El PP-A propone una auditoría externa de las cuentas de la Junta de Andalucía y busca el voto de Podemos y C's para ello
El PP-A ha registrado una proposición no de ley (PNL) este miércoles con la que pretende que se encargue una auditoría externa de las cuentas de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales desde 2008, propuesta con la que no sólo cuestiona la gestión de las dos últimas legislaturas, sino que obliga a retratarse a dos grupos de la oposición que reiteradamente han insistido en la necesidad de este tipo de fiscalizaciones: Podemos, que lo incluía en su programa electoral, y C's, que mientras aupaba a Susana Díaz en Andalucía sin esta exigencia, sí la puso como requisito a Cristina Cifuentes para darle su voto para la presidencia de la Comunidad de Madrid. Con estos ingredientes, la polémica está servida para el próximo pleno del Parlamento de Andalucía.
De momento, ni Podemos ni C's han desvelado todavía si van a respaldar la PNL de los populares, porque la tienen que “estudiar” y “conocer a fondo”, pero si lo hacen, sumarían votos suficientes. El cuarto grupo de la oposición, IU, cree en principio que esta tarea ya la realiza la Cámara de Cuentas, si bien no tiene problemas en que se fiscalice una gestión que, en lo que respecta a la pasada legislatura, le afecta porque eran socios del PSOE-A, partido que por cierto ha recibido con indignación esta PNL.
El portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, ha dicho que es “urgente” por “la espesa nube de sospecha” que hay sobre la gestión de los fondos públicos del Gobierno de Susana Díaz, que en realidad sólo lleva la presente legislatura y la mitad de la previa, pero entiende que se sigue “incidiendo en los mismos errores e irregularidades”. Ha confiado en obtener, por lo menos, el respaldo de C's en esta petición, porque “ha presentado una propuesta similar en Madrid”. En su opinión, el gasto público “ni es eficaz, ni mucho menos es transparente” y cree que la Cámara de Cuentas, que habitualmente realiza estas labores, “no tiene hoy en día capacidad ni recursos para ello”, pero que, principalmente “no hay voluntad” por parte de la presidenta de Andalucía.
El objetivo del PP-A, que insiste en calificar su propuesta como “de interés público y no partidista”, es arrojar luz sobre problemas “estructurales”, entre los que ha citado la duplicidad, el desfase presupuestario o una estructura paralela ineficiente, que “perjudican directamente a los ciudadanos”. Ha puesto el ejemplo de los fondos de formación para el empleo, cuyas cifras eran confirmadas la pasada semana por el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado. “No hay derecho que nos enteremos años después de que no se han gastado 800 millones de euros para formación para el empleo desde 2012”.
De este modo, la PNL contiene tres puntos: instar a que el Consejo de Gobierno encargue la realización de una auditoría de las dos últimas legislaturas con los siete presupuestos autonómicos correspondientes, junto a otra del último ejercicio presupuestario cerrado, cuyo plazo de ejecución concluya en el último periodo de sesiones de 2016; que las remita una vez terminadas hasta el Parlamento de Andalucía para su supervisión, estudio y debate; y que publique sus resultados en el portal de la Junta de Andalucía y ponga en práctica las recomendaciones que de ellas se deriven.
La respuesta del PSOE-A no se ha hecho esperar, y su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, ha si tajante: “Hace tiempo que no se agredía de esa manera a las instituciones (...) convirtiendo en papel mojado el papel de la Cámara de Cuentas”. Ha recordado que es un organismo “independiente y autónomo, que hace muy bien sus tareas”, por lo que ha acusado a los populares de darle “un bofetón sin manos” pretendiendo que se “privatice” esta labor de fiscalización. En este sentido, ha puntualizado que “la fiscalización interna se hace por parte de la Intervención General de Andalucía, y la externa, por parte de la Cámara de Cuentas”, por lo que “no tiene ningún sentido” esta PNL. De todas maneras, la propia Junta de Andalucía ha contratado auditorías externas otras veces, por ejemplo sobre la extinta Fundación Andalucía de Fondos de Formación para el Empleo (Faffe).
Las cifras de la “mala gestión”
Por su parte, Teresa Rodríguez ha cifrado en 1.185 millones de euros la cantidad perdida por la “mala” gestión de la Junta de Andalucía en los fondos públicos desde 2011. La portavoz parlamentaria de Podemos se ha referido, entre otros, a las partidas destinadas a permitir la inserción laboral de jóvenes, discapacitados, parados de mediana edad y trabajadores que necesitaban reciclaje.
En concreto, la líder de Podemos se ha referido también a los 800 millones de euros de fondos para la formación de los cuatro años sin convocatoria; 105 millones de euros que debe pagar la Junta de Andalucía “por despidos improcedentes e intereses de demora por las sentencias ganadas” por los agentes de promoción de empleo (ALPE); otros 240 millones de euros “de subvenciones sin justificar” que reclama la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio a distintas entidades; y 40 millones de euros del plan Jeremie, entre otros.
