Podemos e IU discrepan entre abolir o regularizar la prostitución en el programa de Adelante Andalucía
La posición política respecto a la prostitución ha abierto una fisura entre Podemos e Izquierda Unida, aliados electorales bajo las siglas de Adelante Andalucía. Se hizo notar durante el debate del dictamen final de la reforma de la Ley de Igualdad, cuando la formación morada propuso retirar la palabra “prostitución” del capítulo de sanciones para sustituirla por “explotación sexual”. El PSOE votó en contra, e Izquierda Unida también se opuso. Hace tres años, socialistas y comunistas eran socios de Gobierno y redactaron a cuatro manos el primer borrador de la nueva Ley de Igualdad, que venía a actualizar una norma de 2007.
Ahora la coalición que lidera Antonio Maíllo ha votado en contra porque cree que el nuevo texto quedó desvirtuado tras la negociación del PSOE con sus nuevos socios de Ciudadanos, y porque la norma originaria “no se ha desarrollado en su totalidad”. Pero IU no está en contra de abolir la prostitución, ni antes, ni ahora. De hecho, esta propuesta formaba parte de su programa electoral en las últimas elecciones andaluzas (2015) -“desarrollaremos políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como forma extrema de violencia de género”-, aunque no sea una competencia autonómica.
En Podemos, sin embargo, el debate está mucho más abierto, y existe una mayor inclinación hacia posturas “regulacionistas”. El programa que presentó Teresa Rodríguez a las andaluzas de 2015 -el primer programa electoral de la formación morada en España- proponía medidas para protegerlas, pero no la abolición del fenómeno: “Atender a las necesidades y propuestas de las trabajadoras del sexo, denunciando las ordenanzas municipales que las persiguen, criminalizan y sancionan. Ayudas públicas a las mujeres para salir de la prostitución y persecución del proxenetismo”.
La falta de síntesis entre Podemos e IU respecto al tema de la prostitución no es sólo una cuestión dialéctica. La abolición que defienden los comunistas no aparece en el borrador del programa de Adelante Andalucía, que sólo recoge dos propuestas relacionadas con el tema. La palabra prostitución aparece en la propuesta 476 y la 947. Ninguna habla de abolición, pero tampoco se deduce a las claras que defiendan una posición regulacionista. La medida más concreta propone “elaborar y garantizar políticas de protección social y sanitaria en el ámbito de la prostitución, así como de integración en el mercado de trabajo, con la participación de las mujeres afectadas y las organizaciones feministas”.
Preguntado al respecto, Maíllo se reafirmó en el enfoque abolicionista de los anteriores programas de IU. “Nosotros somos claramente abolicionistas, pero éste es un debate del propio feminismo, y es un debate que trasciende a las propias organizaciones políticas. Yo estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo de síntesis en el patio andaluz que tendremos el 7 de octubre”, añade, en alusión a la conferencia política de este domingo, de la que saldrá el programa definitivo de la confluencia. Las direcciones federales de Podemos e IU ya tuvieron este debate cuando elaboraron el programa electoral de síntesis para Unidos Podemos en las últimas generales: el resultado fue entonces más proclive a la regulación que a la visión abolicionista de IU, que también desapareció del articulado.
El sindicato de prostitutas
La propuesta de Podemos de sacar la palabra “prostitución” de la nueva Ley andaluza de Igualdad monopolizó el debate parlamentario entre los morados y el PSOE. Los socialistas hurgaron en la discrepancia abierta entre los socios de la confluencia, e interpretaron que “Podemos había llamado al orden a IU para votar en contra de una ley que, en origen, es parte de su legado político en el Gobierno andaluz”.
La coalición de izquierdas no entró en ese “debate trampa” en torno a la prostitución, y justificó su rechazo a la norma en otras carencias. “El nuestro es un no de conciencia, porque esta ley no asume los grandes retos de las políticas de igualdad de Andalucía”, dijo Maíllo. IU se quedó al margen del choque dialéctico entre Podemos y PSOE respecto de la prostitución, y acusó a la presidenta Susana Díaz de intentar poner el foco en el asunto de la prostitución para explotar el desencuentro entre ellos y sus socios de Podemos.
