Asturias aprueba el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia para blindar los derechos de los menores
El Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia, un texto que reconoce a niños y adolescentes derechos fundamentales como la expresión, la libertad de información, a ser escuchados, la libertad ideológica, la asociación y reunión, la igualdad y la educación. La norma sustituirá a la Ley del Menor de 1995 y pretende consolidar un sistema de protección integral y garantista para la infancia y la adolescencia.
Una ley participativa y con perspectiva inclusiva
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, explicó que la ley ha sido elaborada con la participación de niños y adolescentes, incorporando perspectiva de género y de discapacidad. El texto, que cuenta con ocho títulos y 129 artículos, incorpora los cambios legislativos en materia de infancia registrados en las últimas tres décadas.
La norma pone el foco en la sensibilización, la detección precoz y la asistencia frente a cualquier forma de violencia, así como en la prevención y la creación de entornos seguros para los menores.
Plan estratégico y coordinación institucional
El proyecto obliga a que todos los proyectos normativos incluyan un informe de impacto en la infancia y adolescencia y establece la elaboración de un plan estratégico cada diez años que defina las políticas públicas para hacer efectivos los derechos de los menores, acompañado de una memoria económica.
La ley asegura la continuidad del Observatorio de la Infancia y Adolescencia como órgano de coordinación y asesoramiento, así como del Consejo Autonómico de Participación, y refuerza la colaboración entre servicios sociales, sanitarios, educativos, ayuntamientos, fuerzas y cuerpos de seguridad, familias acogedoras y medios de comunicación.
Acogimiento familiar y residencial
La iniciativa mantiene la prevención como medida prioritaria y desarrolla de forma más específica los procedimientos en ámbitos familiar, sanitario y educativo, incluyendo los plazos y procedimientos de riesgo, desamparo, guarda y tutela.
En cuanto al acogimiento familiar, la ley regula las compensaciones económicas y permite que la familia extensa o personas allegadas reciban formación específica para ofrecer la mejor atención a los menores.
Respecto al acogimiento residencial, la norma regula programas de preparación para la vida independiente desde los 16 años, así como programas de transición a la vida adulta y apoyos hasta los 26 años.
El proyecto también incorpora un capítulo específico sobre menores migrantes no acompañados, garantizando su acceso a servicios independientemente de su situación administrativa.
Régimen sancionador y lectura fácil
El proyecto incluye un régimen sancionador para personas físicas o jurídicas que vulneren los derechos reconocidos o realicen actividades no permitidas por la ley. Por ejemplo, habrá sanciones para quienes no inscriban a un menor en el registro civil.
Además, la ley contará con una versión de lectura fácil dirigida a los menores y recomienda que ayuntamientos y Gobierno celebren el Día de los Derechos de la Infancia para su visibilización.
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