Aragón alega que el real decreto del Gobierno central sobre centros de datos pone en riesgo las inversiones

Aragón ha presentado, como anunció, alegaciones al real decreto del Gobierno central para restringir la proliferación de centros de datos en el país trasponiendo la normativa europea. El Ejecutivo autonómico sostiene que el proyecto de normativa puede incurrir en una “extralimitación competencial”, que pone en riesgo la “confidencialidad ” y que contempla “criterios de difícil o imposible cumplimiento práctico”.

Entre los requisitos que plantea el Ministerio para la Transición Ecológica en el mencionado decreto, actualmente en fase de consulta pública, está la obligación de los centros de datos a revelar su consumo de agua y luz. También deberán publicar y “acreditar” datos de empleo directo e indirecto creados, su impacto en la economía local o la ubicación de clientes potenciales. También contempla la necesidad de que establezcan “condiciones” para que las granjas de servidores aprovechen “su calor residual para la climatización u otros usos de calor en los municipios y entornos colindantes”. Por último, “se exigen criterios de excelencia a los centros de datos más grandes”, aquellos con más de 100 megavatios (MW) de potencia, debiéndose situar en el 'top 15%' de las instalaciones comparables.

Para el Gobierno de Aragón, estas obligaciones “se extralimitan” ya que la Ley del Sector Eléctrico “establece que los permisos de acceso a las redes eléctricas solo pueden denegarse por falta de capacidad en las mismas y no por motivos ajenos como la eficiencia energética”. Además, expone la alegación –recién presentada–, “se introduce un trato discriminatorio en el acceso a las redes en función del tipo de consumo”, lo que entraría en contradicción con las directivas de electricidad.

Desde el punto de vista del Ejecutivo de Jorge Azcón, los requisitos impuestos por el proyecto exceden a los que ha marcado Bruselas. Así sucede en cuanto a la recogida de datos, ya que la exigencia de aportar “empleo generado, cualificación profesional, impacto territorial, análisis del impacto en la economía local y nacional” no aparece en la directiva comunitaria.

La publicación de toda esta información en la web del Ministerio, sostiene el Gobierno regional, contraviene la obligación de “mantener la confidencialidad de los indicadores clave de rendimiento de cada centro de datos”. “La normativa europea solo prevé la publicación de información agregada, nunca individualizada”, indica. Esto daría lugar, lamentan, a una “pérdida de competitividad”.

Otra “barrera no prevista” en la Directiva europea es la imposición de situarse en el 'top 15%' más eficiente, lo que supone un “trato desigual” para los centros de datos.

En el siguiente apartado, el Gobierno de Aragón desgrana por qué considera que algunas obligaciones incluyen “criterios de difícil o imposible cumplimiento práctico”, cuyas “cargas adicionales” pueden desviar “inversiones hacia otros países”.

Entre ellas está el aprovechamiento del calor residual. Así, critica que este plan se exija “en el momento en que se solicita el acceso y la conexión a la red”, cuando aún “no se ha garantizado el acceso a la energía”. Esto, apunta, “carece de sentido” teniendo en cuenta que en esa fase es aún un proyecto “que podría no llegar a obtener la energía necesaria para implantarse”. El Ejecutivo regional plantea que el requisito, que considera positivo, se imponga “paralelamente a la autorización para la ejecución de las obras”.

También respecto a los sistema de reutilización del calor, el documento recuerda que en España estas redes “son todavía incipientes y requieren planificación urbana y financiación pública”. Y añade: “Imponer en solitario esta obligación a los operadores puede resultar impracticable sin infraestructuras externas”. El Gobierno de Aragón propone la firma de “convenios de colaboración” para desarrollar estas iniciativas.