El Gobierno de Aragón elude abaratar los microcréditos para autónomos y emprendedores

El Gobierno de Aragón elude abaratar el acceso de autónomos, emprendedores y microempresas a la financiación y opta por mantener en sus líneas de crédito para estos colectivos las mismas condiciones que aplica la banca comercial.

Ocurrió con el Fondo de Apoyo a las Empresas de Economía Social y ha vuelto a ocurrir con el plan de Proyectos de Inversión para el Apoyo a la Actividad Comercializadora de Autónomos y Microempresas.

En ambos casos, los préstamos que canaliza Sodiar, la empresa pública de la comunidad creada para dirigir créditos al sector productivo contempla que el tipo de interés de las ayudas “estará dentro de los tipos de mercado, pudiéndose vincular al Euribor o señalar un tipo fijo”, medida a la que se añade la inclusión en los acuerdos de las comisiones de apertura, novación y cancelación anticipada “que se establezcan” más “las garantías que puedan solicitarse en cada financiación”.

Las órdenes que regulan esos fondos establecen al mismo tiempo que “el tipo de interés aplicable en cada línea podrá revisarse de manera periódica para adecuarlo a los tipos de mercado en cada momento”.

Siete millones en créditos y 118 en avales

El último de esos convenios señala que “concurren razones de interés público, social o económico, dada la reciente coyuntura económica de crisis económica y financiera”, para “captar financiación pública al menor coste posible, a fin de canalizarlo hacia iniciativas empresariales que creen o fijen empleo y autoempleo”, especialmente en sectores como el comercio minorista y los artesanos, “que encuentran mayor dificultad de acceso al crédito de entidades financieras privadas al carecer de patrimonio suficiente que avale este tipo de financiación”.

El plan, que incluye la participación de la comunidad en el capital de las pymes y microempresas, presenta la iniciativa como la creación de “una nueva línea de financiación que dote de apoyo financiero a emprendedores, pymes y microempresas aragonesas viables de los sectores artesano y de comercio interior que tengan necesidades de financiar, tanto proyectos de inversión como de circulante, en un proceso de implantación, consolidación y/o expansión empresarial”.

Sodiar ha financiado con préstamos por valor de 7.264.186 euros entre enero de 2016 y agosto de 2018 un total de 76 proyectos empresariales (a una media de 95.581) cuyos planes de negocio contemplan una inversión global de 54.192.047, la creación de 573 nuevos empleos y el mantenimiento de otros 834, según señala la consejera de Economía, Marta Gastón, en una respuesta parlamentaria.

Paralelamente, Avalia, otra de las empresas públicas de la comunidad autónoma, ha formalizado en los dos últimos años y medio, de enero de 2016 a junio de 2018, un total de 2.736 avales que sustentan créditos por valor de 118.493.083 euros, a una media de 43.308 euros por operación. Ese volumen sitúa en 169,7 millones el riesgo vivo de los avales vigentes de esta sociedad autonómica, con un aumento del 14,8% con respecto al cierre de 2015.

Renuncia a competir con la banca comercial

Tres años después de que las Cortes de Aragón aprobaran crear el embrión de la futura banca pública autonómica con la puesta en marcha de un instituto de crédito que activara el crédito e inyectara liquidez a la pequeña y la mediana empresa y a los autónomos, la comunidad sigue aplicando a estos sectores las mismas condiciones de acceso a la financiación que utiliza la banca comercial.

La resolución, aprobada por PSOE, Podemos, CHA e IU, apostaba por establecer convenios con el ICO (Instituto de Crédito Oficial) y captar instrumentos financieros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para abrir líneas de financiación de hasta 30.000 euros “a menores tipos de interés que los actuales”.

Sin embargo, el Gobierno de Aragón tardó apenas unos meses en enfriar ese proyecto al considerarlo “inadecuado” y “quizás excesivo para la finalidad que se persigue” porque supondría que la Administración autonómica pasaría a competir con la banca privada, según señaló el director general de Economía, Luis Lanaspa.

“La eventual creación de un instituto de crédito que canalice ese tipo de ayudas supondría entrar directamente a competir con entidades de crédito privadas”, sostuvo Lanaspa durante una comparecencia parlamentaria, en la que añadió que para captar los fondos del ICO y el BEI “no sería necesario un organismo que tuviera naturaleza de entidad de crédito”.