El Gobierno de Aragón autoriza sondear un pozo de gas en Graus pese al rechazo del territorio

El Gobierno de Aragón ha autorizado las prospecciones de gas para la reapertura del pozo Carlota en Centenera, en el término municipal ribagorzano de Graus, a pesar de la oposición y los resquemores existentes en la zona y a la similitud de las técnicas que prevé utilizar la empresa promotora, Pyrenees Energy Spain, con el ‘fracking’ o fractura hidráulica, un formato que el propio ejecutivo puso hace cinco años en su ‘lista negra’ ante las desastrosas consecuencias geológicas y los episodios de contaminación de acuíferos que estaba provocando en todo el planeta.

El Inaga (Instituto Aragonés de Garantía Ambiental) ha emitido una declaración de impacto ambiental favorable para los sondeos en busca de hidrocarburos en la que da a la firma promotora un plazo de cuatro años para poner en marcha los trabajos y en el que incluye varias condiciones para evitar una de las consecuencias habituales del ‘fracking’.

En este sentido, la empresa deberá contar con un “plan de aseguramiento y seguimiento de la calidad de las aguas” con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) cuya finalidad será “controlar la calidad de las aguas en el entorno y en los distintos manantiales y cauces que se nutren de los niveles acuíferos.

“En caso de que el seguimiento indique que se está provocando una contaminación de las aguas por causas relacionadas del proyecto y con cargas contaminantes que superen los umbrales máximos admitidos se detendrán inmediatamente las operaciones de reentrada en el sondeo”, señala la autorización ambiental, que añade que, en todo caso, las nuevas medidas que deberían permitir reanudar los trabajos y “asegurar la inocuidad del proyecto sobre las aguas superficiales y subterráneas” requerirán una nueva autorización de la CHE.

Una web para preguntar al promotor

Paralelamente, la declaración de impacto, que reseña cómo el propio proyecto contempla la emisión de más de mil toneladas anuales de CO2 “por la quema del gas natural en la antorcha siempre y cuando se obtengan esos flujos”, obliga a Pyrenees Energy, que antes operaba bajo la denominación de Industrias Mineras de Teruel y que tiene vínculos con Banc Sabadell, a activar una web “en la que se explicará el proyecto planteado de manera accesible y comprensible para el público general”.

El apartado de condiciones incluye también una curiosa imposición: “El tránsito de vehículos de transporte será amable, facilitando adelantamientos y las incorporaciones desde caminos vecinales”, y sin que los camiones de la promotora puedan superar los veinte kilómetros por hora. En este sentido, indica que las administraciones titulares de los caminos y vías podrán limitar la circulación de los vehículos que transporten los materiales necesarios para los trabajos, así como exigir la reparación del firme en caso de desperfecto.

Más de medio siglo abandonado

La explotación del pozo Carlota de Centenera lleva más de medio año abandonada. De hecho, la extracción de hidrocarburos desde allí quedó aplazada en 1967, siete años después de que Enpasa, la Empresa Nacional de Petróleos en Aragón, renunciara a los permisos de prospección que había obtenido siete años antes ya que los resultados “no alcanzaron los objetivos previstos”. Teóricamente, la bolsa de gas se encuentra a 2.550 metros de profundidad.

La recuperación del proyecto no fue bien recibida en la zona, donde el Ayuntamiento de Graus mostró “su preocupación por los posibles efectos negativos de algunas actuaciones” y su “inquietud y preocupación” por aspectos como “la competencia de la empresa consultora y su personal para la redacción del estudio de impacto ambiental”, a lo que se sumaba los que generaban las eventuales afecciones a la calidad del aire y a los acuíferos y fuentes de la zona, los “riesgos sísmicos y geológicos” y las “medidas frente a contingencias como escape de gases”.

La Comarca de la Ribagorza alegó que “en caso de rentabilidad comercial habría de evitarse que pudieran utilizarse medios no convencionales, tales como la fractura hidráulica o ‘fracking’ para la explotación” por “el impacto negativo que generaría no solo a nivel ambiental y paisajístico sino también económico, puesto que el principal recurso de la comarca es el turismo de naturaleza”.

Y, Chunta Aragonesista, Podemos, el grupo municipal de Aragón Sí Se puede, Ecologistas en Acción y 439 vecinos de la zona solicitaron que el proyecto fuera descartado por los elevados riesgos que llevaba aparejados y por la escasa atención que, a su juicio, les prestaba el estudio de impacto ambiental. La CHE y el Gobierno de Aragón, por su parte, consideraban asumibles las consecuencias para el medio de esa actuación, siempre en fase de prospección experimental.

La polémica por el riesgo del ‘fracking’

Pyrenees Energy, por su parte, sostiene que “el proyecto de reentrada, así como su potencial puesta en explotación” para extraer gas natural convencional “no empleará la técnica de fractura hidráulica ‘fracking’ ya que el gas del yacimiento Centenera tiene la capacidad de fluir naturalmente sin estimulación”.

El Gobierno de Aragón concluye, en la misma línea y prácticamente con las mismas palabras que la firma promotora, que “Centenera es un yacimiento de gas convencional y no es necesario el empleo de la técnica de fracturación hidráulica o ‘fracking’ ya que el gas presenta la capacidad de fluir naturalmente y sin estimulación del yacimiento al sondeo” puesto que “se trata de un yacimiento carbonatado fracturado en el que el gas fluye de manera natural hacia el sondeo a través de las fracturas del macizo rocoso” y se encuentra “confinado por más de 500 metros de roca impermeable” de tipo marga. “No se trata de un yacimiento de gas en rocas margosas o pizarrosas como es el caso de los yacimientos de gas no convencional que sí se explotan mediante fractura hidráulica o ‘fracking”, añade.

En cualquier caso, y ante lo “especialmente relevante” de la eventual reapertura del pozo, el Inaga matiza que el permiso para la prospección “es previo a la tramitación de la autorización de explotación”, para la que el proyecto “volvería a estar sometido al proceso de evaluación de impacto ambiental”.