho a la salida.

“Esto que aquí ha pasado es firme”, ha advertido el juez, que también ha fijado las líneas de ejecución de la sentencia, con el acuerdo de todas las partes. Serrano no ingresará en prisión porque el juez no le considera “una persona peligrosa socialmente” ni alberga un temor razonable de que reincida. “El hecho de que entre en prisión no va a determinar para que usted modifique ningún tipo de conducta”, ha comentado.

No obstante, deberá cumplir algunas obligaciones durante los próximos dos años. Como le ha advertido el juez, “esto no significa que la pena de prisión desaparezca, sino que va a quedar aparcada”. Entre otras cosas, deberá seguir abonando los 50 euros, una que aumentará si mejora su situación económica.

“Reconocimiento tardío de los hechos”

Antes de recibir la confirmación del juez, el fiscal había modificado su acusación para pedir la pena mínima recogida en el Código Penal, un año de prisión, porque concurren dos atenuantes: que ya ha reparado parcialmente el daño al haber pagado 25.000 euros y el “reconocimiento tardío de los hechos”.

Con la confirmación del acuerdo, gestado en los últimos días, se pone fin al juicio antes incluso de que comenzara. Durante la investigación judicial, la defensa de Serrano apuntó sucesivamente al pocero (Antonio Sánchez, que no habría sellado convenientemente el lugar), el equipo de rescate (que podrían haber provocado daños en el niño con una piqueta, según un informe de la defensa) y los padres como posibles corresponsables del fallecimiento del menor, que cayó por un pozo de 28 centímetros de diámetro en una finca de su propiedad, el día que las familias querían preparar allí una paella.

La jueza de instrucción rechazó todos sus intentos, y finalmente Serrano llegó al juicio como único acusado. Para él, la Fiscalía pedía tres años de prisión por homicidio por imprudencia grave, mientras que la acusación particular, ejercida por los padres, solicitaba tres años y medio de prisión.

En el juicio debía decidirse si la caída por un agujero de tan pequeño diámetro era imprevisible, tal y como defendía la defensa, y si Serrano advirtió en todo caso a los padres del menor. La defensa de Serrano esgrimía que advirtió explícitamente de aquel agujero, situado a pocos metros del lugar donde realizaron el fuego para preparar la paella. Por el contrario, la Fiscalía y la acusación particular defendían la tesis de que se trató de una advertencia genérica de la existencia de tres pozos en la finca.

“Satisfechos por evitar un juicio muy doloroso”

El acuerdo, que no podrá ser recurrido, da carpetazo a un juicio que había generado una gran expectación mediática. Por eso, las partes preferían evitarlo. “Estamos satisfechos por evitar un juicio muy doloroso”, ha declarado Antonio Flores, abogado de Serrano, que ha recordado que su cliente ha pasado “un infierno”.

“Él siempre se sentía culpable, en general, de haber propiciado ese trágico accidente”, ha dicho Flores. Los padres de Julen y el acusado, son familiares y eran amigos hasta hace un año. Esta mañana se les ha podido ver hablando con aparente naturalidad a las puertas de la sala de vistas.