Casi la mitad de los parados carece de cobertura social en Aragón: el subsidio se agota o es inaccesible

La crisis pandémica ha intensificado hasta niveles de alarma miles de familias y decenas de miles de trayectorias personales los terribles efectos que ya estaba teniendo la perniciosa combinación de un sistema económico con un desmesurado peso de los servicios y un régimen laboral de claras tendencias precarizadoras para un amplio número de los trabajadores de la comunidad.

Las elevadas tasas de temporalidad, con más de 100.000 asalariados eventuales de un total de en torno a 470.000 según los datos de la última EPA (Encuesta de Población Activa), y de parcialidad, con más de 70.000 ocupados con jornadas incompletas de un total de 570.000, se traducen en carreras de cotización de bajas aportaciones y frecuentes lagunas con efectos directos en la posibilidad de acceder a una prestación o un subsidio en caso de perder el empleo.

Y la pérdida del empleo ha sido especialmente frecuente en algunas de las ramas del sector servicios, de la que proceden algo más de dos terceras partes de los parados registrados en las oficinas del Inaem.

Las dificultades de acceso que se derivan de esas condiciones laborales están alcanzado la categoría de imposibilidad para casi la mitad de los desempleados aragoneses, según ponen de manifiesto los datos del Análisis del Mercado Laboral 2020 que ha elaborado UGT-Aragón: solo 43.152 de los 82.365 parados registrados al cierre del año recibían una prestación contributiva o un subsidio asistencial, lo que supone que un 47% de quien pierde un empleo por cuenta ajena no recibe ningún tipo de ingreso público.

Las mismas tasas con casi 20.000 parados más

Esa tasa de cobertura se ha ido deteriorando de una manera progresiva desde que comenzó la pandemia y, con ella, unas restricciones con las que, a falta de confirmación oficial y según las estimaciones del Banco de España, la actividad económica de la comunidad ha sufrido un desplome ligeramente superior al 8%: una merma del volumen de negocio de más de 3.100 millones de euros que en nueve meses prácticamente iguala al registrado en todo el cuatrienio 2009-2012.

La tasa de cobertura, que superaba el 64% en enero y febrero, cayó por debajo del 60% en junio y bajó otro escalón en septiembre para moverse entre el 51% y el 53% en el trimestre final del año.

“A principios de año, con 67.635 parados se pagaban en Aragón 40.286 prestaciones, lo que daba cobertura al 64,75% de los parados. En diciembre, el número de prestaciones, exceptuando las de los ERTE, se mantenía en cifras similares, 40.737, pero con más de ochenta y cinco mil parados, por lo que la tasa de cobertura real había descendido al 53%”, señala el informe de UGT. Esa cifra subía a más de 87.000 al cierre de febrero.

Los subsidios se agotan sin que llegue el Ingreso Mínimo Vital

La evolución de los tipos de cobertura, siempre sin incluir a los afectados por los ERTE, ofrece datos inquietantes, ya que el número de perceptores de subsidios pasó de los 14.731 de febrero, en mes previo al confinamiento, a 16.610 en diciembre (tras haber alcanzado los 16.999 en mayo) mientras el de beneficiarios la Renta Activa de Inserción se mantenía en el entorno de los 1.700, con una ligera tendencia alcista a partir de agosto, y el de las prestaciones iba mermando, de las casi 27.000 de mayo a menos de 20.000 en octubre y poco más de 21.000 en diciembre.

¿Y qué es lo que ha ido pasando en esos nueve meses para que se estén dando esas tendencias? Básicamente, que han ido cayendo en el desempleo trabajadores sin una carrera de cotización suficiente para acceder a la prestación, ni tampoco al subsidio asistencial de 460 euros, y que quienes sí los recibían han ido quedando fuera, primero de una y luego de otro, al no haber podido emplearse de nuevo antes de que eso ocurriera.

“El número de parados de larga duración apenas se ha modificado en 2020”, indica el informe de UGT, que añade que, “de hecho, ha disminuido entre los hombres y ha aumentado entre las mujeres, pero en cifras poco relevantes”, y que eso “ha hecho que el porcentaje de parados de larga duración sobre el total haya bajado en ocho puntos”.

Sin embargo, advierte de que “puede tratarse de un espejismo, puesto que seguramente conforme se genere empleo y disminuya el número de parados, los que ya estaban en esa situación van a tener más dificultades para incorporarse a un trabajo”.

El ‘plan b’ del Gobierno ante ese previsible incremento del número de personas sin ingresos fue la puesta en marcha del IMV, el Ingreso Mínimo Vital, cuya última actualización, remitida por el Gobierno al senador de Compromís Carles Mulet, muestra unos avances más bien escuálidos en su despliegue en Aragón: oficialmente hay 12.965 beneficiarios, 6.724 de ellos menores de edad, cuando solo se han aprobado 4.590 solicitudes de 14.980 presentadas. Hay 3.395 en revisión mientras otras 6.995, el 47,7% del total sin incluir las duplicadas, han sido denegadas.