Los municipios de Aragón de más de 10.000 habitantes carecen de una estrategia global contra el cambio climático

¿Qué política desarrollan los ayuntamientos aragoneses  de más de 10.000 habitantes en la lucha contra el cambio climático? En general, aplican actuaciones concretas relacionadas con la contaminación acústica, atmosférica, lumínica y de recogida de residuos, pero no existe una homogeneidad y no hay una política global para hacer frente a los desafíos del cambio climático.

Un informe de la Cámara de Cuentas de Aragón hecho público en el último trimestre de 2019, que fiscaliza las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los ayuntamientos más importantes de la Comunidad, destaca los esfuerzos medioambientales realizados por los municipios, pero advierte que su estrategia “carece de una política global clara; ya que es necesaria en el ámbito de las actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos, una planificación que permita identificar los objetivos y marcar hitos en su consecución, con el fin de obtener resultados globales satisfactorios”. El informe analiza las medidas puestas en práctica en Barbastro, Fraga, Huesca, Jaca y Monzón, en la provincia de Huesca; Alcañiz y Teruel, en la provincia de Teruel; y Calatayud, Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballeros, Tarazona, Utebo  y Zaragoza, en la provincia de Zaragoza.

En los últimos años, todos los ayuntamientos de mayor problación han aprobado alguna norma cuyo objeto es la protección del medio ambiente y han realizado diversas campañas de sensibilización ciudadana, lo que evidencia un una mayor conciencia municipal medioambiental. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de estos municipios han firmado los compromisos de la Agenda 21 Local, que exige la realización de una Auditoría Ambiental en diferentes fases que culminaba con una Declaración Ambiental, lo cierto es que únicamente la han realizado Utebo y Zaragoza. Huesca y Teruel no han desarrollado ninguna fase de esa auditoría. El estudio fiscalizador redunda en la idea de que ningún ayuntamiento ha identificado de forma específica en sus presupuestos anuales los gastos para inversión y desarrollo en medio ambiente. Además, los gastos medioambientales no están siempre unificados en un único programa presupuestario, con lo que se dificulta su seguimiento y la definición de indicadores. De los nueve municipios que tenían prevista una partida específica en 2017, el gasto total ascendió a 3,8 millones de euros (el 71% de lo presupuesto). 

Actuaciones específicas

En términos globales, las actuaciones específicas puestas en práctica son variadas y no existe homogeneidad entre los ayuntamientos auditados por la Cámara de Cuentas. Así, por ejemplo, en materia acústica, ninguno cuenta, según datos de 2017, con estaciones que midan el ruido ni con protocolos para los casos en que se superen los objetivos de calidad acústica. Algo similar sucede con la contaminación lumínica.

Sí que existe mayor sensibilidad municipal en la implantación de la recogida selectiva de residuos y la disposición de puntos limpios fijos o móviles, aunque sólo Utebo tenía aprobado un Programa de Gestión de Residuos para el periodo 2014-2019. Únicamente, Barbastro y Zaragoza realizaron informes anuales de coyuntura.

Respecto a la contaminación atmosférica, sólo Zaragoza y Jaca cuentan con normativa específica. Zaragoza cumple la obligación de medir la calidad del aire y comunicar los resultados.

El trabajo auditor de la Cámara de Cuentas advierte en sus recomendaciones que los ayuntamientos deberían establecer indicadores que permitan determinar el ahorro alcanzado con las actuaciones, poder valorar los resultados en cuanto a la mejora del medio ambiente y en su caso poder corregir las actuaciones. “Es necesario que las Entidades locales prioricen los problemas medioambientales para poder responder al problema del cambio climático. Además,  como administraciones más próximas al ciudadano y a la gestión, pueden realizar la labor de concienciación a los ciudadanos y comunicación e información necesarias frente al reto de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles, para lo que deberán asignar más recursos y personal a las políticas medioambientales, en coordinación con todas las instituciones territoriales, acelerando el ritmo del mismo, en coherencia con las acciones internacionales que se dicten al respecto”, concluye.