Los jueces dan la razón a las trabajadoras de escuelas infantiles despedidas por la Junta de Andalucía

Los tribunales están dando la razón a las trabajadoras de escuelas infantiles que fueron despedidas por la Junta de Andalucía el pasado verano, cuando la administración recuperó cinco centros externalizados. La consejería de educación despidió a las 73 trabajadoras de estas escuelas, que se quedaron en la calle, en algunos casos tras más de 20 años trabajando en el mismo centro. Al menos tres sentencias dictadas en Málaga obligan ahora a la Junta de Andalucía a readmitirlas con las mismas condiciones que tenían o pagarles una indemnización. Las trabajadoras esperan la readmisión.

Una de las sentencias, a la que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía, fue dictada el pasado 30 de marzo por el juzgado de lo social 2 de Málaga, y establece que el despido de la trabajadora fue improcedente. Se trata de una mujer que trabajaba en la Escuela Infantil El Faro, en Torrox (Málaga). La escuela estaba gestionada por Santa Gadea Gestión Aossa, S.A., cuyo contrato con la Junta de Andalucía venció el 31 de julio de 2019, al igual que las concesiones de las escuelas Mediterráneo de Almería, Rocío Jurado de Chipiona, Atunara de La Línea de la Concepción y Andaluna de Sevilla. Todas pidieron subrogarse como trabajadoras de la Consejería de Educación. La consejería se negó, aduciendo una supuesta imposibilidad jurídica.

El juzgado niega que exista tal imposibilidad. Al contrario, concluye que “no existe impedimento legal alguno” para que la consejería de Educación subrogue a trabajadores de la contrata cuando reasume un servicio previamente externalizado. Además, califica el despido como “improcedente”, condenando únicamente a la Consejería de Educación.

Esta es una de las tres sentencias emitidas, todas en el mismo sentido. Si la Junta de Andalucía no las recurre, serán firmes. Varios juicios en Málaga se celebraron antes de la declaración del estado de alarma, por lo que las sentencias se están conociendo ahora.

El despido de estas trabajadoras provocó una bronca política entre Ciudadanos y PSOE, que se repartieron culpas en un tenso Pleno celebrado en septiembre. Ciudadanos afeó al PSOE la externalización de las escuelas en tiempos de Susana Díaz; el PSOE afeó a Imbroda de engañar “sin escrúpulos” a las trabajadoras.

“Confiamos en la palabra de Imbroda”

“Estamos muy contentas porque vemos algo de luz”, admite Adelina Álvarez, directora de El Faro hasta el pasado verano. Ella y la mayoría de sus compañeras han pasado el año en paro y haciendo cursos. Ahora esperan recuperar su antiguo puesto. Asegura que tanto Javier Imbroda (consejero de Educación) como Elías Bendodo (Presidencia) les transmitieron que tendrían en cuenta el pronunciamiento de la justicia: “Confiamos en la palabra del consejero”.

Imbroda, que se decía “profundamente preocupado” por el asunto, siempre se mostró favorable a la subrogación en las reuniones que mantuvo con ellas. De hecho, la consejería negoció esa solución con Comisiones Obreras. Sin embargo, de un día para otro todo se torció. Imbroda alegó que los servicios jurídicos no permitían la subrogación, y pidió esperar a lo que resolvieran los tribunales.

Diego Molina, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, mantenía ya entonces que las trabajadoras ganarían en los juzgados. “Teníamos la experiencia del conflicto de las monitoras escolares de 2013, despedidas sin pudor por Luciano Alonso”, explica Molina. Aquellas 840 tuvieron que ser readmitidas después de que empezasen a encadenarse sentencias a su favor. Molina confía en que ahora la Consejería empiece a allanarse en los juicios de las escuelas infantiles que aún no se han resuelto.

Tanto las trabajadoras como el sindicato que las ha apoyado esperan que el Gobierno sea coherente con la posición que mantuvo el PP en el conflicto de los monitores escolares, cuando gobernaba el PSOE y los populares lideraban la oposición. El PP presentó entonces una proposición no de ley para subrogar a los trabajadores. “Los jueces están diciendo que la consejería las ha echado ilegalmente, por tanto deben readmitirlas. Imbroda decía que era de justicia que las subrogaran. Ahora es de justicia social que las readmitan”, pide Molina.