Huelga en los centros de menores de Aragón ante el bloqueo del convenio: “Los trabajadores están al límite”

La Plataforma para la negociación del Convenio Autonómico de Reforma Juvenil y Protección de Menores en Aragón, integrada por los sindicatos CGT, UGT y CCOO, ha anunciado una huelga para el próximo 23 de octubre ante el “bloqueo” de las negociaciones y la falta de voluntad de las empresas y patronales del sector. El paro afectará a unos 600 trabajadores que atienden a menores en los centros de protección y reforma de Aragón, un servicio público esencial externalizado por el Gobierno autonómico.

Desde la Plataforma califican de “infame e indigna” la actitud de las patronales y entidades implicadas, tras una nueva reunión fallida en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Denuncian que la mayoría de las empresas no acudieron a la cita. Solo la patronal OEISS y la empresa FEPAS asistieron al encuentro, aunque “no fue suficiente para desbloquear la negociación”.

Los sindicatos señalan que la falta de diálogo y de avances les deja sin otra salida que “demostrar el descontento” de unas plantillas que “llevan años con los salarios prácticamente congelados”. Además, anuncian que impugnarán los servicios mínimos decretados por el Gobierno autonómico por considerarlos “abusivos” y dirigidos a “impedir el derecho a huelga”.

“Las empresas y patronales han fijado su objetivo en sus beneficios económicos a costa de los trabajadores”, denuncia Héctor García (CGT). “Lo que ha ocurrido en el SAMA es un desprecio absoluto a nuestro trabajo y a nuestras condiciones laborales. Queremos un convenio que mejore las condiciones, siempre hemos propuesto negociar de forma sensata, pero parece que lo sensato para ellos es congelarnos el salario durante cuatro años más. Vamos a la huelga más fuertes que nunca”.

“Los trabajadores están al límite”

La representante de UGT, Angélica Mazo, lamenta la “indiferencia” del Ejecutivo autonómico: “Los trabajadores están al límite, llevan años con los salarios congelados y a nadie le importa. Mientras tanto, la consejera de Bienestar Social y Familia y el gerente del IASS siguen sin ver, sin escuchar y sin oír. Les hemos pedido una reunión a tres bandas con el Gobierno de Aragón, los sindicatos y las patronales, pero se niegan a recibirnos. La huelga no tiene marcha atrás”.

Desde CCOO, Jesús Esteban considera que lo ocurrido en el SAMA refleja la “indignación” del sector: “La ausencia de empresas y patronales no es un descuido, es una traición a quienes sostenemos con nuestro esfuerzo un servicio esencial externalizado por el Gobierno de Aragón. El Gobierno es cómplice por su pasividad. No pueden tratar así a 600 familias ni seguir sin incrementarnos los salarios. Por justicia vamos a la huelga”.

Los sindicatos recuerdan que ya avisaron de que la paralización temporal de la huelga antes del verano “no era una carta blanca”. Denuncian que no se ha producido ningún avance real en la negociación y que las condiciones laborales “siguen deteriorándose”.

Alertan además de que cada vez resulta más difícil encontrar personal debido a la huida de educadores a otras comunidades con mejores condiciones laborales. “Al final van a conseguir que se vayan todos los trabajadores”, advierten.

El Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial de Zaragoza (CIMJ), situado en Juslibol, es un ejemplo del colapso que vive el sector: once de sus 38 trabajadores están de baja, casi un 29% de la plantilla. “Hay centros en los que durante la noche solo queda un trabajador para atender a 24 menores. Es inadmisible”, denuncia Mazo.

Un servicio esencial externalizado

En Aragón existen 28 centros residenciales de protección y reforma de menores, con cerca de 1.000 plazas, gestionados en su mayoría por entidades concertadas o subvencionadas, aunque el servicio depende del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Los sindicatos reclaman un convenio autonómico propio, como el existente en otras comunidades, que unifique el sector y mejore las condiciones laborales. “Nuestro horizonte es el convenio valenciano”, apunta García (CGT). Entre las peticiones figuran la reducción progresiva de la jornada anual, desde las 1.722 actuales a 1.476 horas, y una actualización salarial que elevaría el gasto del Gobierno autonómico del 3,84% al 5,83% del presupuesto total, “una cifra factible”, defienden.

Las tres centrales denuncian la “escasa receptividad” tanto del Ejecutivo regional como de las patronales. “El Gobierno de Aragón, responsable último de los contratos y conciertos, no se ha implicado en el proceso”, lamentan. Su petición de una reunión a tres bandas sigue sin respuesta. “Mantiene un silencio que bloquea la posibilidad de mejorar las condiciones laborales del personal que trabaja en estos servicios públicos esenciales”, insisten.