El Gobierno del PP en Aragón retrasa el desarrollo de aspectos clave de la Ley del Juego y enfada a los colectivos afectados

Casi tres años después de la aprobación de la nueva Ley del Juego de Aragón, el Gobierno del PP en la comunidad tramita el desarrollo de la normativa con acciones como la limitación en el número de tragaperras en los bares, pero sin embargo ha dejado al margen aspectos clave como el control de acceso a estas máquinas para menores o jugadores autoprohibidos. Esto ha provocado el enfado entre el colectivo de afectados, que reclaman al Ejecutivo autonómico que aplique la legislación para que estos dos colectivos sensibles no accedan a los dispositivos en los locales de hostelería.

Los españoles juegan anualmente en torno a 34.000 millones de euros, la gran mayoría –casi 30.000 millones– en apuestas presenciales. Mientras, la deuda media de las personas que reclaman ayuda alcanza los 26.500 euros, según los últimos datos disponibles. Innumerables estudios científicos han determinado los “graves daños” que produce el juego de apuestas, con afecciones no solo individuales, sino sociales, económicas o educativas, y con implicaciones a todo el entorno del adicto o adicta.

El lunes salió a información pública el Reglamento General del Juego en Aragón, la principal herramienta para desarrollar la ley de 2023, que vio la luz al final del Gobierno de Javier Lambán. Una normativa que aumentó las restricciones para un negocio legal pero con una importante connotación social, ya que constituye un problema sanitario de primer orden. Con dos colectivos especialmente sensibles: el de quienes se diagnostican como adictos e integran el registro de autoprohibidos y el de los menores de edad.

Señales luminosas y reclamos en máquinas recreativas que contravienen la normativa autonómica.

Entre las medidas que impulsó la normativa de hace tres años están la limitación física de 500 metros entre los nuevos locales o la prohibición de sacar dinero con tarjeta de crédito en los propios establecimientos para poder jugar, uno de los aspectos más novedosos y que más protestas generó entre la patronal. También venían contemplados aspectos muy relevantes, pero pendientes de un desarrollo posterior, como la obligación de instalar en las tragaperras dispositivos de acceso y control remoto, para mejorar el control de quienes hacen uso de ellas.

Ahora, el Reglamento del Juego de Aragón –en fase de información pública– sí que recoge novedades importantes y que son valoradas por el colectivo de afectados. Por un lado, reduce de seis a dos el número máximo de máquinas tragaperras en los locales de hostelería, o excepcionalmente tres cuando pertenezcan al mismo operador. Además, topa el total de este tipo de máquinas –denominadas B.1– en la comunidad y fija el máximo en 5.600 autorizaciones, frente a las 6.200 existentes hasta ahora. Junto a esto, se obliga a las salas de bingo a cerrar como tarde a las 2:00 horas –como los salones de juego–, dos horas antes que en la actualidad.

Sin embargo, el Reglamento no aborda la implantación de mecanismos de identificación y control de las máquinas B1 en hostelería. Desde el Ejecutivo autonómico se limitan a asegurar que se sigue “estudiando”, pese al tiempo transcurrido de la aprobación de la ley.

En la actualidad, muchas tragaperras en Aragón siguen sin incorporar señales visuales que adviertan a menores y autoprohibidos de que no deben jugar. Otras –como se puede observar en la foto superior– sí que incluyen estos mensajes, pero situados junto a QR que enlazan con las ofertas de juego de la empresa. Y en muchos casos, al contrario de lo que exige la normativa, las tragaperras siguen encendidas y llamando al juego cuando están inactivas.

Desde los afectados, hay críticas por la tardanza en desarrollar estos aspectos clave de la ley. La Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar (Azajer) valora positivamente las mejoras introducidas, pero echa en falta que el Gobierno de Aragón vaya más allá.

“Nuestra opinión es que tiene que cumplirse la ley, y a día de hoy no se cumple”, recuerda su presidenta, Miriam Gañán, quien lamenta que en los bares las máquinas tragaperras no tengan “ningún control de acceso” y cuando “la ley lo especifica”. “Siguen emitiéndose estímulos sonoros y visuales, han tenido tiempo para cumplir con la normativa”, lamenta también Gañán, quien destaca que siguen encontrándose “a pacientes autoprohibidos y a menores que han jugado en bares”.

“Los salones muchas veces no cumplen, tampoco con la publicidad en redes”, asegura. Y pone como ejemplo una reciente denuncia de Azajer por presunta infracción de la Ley del Juego por parte de los salones del grupo empresarial Alea, con comunicaciones comerciales en Facebook o Instagram en la que se estimula la práctica del juego y se atrae la atención de personas menores de edad.