Aragón declaró en riesgo a 724 menores en 2022, el 70 % de las diligencias previas

Aragón registró el año pasado diligencias previas sobre situaciones de riesgo sobre 1.031 menores y declaró en riesgo a 724, el 70%, y la gran mayoría tuvieron que ser apartados del núcleo familiar. Así se constata en el Informe Especial del Justicia de Aragón sobre las situaciones de riesgo en la Infancia y Adolescencia que ha presentado este martes el lugarteniente de la institución, Javier Hernández, acompañado por los asesores Andrés Esteban y Susana Valimaña, tras su entrega a la presidenta de las Cortes, Marta Fernández.

El Justicia ha elaborado este informe de oficio a raíz de un trabajo más amplio de todas las Defensorías del Pueblo que culminó la semana pasada en unas jornadas celebradas en Barcelona sobre situaciones de riesgo de infancia y adolescencia, ha destacado el lugarteniente, y evidencia que Aragón se ha quedado “en el vagón de cola” respecto a su marco normativo, que fue pionero en 2001 y que hay que modificar “sí o sí” para adaptarse a los cambios en la legislación nacional de protección jurídica del menor y de la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

No obstante, Esteban ha resaltado que Aragón, aún teniendo que modificar su normativa, es de las pocas comunidades autónomas en las que no hay ningún menor de 6 años en un centro residencial y los menores que tuvieron que salir del núcleo familiar el año pasado se distribuyen entre centros de acogida, acogimiento familiar (entre 150 y 200) y en pisos en proceso de emancipación. Además, en la Comunidad tampoco hay macrocentros para acoger a los menores. 

La ausencia de atenciones físicas o psíquicas, la negligencia en el cuidado, la exposición a situaciones de violencia, la utilización del castigo habitual y desproporcionado, el consumo habitual de drogas por los menores, niñas víctimas de violencia de género o los ingresos múltiples de menores en hospitales con síntomas recurrentes que no se confirman con el diagnóstico son algunos de los indicadores de situaciones de riesgo en la infancia y la adolescencia.

La clave, ha destacado Esteban, es la prevención y, como establece la ley, la posible situación de riesgo la ha de notificar a los servicios sociales toda persona que la detecte, desde el ámbito educativo o sanitario al familiar, policial, centros de tiempo libre, servicios comunitarios o ciudadanía en general para que se intervenga en función de la gravedad. “Sin detección no hay protección”, ha enfatizado Esteban. 

De esta forma, los casos se estudian para determinar si hay o no situación de riesgo desde el seguimiento por parte de los servicios sociales de base si se ha detectado algún indicador a programas de apoyo familiar o con notificación al servicio especializado de menores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales si el riesgo es moderado. En Aragón, a diferencia de otras comunidades, es el Gobierno autonómico el competente para declarar el riesgo.

El asesor del Justicia ha incidido en la evolución de los datos de diligencias previas y declaración de riesgo entre 2018 y 2022 y el periodo de la pandemia, con una menor llegada también de menores migrantes. Así, de 1.377 diligencias en 2019 se pasó a 990 al año siguiente, con un 59 % de casos de riesgo y un 77 %, respectivamente, y eso evidencia una “invisibilidad” durante el covid, ya que en lugar de ser el pediatra o la maestra quien detecta el riesgo, “aparecieron en urgencias”. 

“Cuando no se detecta para poder prevenir, hay que intervenir posteriormente en situaciones más graves y a veces irreversible, como ha sucedido en algún caso en Aragón que ha llegado a situación de muerte”, ha enfatizado.

Aunque en Aragón ha habido avances, como ha destacado Valimañana, los recursos y las políticas públicas no son suficientes para poner a la infancia en el centro, con escasez de profesionales en los servicios sociales comunitarios y déficit de actividades preventivas, también de información a las familias afectadas por la intervención. Además, ha subrayado la importancia que tiene la formación en indicadores de riesgo y conocimiento de los protocolos para la adecuada detección y notificación.

En el informe, con datos aportados por 17 comarcas y por los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud -que agrupan en torno al 78 por ciento de la población infantil de Aragón-, el Justicia incluye 14 propuestas, entre ellas, que el Gobierno de Aragón adopte las medidas para actualizar la legislación respecto a la infancia y la adolescencia en Aragón o que las administraciones públicas diseñen políticas públicas que pongan a la infancia en el centro para garantizar sus derechos y atención integral.

También que las administraciones públicas incrementen los recursos destinados a intervenir en situaciones de riesgo en la infancia, que inviertan en medidas de prevención de las situaciones de riesgo de desprotección dirigidas a todos los ámbitos (socioeducativo, salud, educación y servicios sociales), que elaboren de forma homologada y colaborativa fuentes de datos que permitan establecer estrategias y actuaciones públicas acordes con las necesidades o que aumenten las medidas de coordinación y colaboración para evitar fragmentación en la intervención.

Asimismo, el Justicia plantea que fomenten la parentalidad positiva basada en las necesidades y derechos de la infancia y adolescencia, que refuercen los servicios sociales comarcales para potenciar la igualdad en el acceso a los servicios públicos necesarios, que mantengan activos los mecanismos de detección de situaciones de riesgo, actuando de forma coordinada y colaborativa, y que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón revisen y, si es posible, acuerden las medidas necesarias para que la ciudad de Zaragoza asuma las mismas competencias en materia de intervención en situación de riesgo que el resto de entidades locales de Aragón.