Ni subrogación ni moratoria: la Junta de Andalucía deja en la calle a 73 trabajadoras de escuelas infantiles

Después de acariciar con los dedos una solución, aunque fuera transitoria, a su problema, las 73 trabajadoras de cinco escuelas infantiles externalizadas han recibido el martes por la mañana la peor noticia: el 1 de septiembre no volverán a sus centros. La Junta de Andalucía, que ha recuperado la gestión de estas escuelas, cree que no hay encaje jurídico para subrogar a las trabajadoras, ni siquiera para prorrogar el contrato durante un año, hasta encontrar una solución para estas mujeres, algunas con más de 20 años trabajados en sus respectivas escuelas.

Las trabajadoras y Comisiones Obreras, que han vivido con angustia el último mes, asumieron en las últimas semanas que habían logrado una moratoria de un año, y llegaron a desconvocar una concentración prevista para el 23 de julio. Una semana después han recibido el mazazo. Ni subrogación, ni moratoria.

“¿Con qué cara despido yo ahora a mis niños, y con qué cara abro mañana?”, se pregunta Adelina Álvarez, directora de la Escuela Infantil El Faro de Torrox. Ella acumula 25 años de antigüedad, pero el contrato de la empresa que gestionaba el centro vence este miércoles. Igual que ese contrato, expiran también los de las escuelas Mediterráneo de Almería, Rocío Jurado de Chipiona, Atunara de La Línea de la Concepción y Andaluna de Sevilla, todas ellas públicas, pero de gestión externalizada durante el anterior Gobierno socialista de la Junta de Andalucía. Durante años, distintas empresas se han hecho cargo de la gestión, subrogando obligatoriamente a las trabajadoras.

La Junta de Andalucía decidió recuperarlas, y en estos meses ha habido negociaciones para encontrar una fórmula que permitiera que las trabajadoras mantuvieran su puesto. Diego Molina, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, ha participado en esas negociaciones, y cuenta que el gabinete de Javier Imbroda, consejero de Educación, le ha comunicado la imposibilidad de encontrar un encaje para estas trabajadoras el martes por la mañana. Las trabajadoras se han enterado por el sindicato.

Imbroda dijo estar “profundamente preocupado”

En la comisión de Educación y Deportes del Parlamento andaluz, Imbroda aseguró que era una situación que le tenía “profundamente preocupado”. “Él estaba en esa línea, y hace siete días me llamaron y me informaron de que no sabían si se podrían subrogar o no, pero que se había acordado una moratoria. Que en un año podríamos negociar sin premura una solución definitiva, textualmente”, relata Molina. El único escollo aparente era si podrían empezar a trabajar el 1 de septiembre o unos días más tarde. El sindicato llegó a desconvocar una concentración para el pasado 23 de julio para la que ya habían recibido autorización, como “gesto de buena voluntad”.

Todo se torció este lunes. “Hoy [martes] me llaman para decirme que, después de una reunión ayer, la moratoria no era posible. El propio Imbroda dijo que la reunión era clave, pero yo creía que no era para decidir moratoria sí o no, sino en qué plazos. Yo pensaba que la moratoria estaba conseguida”, lamenta Molina. En esa conversación, a Molina le habrían transmitido el disgusto del propio consejero, que habría cedido ante el dictamen jurídico de los expertos.

Según Comisiones Obreras, la Consejería de Educación concluyó que la moratoria no era posible porque implicaba prorrogar un contrato ya prorrogado, algo prohibido por la ley.

La Consejería defiende que ha corregido una “situación irregular” que, según asegura, ya había sido detectada en un informe de la Intervención fechado en 2016. “Sin embargo, hasta ahora no se había solucionado un problema que lleva años enquistado y al que ha habido que buscar una solución técnica y jurídica”, se explica desde el gobierno andaluz.

Según la Consejería, la decisión garantiza la escolarización de los niños a partir del 1 de septiembre, y que el servicio será prestado por los aspirantes de la bolsa de empleo pública. El gobierno andaluz admite que estudió “distintas fórmulas” hasta “el último momento”. Una de ellas era el “contrato de urgencia”, pero ello suponía dejar a los niños sin escolarizar “durante varios meses”, según la nota.

“Estamos en shock”

La resolución de este problema ha sido un mazazo para las trabajadoras, que confiaban en una solución desde que el 18 de julio se reunieron con Imbroda e interpretaron que la moratoria era una posibilidad muy real. “Estamos en shock. Después de tanta lucha no ha sido posible, y estas líneas las escribo desde la indignación y la pena de saber que en septiembre no voy a seguir haciendo mi trabajo”, explicaba por correo Adelina Álvarez.

En conversación telefónica, lamenta que no hayan recibido ninguna confirmación por escrito. “Nos hemos enterado las últimas de todos los movimientos. Si se sabía [que era imposible la prórroga] desde hace dos meses, ¿por qué han esperado hasta el día de las vacaciones?”, se pregunta. Está previsto que Elías Bendodo, consejero de Presidencia, visite Torrox este miércoles, y ellas volverán a plantearle el problema.

También Molina está dolido, por haber acariciado con los dedos una solución que se ha desvanecido. Dice que es su peor día en 20 años como sindicalista: “Cuando hay despidos los vas asumiendo poco a poco, porque lo vas viendo. Pero cuando se había conseguido ese avance, a que esta mañana te digan las 73 a la calle…”. El sindicalista augura un “trayecto largo de judicialización”, y se agarra al precedente de las monitoras escolares, que han sido readmitidas y subrogadas después de varias sentencias judiciales. “Estoy convencido de que todo va a terminar igual”.

A diferencia de otros sindicatos, Comisiones Obreras argumenta que hay jurisprudencia que ampara la subrogación. “Nosotros estamos de acuerdo en convertir en servicio público un servicio privatizado, pero el problema es qué pasa con las trabajadoras”. Una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26 de marzo de este año interpretó que la recuperación de un servicio externalizado y su reversión a lo público permite la subrogación de los trabajadores prevista en el Estatuto de los Trabajadores.