Sin embargo, la prostitución ya se había convertido en centro del debate público días antes, y no en el Parlamento andaluz, sino en el seno del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. El pasado 4 de agosto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la inscripción de la Organización de Trabajadoras Sexuales, aceptando así que reunía los requisitos previstos en la Ley de Libertad Sindical. Un recién constituido Gobierno del PSOE –partido abiertamente abolicionista en esta materia- acababa de legalizar el primer sindicato de prostitutas de España. El 30 de agosto, el Ministerio de Trabajo se enteraba por la publicación de la noticia en el diario Público, e iniciaba los trámites para ilegalizarlo. “Me han metido un gol por la escuadra”, dijo la ministra Magdalena Valerio. Días después dimitía un alto cargo de su equipo, la directora general de Trabajo, Concepción Pascual.
Esta controversia devolvió a la arena pública un asunto que no está resuelto entre los movimientos feministas, y mucho menos en el seno de las organizaciones políticas: ¿Cómo abordamos desde lo público la realidad de la prostitución? En Andalucía, la polémica irrumpió de lleno en la recta final de un debate vivo: la reforma de la Ley de Igualdad, justo cuando los cinco grupos parlamentarios trabajaban con vocación de llegar a un acuerdo unánime.
Prostitución y “ley mordaza”
Doce días después de que saltara el escándalo del sindicato de prostitutas, el Parlamento andaluz acogió el debate sobre el dictamen final de la ley, al que Podemos llevó una propuesta in voce que buscaba corregir el texto de la futura norma: la formación morada pidió que en el régimen sancionador se eliminase la palabra “prostitución” para sustituirla por “explotación sexual”. La segunda está tipificada como delito en el Código Penal, y la primera no. El documento original prohibía y sancionaba los comentarios en libros de texto, los actos culturales, lúdicos y deportivos y los anuncios que “promuevan, justifiquen o inciten a la prostitución o la violencia”.
Podemos entendió que así se limitaba la “libertad de expresión”, que este artículo funcionaría como una especie de “ley mordaza” que impidiera siquiera debatir públicamente sobre la prostitución. Izquierda Unida se desmarcó en este caso de su aliado. La coalición de izquierdas es abiertamente abolicionista en cuanto a la prostitución. “No hacemos distinción entre prostitución forzada y voluntaria, entendemos que no puede entrar en ningún tipo de relación mercantil y laboral”, dice Charo Luque, del área de la Mujer de IU. El partido feminista que lidera Lidia Falcón se integró recientemente en la coalición de izquierdas de Alberto Garzón, poniendo como condición que esta posición no variase ni se matizase.
En Podemos, sin embargo, hay voces que abogan por fórmulas que regularicen este fenómeno y, en algún ámbito de debate, se ha llegado a proponer que se “otorguen derechos a las prostitutas que lo hacen de forma autónoma o en cooperativas”. Hay una discrepancia ideológica entre los aliados en un tema fundamental para la izquierda, un debate que no han querido abordar públicamente –“es una trampa del PSOE para tapar su falta de compromiso, usando un feminismo prêt-a-porter”, dicen- pero que salta a la vista en sus propios planteamientos políticos.
La bronca sobre este asunto continuó después del debate parlamentario. El PSOE echó mano de media docena de portavoces para difundir, en redes sociales y a través de comparecencias, que Podemos e IU habían votado no a una Ley de Igualdad. La líder andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, fue la más dura en su réplica, y recordó que la Justicia -y ahora una comisión parlamentaria recién constituida- investiga el gasto de dinero público en un prostíbulo de Sevilla con una tarjeta de crédito asociada a la Faffe, la extinta empresa pública de formación para el empleo. “La ley permite sancionar debates sobre prostitución mientras jefazos del PSOE andaluz se han gastado decenas de miles de euros de los parados en puticlubs. Las prefieren sin voz y en la oscuridad del club de alterne. Hasta para abolir la prostitución hay que hablar de ella”, escribió en su cuenta de Twitter.
