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El Gobierno de Aragón niega que se hayan paralizado las obras de urbanización de Castanesa

Las obras se han paralizado por no disponer de los permisos pertinentes

El Gobierno de Aragón niega rotúndamente la información proporcionada este miércoles por la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, en la que se aseguraba que las obras en la urbanización del valle pirenaico de Castanesa se habían paralizado por “ser ilegales y no contar con los preceptivos estudios y permisos previos necesarios para su inicio”.

La ampliación de la estación de Cerler: ¿Riqueza para el valle o especulación urbanística?

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Desde el Ejecutivo autonómico aseguran que ni se han paralizado, ni son ilegales. A instancias de Aramón, señalan, "Patrimonio está supervisando unos restos arqueológicos y se seguirá el trámite administrativo". Patrimonio, explican, "siempre trata de compatibilizar las obras con la preservación de los restos y en esa línea está trabajando. En función de lo que se decida desde Patrimonio se actuará".

Todo lo contrario aseguran desde dicha Plataforma, uno de sus representantes, Paco Iturbe, afirma que el pasado martes, 17 de septiembre, "desde la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón nos aseguraron que las obras estaban paradas porque faltaban los permisos. Y nosotros subimos a comprobarlo y así era".

En el comunicado de la Plataforma se decía que la ampliación de Cerler por Castanesa, era “un proyecto del pasado, de la época de la burbuja inmobiliaria, que contaba con una declaración de impacto ambiental (DIA) aprobada en el 2010. Dicha DIA está en estos momentos obsoleta y desfasada, no incorpora la cuantiosa legislación al respecto aparecida en el último lustro, no contempla la situación del cambio climático ni un estudio de innivación (en una estación que depende de la existencia de nieve) ni incorpora el cambio fundamental que supone que el plan de ordenación urbanístico en el que se basa la construcción de la estación fuera anulado por los tribunales dejando dicha construcción sin base legal”.

A pesar de todo ello, continuaban, “esta DIA, aún obsoleta y desfasada, marcaba unas condiciones mínimas (un condicionado ambiental) a cumplir previas al inicio de las obras. Sin embargo, la empresa Aramón S.A. había comenzado dichas obras sin cumplir con dicho condicionado mínimo y saltándose la escasa legalidad que tenía que cumplir”.

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