La familia de Haitam pide al Gobierno y la Justicia que “abran los ojos”: “En el vídeo se ve un asesinato encubierto”

El hermano de Haitam Mejri ha pedido este lunes al Gobierno y a la jueza que investiga la muerte de su hermano que “abran los ojos” ante los vídeos publicados por este medio en los últimos días, grabados por las cámaras del local y las cámaras asociadas a las táser, y que constan en las diligencias previas. “En el vídeo no se ve un enfrentamiento, sino un asesinato encubierto”, ha señalado Nasser, en la línea ya avanzada por su abogado en diciembre. “La Justicia no funciona para todas las personas por igual. Uno tiene que mover cielo y tierra para demostrar lo que ya se ve en los vídeos”.

El hermano de Haitam ha ofrecido una rueda de prensa junto a Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, y Toni Valero (diputado de IU), quien ha anunciado que Sumar presentará una Proposición No de Ley para pedir al Gobierno que restrinja el uso del arma, que produce descargas de entre 1.000 y 2.000 voltios cuya acumulación y repetición sobre algunas personas puede causar la muerte, a situaciones muy excepcionales en las que haya riesgo vital. También pretende que se prohíba el uso en contacto directo y las descargas reiteradas y prolongadas.

Toni Morillas, coordinadora provincial de IU, ha denunciado que fue “víctima de la brutalidad”. “No es un testimonio, son hechos probados y contrastados. Y sólo se han encontrado con mentiras por parte de las instituciones que deben esclarecer los hechos. Estamos ante un caso de racismo y de violencia policial que no cabe en una democracia y no debe de quedar impune”, ha señalado.

Haitam falleció el 7 de diciembre en un locutorio de Torremolinos después de recibir entre ocho y once descargas eléctricas de dos pistolas táser, inhalar gas irritante, recibir golpes y ser inmovilizado bajo presión en tórax y piernas durante una intervención de seis agentes de Policía que luego no revelaron a los sanitarios que habían disparado la táser, y dijeron inicialmente que se había “caído” mientras lo reducían.

El pasado 16 de febrero la jueza archivó provisionalmente la investigación hasta recibir el informe definitivo de la autopsia; por su parte, el Gobierno respondió a dos diputados que la actuación policía había cumplido “escrupulosamente” los protocolos y respondió a los criterios de “oportunidad, congruencia y proporcionalidad”.

Incumplimientos del protocolo

El hermano del fallecido ha enumerado todos los incumplimientos del protocolo de uso de la Policía Nacional, aprobado en 2021. Ese documento exige que las táser se usen sólo como última opción, agotando las demás opciones y en casos graves. “Todos los indicios visuales contradicen esto. No fue el último recurso”, ha protestado el hermano, recordando que Haitam, que estaba “nervioso y asustado” pero manifestó en más de una decena de veces su voluntad de colaborar, no atacó ni amenazó a ningún agente, hasta el punto de que uno de ellos se acercó a 30 centímetros de él “porque no vio peligro”. Ni siquiera se le escucha insultar a los agentes en toda la intervención.

Nasser extendió su mano para dársela al policía que portaba la primera táser, y es al retraerla para que no se le caiga el móvil cuando entre tres intentan reducirlo, y entra en acción la segunda táser, descargada por la espalda en la zona lumbar. A continuación, se produce una ristra de descargas, cinco en apenas medio minuto. “Descargas múltiples e indiscriminadas, cuando el protocolo dice que el uso es mínimo e indispensable”.

La familia cuenta once descargas. “La primera lo tumba. Luego el mismo le mete dos. Luego cuatro más del otro agente, y otra más del primero. Van ocho. Una vez engrilletado, dos más: espalda y otra. Ya pisoteado y sin fuerza, un agente le rocía con spray pimienta. A la petición de ”dale más“, le dan la undécima a modo de tortura, no tiene otra explicación”. “Ninguna norma autoriza a dar descargas hasta dejar una persona inconsciente. El manual dice que hay que evaluar después de cada descarga”.

El hermano de Haitam, que tenía 35 años, también ha denunciado los cinco minutos que pasaron entre que dijeron “este ya ha muerto” y empezaron la reanimación, y el mero uso de la táser contra una persona en estado de agitación mental, algo que el fabricante Axon desaconseja.

Respuesta con “numerosas falsedades”

La familia denuncia la falta de respuesta de las instituciones. “Si esto es una actuación correcta, a lo mejor el problema no es la mentalidad sádica de los policías, sino el protocolo en sí”, ha señalado Nasser, que ha acusado a los agentes de mentir y tergiversar los hechos. En el atestado posterior se indica que le arrebataron las tijeras (escolares) que llevaba y que gritaba en árabe; en el vídeo se refleja que él suelta las tijeras y que informa a los agentes, a quienes no amenaza ni insulta, de que va a rezar tras repetir insistentemente que quiere colaborar.

A la familia le dolió mucho la puesta en circulación de versiones apócrifas de un supuesto intento robo, de amenazas o incluso de proclamas islamistas, que los vídeos completos de la intervención, de 3 horas y 40 minutos, no reflejan.

El pasado 16 de febrero, más de dos meses después de la intervención, el Gobierno respondió a dos diputados asegurando que la actuación había cumplido “escrupulosamente” el protocolo. En esa respuesta, el Gobierno admitía que existían al menos cuatro vídeos que habían registrado lo ocurrido. “Han dado una respuesta sin preocuparse siquiera de ver los vídeos”, ha comentado Valero, quien ha vuelto a registrar una pregunta al Gobierno ante las “numerosas falsedades” que contenía la primera.

“Las respuestas que nos dieron no se corresponden con lo que todo el mundo ya sabe: se nos dijo que desobedecía, pero queda claro que no llevaba objeto peligroso, no actitud amenazante, dice voy a colaborar no quiero morir. Que fue proporcional, pero esto no casa con el uso reiterado de la táser, incluso con él ya reducido. Se nos dijo que no hubo presión sobre cuellos y tórax, no fue así. Se nos dijo que contaban con la formación adecuada, y esto nos genera más preocupación aún”.

“A nuestro juicio, la muerte es consecuencia de intervención desproporcionada, brutal y racista”, ha señalado el diputado de IU, quien ha denunciado la falta de respuesta disciplinaria: “Nadie entiende que sigan en la calle como si nada hubiese pasado”.

También han criticado la instrucción judicial, archivada provisionalmente hasta que llegue el informe definitivo de autopsia. Entre tanto, la jueza ha denegado diligencias como la toma de testificales o la preservación de las comunicaciones entre los agentes o, incluso, con ella misma en los días posteriores. También ha denegado sacar copia testimoniada de lo que ya hay en las diligencias (sobre todo los vídeos) para evitar las consecuencias de una posible pérdida.

Según ha denunciado, la familia aún no tiene el informe completo de la autopsia, tan sólo el previo, motivo por el cual encargaron un informe de parte que concluye que la intervención policial fue decisiva en la muerte. “Nos obligó a hacer una autopsia fuera del Instituto de Medicina Legal y pasamos 24 días sin ver el cuerpo de mi hermano”, ha lamentado Mejri, quien ha concluido pidiendo que se aparte ya a los agentes: “Ante unos hechos así están en libertad, y ni siquiera están imputados porque no ven ningún delito. Deben depurar responsabilidades porque los hechos son irrefutables. No deberían estar ni un día más vistiendo el traje de la Policía”.