Una referencia a la corrupción en Andalucía deriva en un duro enfrentamiento entre el PSOE-A y el PP-A
La permanente situación de precampaña -con tres convocatorias electorales este año en la comunidad autónoma- se ha instalado con tanta rotundidad en la vida política que los plenos del Parlamento de Andalucía, como el de este jueves, se convierten en un escenario que nadie desaprovecha para ello. De este modo, la sesión de control a la presidenta, Susana Díaz, ha estado marcada por una manifestación del líder del PP-A, Juan Manuel Moreno, quien ha ironizado con que “la Fiscalía Anticorrupción está prácticamente instalada” en esta comunidad autónoma, lo que ha provocado incluso que el Gobierno de Andalucía haya anunciado que remitirá una carta a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Justicia para que expliquen si los populares tienen información privilegiada.
De este modo, una frase con la que el presidente del PP-A generalizaba -cosa habitual en este partido- la corrupción como una cuestión inherente a Andalucía, como si los presuntos fraudes en subvenciones para formación no salpicaran a una decena de comunidades autónomas o como si con la trama Gürtel no ocurriera otro tanto, ha dado pie a que el PSOE-A explote con sus sospechas de que los populares manejan la agenda de la justicia más de lo que debieran. Es una tensión que el PSOE-A mantiene con los conservadores desde que se inició la investigación por irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) de la Junta de Andalucía, y posteriormente del presunto fraude en la formación, cuando decisiones de los jueces u operaciones de la policía han coincidido con momentos claves de la política en la comunidad autónoma, o incluso se han conocido de antemano ciertas intervenciones.
La presidenta ha mordido presa y no la ha soltado. Ni ella, ni luego el resto del PSOE-A. No ha perdido un minuto en recriminarle esta afirmación en el turno de réplica, obviando ya todo lo demás que había manifestado el líder de la oposición. “Espero que haya sido un error y lo explique, usted o el ministro de Justicia”, le ha espetado a Juan Manuel Moreno, a quien le ha pedido que “no confunda las distintas instituciones del Estado y la separación de poderes”, porque es “grave”. Y “mucho más grave”, ha continuado, “que alguien insinúe que se están utilizando las instituciones del Estado”.
Susana Díaz ha proseguido el rifirrafe echándole en cara que los conservadores mantengan en sus candidaturas a personas investigadas por la justicia. “No me tiembla el pulso con la corrupción, pero a usted le tiemblan las piernas”, le ha censurado, en alusión a que “ningún imputado por corrupción” está en su gobierno ni en las listas del PSOE-A, cosa que, según ella, no puede decirse con esta contundencia de los populares. Y le ha puesto el caso del blindaje, como suplente en la Comisión Permanente del Senado, de la exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, investigada en las ramificaciones de la Gürtel en Andalucía, para que mantenga su fuero. Una estrategia que precisamente el PP-A criticó duramente cuando fue el PSOE-A (y con Susana Díaz al mando) el que la usó en la legislatura pasada, blindando entonces en la diputación permanente del Parlamento de Andalucía a cuatro exconsejeros señalados en el caso ERE y luego imputados.
Poco después, el vicepresidente de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, confirmaba, ya fuera del hemiciclo, que dirigirán un escrito a la Fiscalía General Estado y al Ministerio de Justicia para que aclaren si la Fiscalía Anticorrupción está “instalada o centrada en Andalucía, tal y como ha dicho Juan Manuel Moreno”. El también consejero de Presidencia ha destacado la “extrema gravedad” de estas declaraciones, frente a las que “el Gobierno de Andalucía no quiere pensar” que el líder del PP-A tiene “información oculta, que le es trasladada y que puede servirle para fines no acordes con la transparencia, la democracia y la decencia”.
La prensa le ha preguntado entonces si el Gobierno de Andalucía está molesto por el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido abrir un nuevo caso sobre los fondos Jeremie, dado que ha sido en una pregunta relacionada con este caso cuando Juan Manuel Moreno ha hecho su afirmación. “El Gobierno de Andalucía no está molesto ni enfadado por esto. Es el primer interesado en que se esclarezcan los hechos que hayan podido detectarse en la concesión de fondos públicos”, ha enfatizado, reiterando que se ofrece “máxima colaboración” a la justicia.
El PP-A, por su parte, ha contraatacado poco después enviando la relación de intervenciones de la Fiscalía Anticorrupción en Andalucía los últimos meses, con las que intentaba contextualizar la metáfora que había generado tanto crispación en sus rivales. Desde el citado caso Jeremie, que es el más reciente, hasta el de los ERE, pasando por Invercaria, la formación y las facturas de UGT-A, donde se apunta a actuaciones del Gobierno de Andalucía que habrían derivado en esta situación.
