Sindicatos y administraciones pierden su peso político en las entidades de ahorro
El control de la mayor parte de los ahorros de los andaluces desde fuera de la comunidad autónoma, ha derivado también en la pérdida de la capacidad de influencia política y sindical de sus actores. Sirva como ejemplo que emblemáticas sedes de Cajasol (y luego Banca Cívica) en la capital hispalense, como la del Pasaje de Villasís, o la plaza de San Francisco, se han quedado prácticamente sin actividad.
Los sindicatos ya lo están sufriendo en sus propias carnes, las autoridades regionales también. En las negociaciones con los empleados para reducir empleo y oficinas de bancos y cajas, los responsables sindicales andaluces se tienen que conformar con ser informados a posteriori por sus compañeros de Madrid y Barcelona, que son los que se sientan en las mesas de negoaciación.
En definitiva, que las decisiones que antes se tomaban en Andalucía ahora dependen de Madrid o Cataluña, y el compromiso de reinvertir en la comunidad autónoma que tenían las cajas se desvanece. A los responsables políticos de la comunidad no les quedará otro remedio que ponerse a la cola y pedir hora cada vez que quieran, o necesiten, una atención especial para alguna de sus empresas o proyectos de inversión. Una clara pérdida de poder que se produce cuando mayores son las necesidades de financiación de la economía andaluza.
La reciente constitución por parte del Parlamento de Andalucía de un grupo de trabajo para poner en marcha un instituto público de crédito, se presenta como la única salvaguarda para conservar alguna capacidad financiera propia. Es una idea que lleva años dando vueltas, y que incluso cuenta ya con legislación autonómica específica. Además, los dos partidos de la coalición de Gobierno, Psoe e IU, lo incluían en sus programas electorales, y forma parte del pacto que dio origen a la actual Junta de Andalucía. Sus objetivos serán básicamente promover el crédito y articular diferentes instrumentos de financiación empresarial, tales como préstamos, entradas en capital y avales.
Los sindicatos proponen que se aproveche para su puesta en marcha instrumentos como el Instituto Andaluz de Finanzas y el Banco Europeo de Finanzas, que precisamente en 2007 cambió su consejo de administración con la intención de aunar los intereses de las cajas andaluzas, aunque actualmente sólo está participado por la única superviviente de la debacle financiera, Unicaja.
“O nos dotamos de un instrumento capaz de financiar proyectos empresariales que generen empleo o nos olvidamos de todo lo demás”, asegura Manuel Pastrana, secretario general de UGT en Andalucía. “No es admisible que se entregue más del 20% del PIB a la banca para el saneamiento de las cuentas de resultados de sus accionistas”, agrega. En su opinión, es una responsabilidad tanto de la derecha como de la izquierda: “Es una auténtica catástrofe para la sociedad y para el empleo. La guerra ya está perdida, sólo se trata de ver cuántos muertos menos tenemos”. Los sindicatos saben que no sólo están en juego miles de empleos, sino también su capacidad de influir en estas decisiones. Si las sedes centrales de las entidades se han trasladado a Madrid, también allí se ha ido el centro de la negociación colectiva.
Por su parte, el secretario general de COMFIA-CCOO, Íñigo Vicente, manifiesta: “Andalucía ha perdido la oportunidad de tener un instrumento financiero propio. El problema es que se ha dependido mucho del ladrillo y a esto se han vinculado los créditos, por lo que hay una diferencia abismal entre el volumen de crédito y los depósitos. Ese flujo de créditos vinculado con entidades de aquí no compromete una inversión en Andalucía más allá de de la rentabilidad económica, y no se mira, por ejemplo, la social. La única capacidad que le queda a Andalucía de influir en la perspectiva crediticia es Unicaja”.
