El Gobierno de Aragón enfría su proyecto de banca pública porque supondría competir con la privada
El Gobierno de Aragón ha enfriado el proyecto de crear un organismo para canalizar créditos públicos hacia las pymes, los autónomos y las entidades de economía social al considerar el modelo “inadecuado” porque supondría competir con la banca privada.
La creación del organismo, eventual embrión de una futura banca pública autonómica, fue aprobada por las Cortes a propuesta de Podemos con los votos de PSOE, CHA e IU y obtuvo el apoyo público de Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa. Su objetivo iba a ser inyectar a autónomos y pymes financiación “a menores tipos de interés que los actuales” del mercado bancario para, con unas cuantías máximas de 30.000 euros, “poner en marcha políticas activas de promoción de la actividad económica” en Aragón. Debía captar financiación pública para dirigirla a sectores estratégicos del microempresariado.
Sin embargo, el director general de Economía del Gobierno de Aragón, Luis Lanaspa, enfrió las expectativas durante una reciente comparecencia en las Cortes, en la que consideró “inadecuada” la creación del organismo con los planteamientos que aprobó la cámara “por ser quizá excesiva para la finalidad que se persigue”.
“Supondría competir directamente con entidades de crédito privadas”
“La eventual creación de un instituto de crédito que canalice ese tipo de ayudas supondría entrar directamente a competir con entidades de crédito privadas”, señaló, antes de apuntar que para obtener y canalizar fondos del ICO (Instituto de Crédito Oficial) y del BEI (Banco Europeo de Inversiones) “no sería necesario un organismo que tuviera naturaleza de entidad de crédito”. “Sería suficiente –añadió- que adoptase la forma de algunas de las entidades que ya forman parte del sector público aragonés”.
En la actualidad, según indicó, Sodiar financia una treintena de proyectos empresariales al año y Suma Teruel, unos quince.
No obstante, matizó que no se trataba de una posición definitiva sino de una opinión “a priori”, puntualizó que no se iba “a decantar por ningún modelo hasta que no sean valoradas todas las alternativas posibles” y remitió a un “amplio estudio” tras “los análisis preliminares acerca de la petición”, además de mostrarse partidario de activar “más líneas de financiación”, de diversificarlas y de replantear las condiciones de acceso para “aumentar el número de posibles beneficiarios”.
La crisis sigue asolando la pequeña y la mediama empresa
Mientras tanto, las pequeñas y medianas empresas, que generan el 70 % del empleo y de la riqueza de la Comunidad, junto con los autónomos, siguen sufriendo el grueso de los golpes de la crisis. La Estadística del Procedimiento Concursal del INE (Instituto Nacional de Estadística) revela cómo 147 de las 167 empresas que se declararon insolventes en Aragón el año pasado tenían menos de 50 trabajadores, y dos tercios de ellas -119- no llegaban a los diez.
Los datos sobre el volumen de negocio de las sociedades que entraron en concurso, más del 90 % de las cuales terminan liquidadas al ser inviable su reflotamiento, ratifican que son las pequeñas y medianas empresas las que con mayor gravedad están padeciendo los efectos de la crisis: la facturación anual de más de la mitad de ellas (92 de 161) se encuentra por debajo de los 500.000 euros, mientras que solo 26 superan el millón.
La crisis no está haciendo diferenciaciones entre emprendedores y sociedades con solera: solo 27 de ellas llevaban menos de cuatro años operando, mientras que casi la mitad superaban la década. De estas últimas, 40 pasaban de 20 años.
