Jornada de huelga de los trabajadores de los centros de menores de Aragón: “Basta de invisibilizar nuestra labor”

Unos 600 trabajadores y trabajadoras de centros de menores de Aragón estaban hoy convocados a una huelga en la que piden una mejora de sus condiciones laborales y el fin del bloqueo del convenio. La huelga, impulsada por la Plataforma para la negociación del Convenio Autonómico de Reforma Juvenil y Protección de Menores en Aragón, integrada por los sindicatos CGT, UGT y CCOO, ha tenido lugar a las puertas de la sede del IASS, donde han llevado a cabo una cacerolada. La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha insistido en que el Ejecutivo no interferirá en las relación entre los trabajadores y las empresas gestoras.

Bajo el lema 'Por una infancia y adolescencia (des)protegida desde los servicios públicos', el colectivo formado por educadores/as sociales, trabajadores/as sociales, psicólogos/as, personal administrativo, personal de servicios auxiliares, ha hecho un “llamamiento urgente” al Gobierno de Aragón y a la sociedad para visibilizar “una situación crítica que pone en riesgo derechos fundamentales”.

Héctor Ruiz, representante de CGT, valora positivamente la jornada: “Creemos que casi el 100% de la plantilla que podía hacer huelga la ha seguido a pesar de tener unos servicios mínimos muy elevados. Esperamos que el mensaje haya llegado a la consejera y a la patronal que no vino a la negociación”

“El trabajo que realizamos representa el último nivel de intervención institucional. Atendemos casos graves de desprotección, pero lo hacemos en condiciones cada vez más precarias: falta de personal, sobrecarga laboral, inestabilidad e infraestructuras indignas”, señalan los profesionales convocantes.

Los trabajadores del sector de reforma y protección de menores de Aragón mantienen el conflicto abierto tras una reunión el lunes en el Sama que concluyó sin acuerdo y, según denunciaron, con una “nula voluntad negociadora” por parte de la patronal. Solo una de las organizaciones empresariales acudió al encuentro, lo que ha llevado a UGT, CCOO y CGT a convocar la jornada de huelga de este jueves.

Amplia participación en la concentración

La concentración, celebrada frente a las instalaciones del Departamento de Bienestar Social y Familia, ha contado con una alta participación de profesionales del sistema de protección de menores, así como con el apoyo de otros agentes sociales, representantes de sindicatos, entidades colaboradoras y ciudadanía sensibilizada con la situación.

Durante el acto se ha leído un manifiesto en el que se ha puesto de relieve la gravedad de la situación actual, y se han escuchado testimonios que han visibilizado tanto las condiciones de trabajo como las consecuencias directas en la atención a menores y familias vulnerables.

Los y las participantes han coincidido en señalar la necesidad de un cambio inmediato en la gestión institucional de los servicios de protección y en exigir un compromiso real con los derechos de la infancia y la adolescencia.

Desde hace tiempo, los equipos de protección y reforma vienen alertando del agravamiento de las problemáticas sociales y familiares que afectan a la infancia. Sin embargo, aseguran que la respuesta institucional es “insuficiente”. Esta situación “se ha visto agravada por una política de personal que en los últimos años deja numerosas plazas vacantes y bajas médicas de larga duración que no son sustituidas. Esto hace que la atención a los/as menores y jóvenes se vea deteriorada. A esto se unen otros aspectos. En Zaragoza, por ejemplo, trabajamos en un edificio con graves deficiencias que afectan directamente a nuestra salud laboral y a la calidad de la atención que podemos ofrecer”, exponen.

Los y las profesionales denuncian además la “falta de diálogo y respuesta” por parte del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón: “Hemos enviado escritos, solicitado reuniones, trasladado nuestras preocupaciones... pero seguimos sin ser escuchados”. Esta situación, añaden, “dificulta la coordinación” con comarcas, ayuntamientos, centros de protección, entidades colaboradoras y otros recursos esenciales.

“Hoy decimos basta. Basta de invisibilizar nuestra labor. Basta de poner en riesgo los derechos de quienes más necesitan protección. Por una intervención de calidad para niños y adolescentes. Por los profesionales que no pueden más. Por un sistema que debe proteger y no abandonar”, exponen.

La plantilla reclama mejoras laborales y salariales, con subidas progresivas que van del 15% al 23% según las categorías profesionales, además de ratios adecuadas que garanticen al menos dos trabajadores por turno. También exigen un mejor reconocimiento de las enfermedades y accidentes derivados del trabajo en las mutuas, la aplicación efectiva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la baja desde el primer día de embarazo y la creación de una comisión mixta de salud laboral que evalúe los riesgos psicosociales del sector.

Respuesta del Gobierno de Aragón

“Respetamos absolutamente todas sus reivindicaciones, pero entendemos que hay un convenio estatal. También entendemos que reivindiquen un convenio autonómico, puesto que eso da fuerza a los sindicatos para negociar, pero se está respetando los contratos el convenio estatal”, ha expuesto Susín, quien ha recordado que fue ella misma la que trasladó a los representantes sindicales del sector que el Gobierno de Aragón no contempla la creación de una mesa tripartita para negociar las mejoras.

La consejera ha hecho estas declaraciones este jueves durante el acto de inauguración de cuatro viviendas de la Fundación Valentia en el centro Manuel Artero de Huesca. Allí ha aprovechado la ocasión para destacar las mejoras que introduce el nuevo contrato del centro de menores de Juslibol (Zaragoza),

El documento, aprobado la semana pasada en el Consejo de Gobierno, supone un incremento de más de un 12% en el precio del contrato, asume la subida salarial de los trabajadores y, además, asume otra demanda de la entidad que tradicionalmente ha gestionado Juslibol, como es que sea la administración quien se haga cargo de los costes de la luz y el agua. “Todas esas cuestiones que ciertamente hacían inviable el contrato que aprobó el Gobierno anterior”, ha apuntado Susín.