El Justicia de Aragón pide al Gobierno que vete a los bancos que cobran comisiones
La Administración debería dejar de pagar las ayudas sociales a través de bancos que cobren comisiones a los destinatarios por gestionar sus cuentas o que puedan utilizar ese dinero para saldar deudas de quien las recibe. Es una de las principales conclusiones y recomendaciones que el Justicia de Aragón –defensor del pueblo autonómico- ha incluido en su Informe especial sobre personas en riesgo de exclusión social, recientemente remitido a las Cortes.
El Justicia aboga por buscar “una solución para prácticas bancarias tales como el cobro de comisiones de mantenimiento de cuentas corrientes en las que se ingresan las prestaciones” y, también, al uso de esos ingresos para compensar “las deudas por ellos contraídas y pendientes de pago con la propia entidad”.
La recomendación del Justicia tiene un potente calado económico, ya que la partida de ayudas sociales para este año supera los cien millones de euros: 77,7 en materia de dependencia y 32,5 en el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI, salario social), según anunció en las Cortes la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto.
El informe, que advierte de que esas situaciones siguen dándose “pese a la prohibición legal vigente en esta materia”, propone dos soluciones. Una consiste en que las administraciones aragonesas, Comunidad y ayuntamientos, básicamente, contemplen “la posibilidad del pago directo de la prestación al ciudadano”.
La otra apunta a “la firma de convenios con aquellas entidades bancarias que se comprometan a no incurrir en este tipo de actuaciones para que fueran estas las receptoras de los ingresos económicos de dichas prestaciones”. Es decir, pagar en mano a los destinatarios o trabajar solo con los bancos que no cobren por gestionar el dinero de los afectados.
El Gobierno de Aragón saldó la pasada legislatura el mandato de las Cortes para tomar una medida de ese corte, consistente en presionar a la banca para que no cobrara comisiones bancarias por la domiciliación de nóminas inframileuristas, con el envío de una remesa de cartas y una declaración de incompetencia que contradice a la asignación de competencias exclusivas en materia de Consumo que incluye el Estatuto de autonomía.
Salario social con carácter retroactivo
El informe del Justicia, que próximamente expondrá el documento ante las Cortes, sugiere otras medidas para paliar la situación de pobreza que azota a la Comunidad, básicamente generada por el deterioro del mercado laboral, y que tiene graves repercusiones en facetas como la alimentación.
Una de ellas consiste en “el reconocimiento de la prestación del IAI con efectos retroactivos, con la finalidad de que las dilaciones debidas al funcionamiento de la Administración no repercutan negativamente en los perceptores”. No obstante, el Justicia también se muestra partidario de supeditar la concesión de las ayudas sociales a que sus perceptores adquieran “una serie de compromisos” como realizar “cursos destinados a su integración sociolaboral y a su formación”, seguir “determinados hábitos de salud y de autoayuda” –incluiría los tratamientos y terapias en casos de enfermedad mental- y, también, cumplir con “la obligación de la asistencia a los centros escolares de los menores a su cargo.
El informe del Justicia de Aragón dedica especial atención a la pobreza energética, una lacra que sigue creciendo en Aragón y, especialmente, en su capital, Zaragoza, que aglutina a la mitad de la población.
La pobreza energética y las normas del sector eléctrico
En esta materia, en la que muestra el apoyo de la institución al Plan de Emergencia, reclama un consenso no solo político sino de ámbito social. “Todas las decisiones que sobre pobreza energética se adopten deberían tener en cuenta el medio y largo plazo, por lo que sería conveniente obtener el mayor apoyo social”, señala.
El documento propone la creación de “un fondo especial, gestionado con rigor, encaminado a atender situaciones especiales como pueden ser las que afectan a enfermos, ancianos o a familias con niños pequeños”, y hace hincapié en “la necesidad de proseguir con el análisis de la problemática que afecta a los usuarios finales de los servicios de suministro de energía, en su desigual relación con las empresas de producción, comercialización y distribución del sector, así como de sus posibles soluciones”.
En este sentido, propone que las instituciones aragonesas eleven al Gobierno central “propuestas de modificación de su normativa básica en interés de los sectores más vulnerables de la población, más allá de lo actualmente ya previsto, por ejemplo, en materia de bono social”. Las Cortes de Aragón tramitan actualmente una proposición de ley de Podemos que plantea, entre otras medidas, que los casi 3.400 millones de euros de los CTC (Costes de Transición a la Competencia) que las compañías eléctricas recibieron del Estado de manera irregular sean destinados a evitar cortes del suministro a hogares en riesgo de exclusión.
Medidas en marcha
El Justicia reclama también en el documento la extensión de algunas medidas que ya aplican algunos ayuntamientos como el de Zaragoza, gobernado por ZeC, caso de la posibilidad de que personas sin techo puedan empadronarse en los albergues municipales.
La falta de un domicilio habitual, señala, “no debería ser óbice para que cualquier persona que demuestre tener un vínculo con el territorio pueda acceder al padrón del municipio demandado”. Y, en ese sentido, anota que la inscripción en un alojamiento social permitiría “establecer un mecanismo de detección del riesgo del denominado sinhogarismo” y “orientar a las personas afectadas hacia las infraestructuras a su disposición”.
El informe sugiere otras medidas, algunas de las cuales está implementando el Gobierno de Aragón (PSOE-CHA) a través del reciente Decreto de Emergencia. Una de ellas es la declaración de inembargabilidad de las prestaciones económicas de carácter social, a la que resalta la necesidad de añadir el veto a que “puedan ser compensadas con deudas de sus beneficiarios”.
Otra es la obligatoriedad de que las personas expuestas a un desahucio y las administraciones dispongan de un plazo de tiempo con el fin de buscar “una alternativa digna para que nadie pueda vivir en la calle”. “No debería producirse el desalojo sin previsión de realojo, máxime cuando se vean afectados menores de edad, personas mayores o vulnerables”, indica el documento.
