El juez dicta la apertura de un juicio oral contra el alcalde de Monterde por presunta prevaricación administrativa

El alcalde de Monterde, José Gracia Ruiz, se sentará en el banquillo tras la apertura de juicio oral decretada por el juez del Juzgado de Instrucción nº1 de Calatayud, Álvaro Sáez. La acusación principal se centra en un presunto delito de prevaricación administrativa y, de manera alternativa, en un posible delito electoral. La causa será enjuiciada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, dado que las penas previstas superan los límites de competencia del juzgado de instrucción.

La acusación ha sido presentada por la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde, en calidad de acusación popular, mientras que el Ministerio Fiscal ha solicitado el sobreseimiento provisional, al considerar que no se ha acreditado debidamente la comisión de los hechos denunciados. El juez ha decidido continuar con el proceso, argumentando que la correcta formación del censo electoral y el adecuado desarrollo de los procesos electorales afectan a bienes jurídicos colectivos y, por tanto, justifican la legitimación de la acusación popular. En su auto de cierre de instrucción, dictado el pasado 9 de julio, el juez consideraba que de todo lo actuado se desprende “que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, previsto en el artículo 404 del Código Penal, siendo atribuido a José Gracia Ruiz”.  

En caso de ser condenado, la acusación popular solicita para José Gracia Ruiz la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un periodo de hasta 15 años. Alternativamente, por el delito electoral continuado, se contempla prisión de dos años, multa de 24 meses y la misma inhabilitación durante toda la condena, con imposición de las costas procesales. El auto judicial establece que contra esta resolución no cabe recurso, salvo en lo relativo a la situación personal del acusado, pudiéndose interponer un recurso de reforma en tres días o de apelación en cinco días tras su notificación.

Este procedimiento se suma al escándalo de las inmatriculaciones que afecta a la localidad. El primer juicio relacionado con la inscripción irregular de fincas privadas como propiedad municipal no llegó a celebrarse, después de que el Ayuntamiento reconociera los hechos en un caso concreto, correspondiente a una propiedad de la madre de una demandante fallecida en 2022. La aceptación de irregularidades por parte del Consistorio ha generado que los vecinos insten a revertir voluntariamente más de 200 posibles inmatriculaciones, sin necesidad de recurrir a los tribunales.

Las protestas sociales han sido constantes. Un centenar de vecinos se concentraron en enero frente al Ayuntamiento y en otros puntos de Zaragoza para exigir la dimisión inmediata del alcalde y la intervención de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón. Los afectados denuncian que más del 50 % de los ingresos corrientes de 2023 se destinó a asesores y gastos jurídicos vinculados a las inmatriculaciones.

A ello se suma la investigación por presuntas irregularidades en el empadronamiento de vecinos antes de las elecciones a Cortes Generales de 2023 y al Parlamento Europeo de 2024. Varios residentes han sido citados como investigados y el juez ha solicitado recabar información sobre otras personas que podrían estar relacionadas con los hechos. Según los denunciantes, estas prácticas habrían favorecido la candidatura del alcalde en las elecciones.