El despido por parte de la Junta de 73 trabajadoras de escuelas infantiles provoca una bronca entre PSOE y Ciudadanos

El Parlamento de Andalucía ha abordado este jueves la situación en la que han quedado 73 trabajadoras de cinco escuelas infantiles que perdieron su trabajo después de que la Junta de Andalucía recuperase la gestión de sus centros, externalizada por la anterior administración socialista.

Tras un debate donde se han repartido culpas, el Pleno ha rechazado la proposición no de ley de Adelante Andalucía, en la que se pedía que la Junta de Andalucía subrogue a estas trabajadoras y que, si no es posible la subrogación, encuentre la fórmula para su “readmisión”. Ciudadanos, Vox y PP han votado en contra. Tan sólo se ha aprobado una enmienda para estudiar una solución genérica a los procesos de reversión a lo público de servicios externalizados o concesiones.

73 trabajadoras de las escuelas infantiles Mediterráneo de Almería, El Faro de Torrox, Rocío Jurado de Chipiona, Atunara de La Línea de la Concepción y Andaluna de Sevilla, se quedaron sin trabajo a finales de agosto, cuando venció el contrato de las empresas que gestionaban los centros. Las escuelas fueron privatizadas hace doce años por el Gobierno autonómico del PSOE, y el Gobierno de PP y Ciudadanos decidió recuperar su gestión pública porque informes de la Cámara de Cuentas y de la Intervención General del año 2016 alertan de irregularidades en el modelo de gestión privada por el que se regían.

Negociación hasta julio

Hasta finales de julio, Comisiones Obreras negoció con la Consejería de Educación la posibilidad de que las trabajadoras se subrogaran como trabajadoras públicas. En mayo, el director general de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos incluso señaló en una reunión técnica que asumir los contratos del personal de las empresas adjudicatarias era de “justicia social” con las trabajadoras, que lo avalaba jurisprudencia “de peso definitivo” y que era lo mejor para los alumnos. En la comisión de Educación del Parlamento, el propio consejero Javier Imbroda anunció que habría una prórroga de los contratos, y que se trabajaría para subrogar al personal.

Sin embargo, la Junta de Andalucía cambió de criterio y acabó negándose, con el argumento de que no era posible por motivos legales. “Nadie nos explica por qué”, protesta José Ignacio García Sánchez, parlamentario de Adelante Andalucía, que ha defendido la proposición no de ley. “La Consejería se ha visto obligada a desprivatizar este servicio, hasta aquí buenas noticias. Pero nadie pensaba que este proceso se iba a hacer dejando en la calle a estas trabajadoras”.

De la “demagogia chavista” a la “prevaricación”

La iniciativa de Adelante Andalucía, que habría puesto la presión sobre el Gobierno andaluz, pedía que se las subrogue y que se les reconozca su antigüedad. García Sánchez explica a eldiario.es/Andalucía que se basaba en los argumentos que la propia consejería esgrimió hasta su giro. Según señala, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Contratos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo para casos de remunicipalización amparan esa posibilidad.

La propuesta fue finalmente rechazada por el PP, Vox y Ciudadanos, con distintos argumentos, que fueron desde el menosprecio al “no se puede”. Vox calificó la propuesta como “demagogia chavista”. Luz Belinda Rodríguez llegó a acusar a las trabajadoras afectadas de pretender usar una “gatera” para entrar en la administración pública. “Quien quiera méritos, que se los gane”, les espetó, mientras decenas de ellas la escuchaban estupefactas desde la tribuna de invitados del Parlamento.

Por su parte, María del Mar Sánchez (Ciudadanos) dijo haberlo pasado “francamente mal”, pero justificó la decisión porque de otra forma se estaría prevaricando, según aseguró. Tanto ella como Ramón Herrera (PP) entraron en el cuerpo a cuerpo con el PSOE, al que responsabilizaron de la situación por privatizar las escuelas y no solventar el problema cuando gobernaba.

También el PSOE acusó al PP de cambiar de criterio, recordando que en su día los populares se mostraron a favor de subrogar a las monitoras administrativas. “¿Qué diferencia hay con lo que pasó con las monitoras? Que ya no están en la oposición”, se preguntó y respondió Noemí Cruz (PSOE), que acusó a Imbroda, ya ausente del debate, de engañar “sin escrúpulos” a las trabajadoras.

Por la mañana, el PSOE había formulado una pregunta oral que fue resuelta con displicencia por el consejero Javier Imbroda durante la sesión matutina. “Está entrenada en la cadena de mentiras. Hay gente experta en la manipulación y la tergiversación”, le dijo a Noemí Cruz: “Ustedes han condenado a estas trabajadoras”.

La vía judicial

Las trabajadoras están dispuestas a luchar por unos trabajos que llevan desempeñando, en algún caso, durante los últimos 25 años. Han mantenido movilizaciones desde que conocieron que iban a quedarse sin trabajo, pero Adelina Álvarez, directora hasta julio de la escuela El Faro, señala que empiezan a perder la esperanza de una solución que no sea la judicial.

Además de la vía política, llevarán el asunto a los tribunales en el plazo de 20 días desde su despido. Diego Molina, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, se agarra al precedente de los monitoras administrativas, 840 de las cuales fueron readmitidas después de que se dictaran varias sentencias de condena a la Junta de Andalucía. En su día, el Parlamento andaluz aprobó una proposición no de ley para subrogar a estos monitores, que fue presentada por el PP y apoyada por el resto de grupos. Por último, está la vía de la protesta. “Vamos a estar mañana, tarde y noche movilizándonos”, anticipa Molina.