El Justicia de Aragón denuncia la “inseguridad” en el medio rural, donde tasa de delitos es mayor en proporción con la población

El Informe Especial del Justicia sobre Seguridad en el Ámbito Rural ha constatado la “sensación de inseguridad” que se vive en los pueblos de Aragón y que la tasa de delitos es mayor en proporción con la población, así como que el mayor número de delitos son contra el patrimonio, en concreto contra las explotaciones agrícolas y ganaderas.

“El hecho objetivo es que en las zonas más ricas, con grandes explotaciones agrícolas, hay más delitos” y que el modelo con el que se distribuyen las fuerzas y cuerpos de seguridad por el territorio “ha quedado obsoleto” porque “no se ajusta a la legalidad vigente y a las necesidades”.

Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación del informe a cargo del lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, el intendente de la Policía Local de Ejea de los Caballeros y profesor tutor de Derecho Constitucional en la UNED, Óscar Muñoz, y el asesor de Interior del Justiciazgo, David Acín, y en cuya elaboración ha colaborado el Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR).

“Se habla mucho de Educación, Sanidad o Servicios Sociales en el medio rural pero de la inseguridad poco se dice”, ha lamentado Hernández, quien ha explicado que en el informe se analiza el modelo de seguridad, las tasas de delincuencia, “con alguna que otra sorpresa”, las 32 policías locales, cómo está la distribución de las competencias y servicios que presta la Guardia Civil y de las competencias que la administración otorga a los entes locales y Gobierno de Aragón en el ámbito de la seguridad.

De los 731 municipios de Aragón, 674 tienen menos de 1.000 habitantes y solo 14 superan los 10.000. Zaragoza engloba más del 50% de la población, por lo que 42% de la población reside en el 97% del territorio, “primer obstáculo a la hora de dimensionar las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad”, ha apuntado Óscar Muñoz.

Sin embargo, según Muñoz, sólo se publican las tasas de delincuencia de las tres capitales de provincia, las únicas que superan los 20.000 habitantes, el resto “no existe”, y tampoco se ha podido comprobar si la presencia de agentes podía funcionar de elemento disuasorio debido a que no se ha proporcionado información por parte de la Delegación del Gobierno sobre el catálogo de puestos de trabajo.

Con este trabajo se ha tratado, ha apuntado David Acín, de dar voz a la población e instituciones y conocer los medios con los que cuentan para garantizar la seguridad en los municipios con una población inferior a 20.000 habitantes, es decir, todos salvo las tres capitales de provincia.

Según el balance de delincuencia que aportan en el estudio, en 2020 en la provincia de Zaragoza cincuenta municipios de carácter rural superaban la tasa de delincuencia de su capital; en Teruel fueron 77 con una tasa superior a la de la capital y en la de Huesca, 35.

En 2021, 27 pueblos de la provincia de Huesca, 77 de la de Teruel y 60 de la de Zaragoza presentaban tasas de delincuencia por encima de las de sus respectivas capitales.

A menor tamaño del pueblo, más tasa delictiva

En 2020 se presentaron 11.089 denuncias en el Aragón rural y 13.020 denuncias en 2021, de las que el 66 y el 67 %, respectivamente, fueron contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Según el análisis de los autores del informe, a menor tamaño del municipio la tasa delictiva es proporcionalmente mayor; los más poblados arrojan una tasa, con carácter general, por debajo de la media; las capitales de provincia tienen tasas próximas o por debajo de la media; el mayor número de delitos se dan “contra el patrimonio y el orden socioeconómico”, y aquellos que cuentan con Policía Nacional y Policía Local presentan una tasa delictiva baja.

Así, en el ámbito de las fuerzas de seguridad, se recomienda valorar las agrupaciones de cuerpos de policía porque favorecerá además servicio de 24 horas; crear la figura de los interinos para cubrir las plazas vacantes o la comisión de servicios para momentos puntuales y de manera excepcional y realizar una convocatoria única de los procesos selectivos para evitar fuga de policías locales a otros municipios.

Además de analizar si es necesario contar con 122 puestos de la Guardia Civil y si no sería más factible destinar los recursos a aumentar las patrullas de vigilancia por el medio rural y el número de agentes, ya que Acín se pregunta “si es lícito garantizar la seguridad de unos municipios a costa de otros” y, en el caso de los equipos ROCA, aconsejan una reestructuración porque aunque funcionan, se hace a costa de retirar agentes de otras unidades.

“De lo que se trata es de realizar una distribución territorial, desde la administración general estudiar la posibilidad de agrupar en un puesto principal y desde ahí distribuir las fuerzas por el territorio a menos de diez minutos de una llamada de emergencia”, ha incidido Muñoz.

También ha recomendado que se facilite la presentación de denuncias porque “se denuncia muy poco” y ha puesto como ejemplo que los delitos sin autor conocido “no llegan ni al juzgado”.

La instalación de sistemas de videovigilancia y la realización de un estudio completo de la situación real de la criminalidad en el ámbito rural son otras de las recomendaciones que se apuntan en el informe.