La carrera burocrática de los migrantes que esperan regularizarse en Aragón: “Tengo miedo de no conseguirlo”

Año 2015. El segundo pico histórico de homicidios en El Salvador marcaba una tasa de 105 por cada 100.000 habitantes. Tras un episodio violento, el hijo de Elena Ramos decidió emigrar a España hace siete años. Cuatro años después, su hija también optó por irse a vivir a España. Ellos siempre pensaron en traer a su madre, porque ya no le “ataba nada a su país” y así poder reunirse los tres. Hace dos años que ese anhelo se convirtió en realidad, y ahora Elena sueña con regularizar su situación en España para obtener un permiso de residencia y trabajo.

A mediados de de abril, el Consejo de Ministros aprobó el proceso de regularización administrativa extraordinaria para miles de personas migrantes que residen en nuestro país. Elena reaccionó de dos maneras: “Primero veía que era algo muy bonito para hacerlo tan fácil. Y la otra es que ya que se presentaba la oportunidad lo iba a intentar, pero ahora mismo te ponen muchas pegas”. Su dedicación es cuidar a personas de la tercera edad, niños y niñas, y también es voluntaria en Cruz Roja. “En este país hay muchas oportunidades. Gracias a esta regularización no sé si se dará el caso de que algún día pueda jubilarme, pero sé que mis hijos sí lo harán”, indica con ilusión.

Cuellos de botella

El calmado acento salvadoreño de Elena, de 50 años, se opone al estrés que supone lidiar con la cantidad de papeleo que debe presentar. Pasaporte o documento equivalente, prueba de que estaba en España antes de 2026, acreditación de los cinco meses de estancia continuada, certificado de antecedentes penales y, en muchos casos, requieren demostrar alguna vinculación o integración como actividad laboral, vínculos familiares o situación de vulnerabilidad social.

“Tengo que presentar recibos de luz o agua y no puedo porque, aunque pago esos servicios, no están a mi nombre. Pago mi habitación, pero los recibos van a nombre del casero”, explica. Otro quebradero de cabeza es el certificado de vulnerabilidad. Elena estuvo desde las cinco de la mañana hasta las once esperando para recibir este documento en una ONG porque los servicios sociales del Ayuntamiento están saturados. “Solo dan cincuenta al día. Tuve suerte, porque me encontré con personas que habían ido tres veces y todavía no lo tenían”, asegura con alivio.

Sin embargo, se pregunta por qué no quitan este requisito. Las organizaciones que trabajan con personas migrantes dan por sentado que quienes viven en situación irregular en un país que no es el suyo se encuentran, directamente, en una situación vulnerable. Suelen convertirse en objetivos fáciles de explotación laboral y, debido al elevado coste de la vivienda, a menudo se ven obligados a residir en espacios masificados.

Uno de los principales obstáculos radica en la necesidad de acreditar la estancia continuada en España antes de 2026. Muchos inmigrantes en situación irregular trabajan en economía sumergida o carecen de documentación oficial suficiente, lo que complica demostrar su presencia en el país mediante empadronamientos, informes médicos o certificados sociales. Los perfiles más precarios son también los que tienen más dificultades para reunir toda la documentación exigida dentro del plazo.

“Tengo miedo de que no llegue a regularizarme”

Uno de los principales desafíos de este proceso es evitar que parte de la población beneficiaria se quede fuera por falta de tiempo o dificultades burocráticas. Aunque existen varios meses para presentar solicitudes, el sistema tensionado y el elevado volumen de expedientes se topan con la escasez de recursos administrativos. Esta presión coincide con un volumen elevado de potenciales beneficiarios —entre 15.000 y 17.000 en Aragón, según la Delegación del Gobierno— concentrado en un corto período de tiempo. “Los espacios que han abierto para tramitar el papeleo son muy pocos, creo que lo han hecho con doble sentido. Desde el principio dije que esto es demasiado bonito para ser real. Sí que tengo miedo de que no llegue a regularizarme. Puede pasar, pero no solo a mí, a mucha gente”, asume Elena. 

En su caso, va a cumplir dos años de residencia en España y podrá optar a una legalización de su situación mediante un precontrato de trabajo. Solo necesita que un empleador con el que ya trabaja esté dispuesto a facilitarle ese documento, una vía que le permitiría acceder a un permiso de residencia de más duración, cinco años en lugar de uno. “Durante ese año tienes que estar trabajando. Si cuando llega el momento de renovar no tienes trabajo, no te los renuevan. Ahora mismo me siento un poco frustrada”, confiesa.

Desde que llegó a España tuvo claro que quería salir adelante trabajando. Aunque le recomendaron acudir a organizaciones y entidades sociales, nunca se ha sentido cómoda pidiendo ayuda y siempre ha preferido ganarse la vida por sí misma. Sin papeles, explica, encontró empleo gracias al boca a boca y a las recomendaciones de personas que habían trabajado con ella antes. “Si alguien te da una oportunidad sin conocerte, hay que ser agradecido y responder haciendo bien tu trabajo”, sostiene.

No tener documentación le limita aspectos básicos de la vida cotidiana, desde cotizar a la Seguridad Social hasta acceder a medicamentos más asequibles o realizar trámites económicos con normalidad. También lamenta que, pese a contribuir al sistema a través de impuestos como el IVA, esa aportación no quede reflejada. Aun así, insiste en que España ofrece oportunidades difíciles de encontrar en su país de origen, donde, dice, “para que un niño pueda beber un vaso de leche, una madre tiene que hacer un gran sacrificio”.