Díaz acude a Moncloa con el aval del PP andaluz a reclamar 4.000 millones a Rajoy

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha citado a Susana Díaz en el Palacio de la Moncloa el próximo 18 de abril, en respuesta a un requerimiento de la presidenta andaluza para abordar la reforma del modelo de financiación autonómica. Es una mini cumbre bilateral sobre un asunto complejo que afecta a la arquitectura territorial del país, y por tanto compete a todas las comunidades autónomas. Sin embargo, la andaluza se ha anticipado en este debate al resto de barones territoriales, a la dirección federal del PSOE y al propio Gobierno central.

Los problemas de financiación de Andalucía representan en este momento el capítulo central de la agenda de Susana Díaz, ocupan el mismo espacio político que en su día representó  la deuda histórica del Estado con esta región para el gabinete de Manuel Chaves. Ambos asuntos comparten raíz –el agravio con Andalucía-, algo que el PSOE llama “reivindicar lo que es nuestro”, y el PP califica de “confrontación con Madrid” y “deslealtad institucional”. El leit motiv de la cita entre Rajoy y Díaz es la financiación. La andaluza hablará del continente –el sistema con el que el Estado reparte los fondos entre las comunidades-, pero también del contenido, y ahí pretende enlazar el primer debate con otro más reciente: el proyecto de Presupuestos Generales para 2018.

A Rajoy le interesa abordar este tema, porque aún no cuenta con los votos suficientes en el Congreso para sacar adelante sus cuentas. Necesita convencer a Susana Díaz para que medie ante Pedro Sánchez y que el PSOE le preste los votos que le faltan en el Congreso. El PP andaluz ha bendecido el encuentro entre ambos mandatarios, poniendo mucho más interés en que sirva para “desbloquear los Presupuestos Generales” que la reforma de la financiación. Pero la andaluza y todo su Gobierno han salido en tromba a descalificar las cuentas,  y sostienen que son “un nuevo castigo” a Andalucía.

A pesar de ello, hay otra lectura más alambicada sobre este asunto: sin Presupuestos para 2018, Rajoy tendrá que prorrogar las cuentas de este año (que se hicieron para seis meses), y esto aumenta las posibilidades de un adelanto de las elecciones generales en 2019, con el consiguiente riesgo para Díaz de que el presidente las haga coincidir con las andaluzas. Es un escenario “arriesgado, pero probable”, admiten fuentes socialistas, que prefieren no verse en esa situación. El PP suele obtener mejores resultados en Andalucía en unas generales que en las autonómicas, de modo que no es descartable que busque el “efecto arrastre”. Además, los líderes nacionales de Podemos y Ciudadanos, Pablo Iglesias y Albert Rivera, suman mucho a sus marcas en Andalucía, aunque ahora, según los sondeos publicados y los internos, Podemos les resta menos votos al PSOE de lo que Ciudadanos les arrebata al PP.

Unanimidad parlamentaria

La reforma del vigente modelo de financiación autonómica, caducado hace cuatro años, es el primer gran asunto que abordó Susana Díaz personalmente cuando retomó el timón del Gobierno andaluz tras su fracaso en las primarias socialistas contra Pedro Sánchez. En cierto modo, es una forma de recuperar ese espacio perdido en la arena política nacional y de volver a reivindicarse como una de las principales figuras del PSOE, esta vez desde la esfera institucional, donde su poder no ha menguado un ápice.

En este cometido, la presidenta de la Junta ha implicado a todos sus adversarios políticos del Parlamento y a los principales agentes sociales de Andalucía: sindicatos, patronal, organizaciones sectoriales de todo tipo que coinciden en reclamar al Estado, al menos, 4.000 millones de euros más para poder gestionar un autogobierno de forma eficiente. Díaz acude a Moncloa con una propuesta de reforma del sistema de financiación avalada por cuatro de los cinco partidos de la Cámara (100 diputados de 109), un acuerdo que fue diseñado a tres manos por PSOE, Podemos e IU, y al que posteriormente se sumó por sorpresa el PP andaluz. “Andalucía ha hecho su trabajo. Lo pactado no pertenece ya a ninguno de los partidos firmantes, sino a los andaluces”, advierte el secretario de Organización regional de los socialistas, Juan Cornejo. No es un asunto que vaya a resolverse en este encuentro, pero Díaz espera al menos salir con dos compromisos: una fecha cerrada para convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reúne a sus homólogos en todas las regiones; y otra fecha para la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que Moncloa se comprometió a volver a convocar en el plazo de un año desde la última.

Ahora Rajoy se enfrenta a un escenario inédito: un líder territorial del PSOE le presenta una propuesta política que cuenta con el aval explícito de su propio partido en esa comunidad, donde es líder de la oposición. Pongámosle nombre y apellidos: Andalucía, la primera región que se someterá a elecciones en 2019, reclama más fondos para costear su sanidad, su educación y sus políticas sociales, y lo hace a un año para las urnas (quizá menos, si Rajoy le da portazo a Díaz y ésta adelanta los comicios con el lema electoral del “castigo” a los andaluces); la portadora de esa reclamación es Susana Díaz, líder consolidada en su territorio y todavía una voz autorizada dentro del PSOE (al que, por otro lado, intenta convencer para que le preste cinco votos para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2018); y uno de los valedores de ese acuerdo es Juan Manuel Moreno, líder regional del PP que no logra despuntar en las encuestas de intención de voto, y que en vez de fajarse para frenar el avance de Ciudadanos, hace números para ver si ese ascenso le permite sumar con su rival en la derecha para derrotar a su adversario en la izquierda y poder gobernar, sin ser la fuerza más votada (como promulgan) tras 37 años ininterrumpidos del PSOE en el Gobierno.

Muchos han interpretado el apoyo sorpresivo de los populares en clave interna, como una estrategia para aislar políticamente a Ciudadanos, su gran competidor por el voto conservador. La formación naranja, aliada fiel de Susana Díaz en estos tres años de legislatura, es la única al margen del acuerdo, en parte porque el diseño territorial de Albert Rivera implica compensar a las regiones más ricas si el nuevo reparto solidario de fondos les hace perder su posición en el ranking de financiación por regiones.

El pacto andaluz sobre financiación pivota sobre dos puntos esenciales: primero garantizar la suficiencia financiera de los territorios aportando 16.000 millones de euros más a la caja común, de los cuales, Andalucía reclama 4.000 millones. Y segundo: un nivelación total de los fondos estatales, que pasar por redistribuir el dinero buscando acotar la brecha que hay entre regiones ricas y pobres, y permitir a las comunidades conservar un margen mayor de la recaudación tributaria (principalmente el IVA y los impuestos especiales). No sólo PSOE, PP, Podemos e IU apoyan esta fórmula, también se han sumado los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, la patronal, las asociaciones agrarias y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. La presidenta tiene previsto sumar al acuerdo a las universidades y a las asociaciones del Tercer Sector antes de su reunión con Rajoy el próximo 18 de abril