Democracia de propietarios

El aumento de los precios de la propiedad inmobiliaria, al calor de la evolución alcista del número de operaciones de compraventa, parece el signo de la resurrección del sector inmobiliario. En el caso español, esto transciende a la marcha de un área económica cualquiera ya que, como demostraron I. López y E. Rodríguez, desde el Observatorio Metropolitano de Madrid, la economía española se ha convertido en un polo de captación de capitales financieros internacionales con objeto de su procesamiento e incremento a través de esta especialización productiva. Desde una perspectiva política, éste es un contexto favorable a la continuidad del status quo, en la medida en que, por la particular estructura social de la propiedad, con una mayoría de propietarios, los periodos alcistas del ciclo inmobiliario-financiero se traducen en incrementos patrimoniales y sensaciones de riqueza bastante distribuidos, antítesis de la exclusión creciente que ha supuesto el rasgo sociopolítico y la oportunidad seguramente más singular de la crisis.

De forma menos coyuntural, desde la perspectiva de la producción de subjetividad y de las relaciones metropolitanas, la propiedad inmobiliaria marca una brecha sin mediación. Uno de los puntos de contacto recurrentes, en particular al inicio de curso, es el alquiler. Como toda interacción comercial, el arrendamiento de vivienda para uso habitual está repleto de violencias, especialmente crudas en torno a la necesidad impostergable que tiene una de las partes de disfrutar de un piso. La cualidad minoritaria de las poblaciones no-propietaras las convierte en sospechosas habituales. Constantemente deben exihibir pruebas de confianza, de solvencia y de vida normalizada que nunca se pedirían a la contraparte del contrato, cuyo título de propiedad atrae per se esa condición de ciudadano, sujeto de confianza y eje por escelencia de las democracias liberales. Incluso la ola municipalista, democratizante en su esencia, acusa de forma constante ese deje territorializador en la política de los barrios, de las asociaciones y de la ciudadanía propietaria en definitiva.

Nada muy distinto ocurre, como hemos comprobado estos días, en el impusto municipal por excelencia. En tanto que vinculado a la propiedad inmobiliaria, el IBI se encuentra en las antípodas de la universalidad. Sin embargo, existe tanta gente sin otro patrimonio que aquel objeto de gravamen que en el debate político, con motivos más o menos fundados, opera como asunto universal, igualando perversamente la condición de ricos hasta la nausea y de titulares mínimos, de personas para quienes la propiedad es su único medio de inclusión social y de empresas para quien es un puro medio de producción. Se trata todavía del terreno de la democracia ciudadanista de propietarios.

El derecho a la vivienda, cuyo corazón no se sitúa en la condición abstracta de la propiedad sino en la fáctica de la posesión, puede dibujar una ruptura respecto a este cierre de la polis de propietarios. Desde este enfoque, las políticas de empoderamiento de la condición de no propietario (medidas anti-desahucios, pro-arrendamiento, gravamen de viviendas injustificadamente vacías, estrategias de mediación a gran escala...) podrían reducir la intensidad de esa violencia invisible que atraviesa nuestras ciudades e integrar por la vía material más que retórica a ese cuerpo de excluidos tradicionales en el marco discursivo de la política metropolitana. Así, una democracia post-ciudadanista se parece más a la composición actual y plebeya de la riqueza urbana que aquella obligada a guardar las servidumbres hederadas de la estructura social tardofranquista.

 

David Vila-Viñas.