La exconsejera asturiana Belarmina Díaz defiende que se actuó conforme a la ley en la mina de Zarréu

Se actuó “conforme a la ley” en la mina de Zarreú, donde el pasado mes de marzo fallecieron cinco trabajadores, así la ha defendido la exconsejera asturiana de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, este viernes en la comisión de investigación de este accidente que se desarrolla en la Junta del Principado.

Díaz, que dimitió de su cargo once días después del accidente, ha comparecido ante la comisión parlamentaria que investiga posibles responsabilidades políticas y fallos en el cumplimiento de las medidas de seguridad tras el mayor accidente minero registrado en Asturias en las últimas tres décadas y ha defendido la “legalidad” de las actuaciones llevadas a cabo.

La investigación apunta a que la tragedia se produjo por una explosión de grisú en el nivel tercero de esta mina de montaña del suroccidente asturiano, cuando once trabajadores se encontraban extrayendo carbón, a pesar de que la empresa titular en ese momento, Blue Solving, carecía de permiso para hacerlo y solo tenía autorización para retirar chatarra y acopios antiguos de mineral.

No ser un obstáculo

La exconsejera, que justificó su dimisión para no ser un obstáculo para conocer la verdad y que se haga justicia, ha insistido en que no tenía conocimiento de que se estuviera extrayendo carbón de forma ilegal, que no recibió avisos sobre irregularidades en el piso tercero y que tampoco benefició a las empresas concesionarias en la concesión de permisos o en la realización de inspecciones. “Debía cumplir la ley y seguir lo que ponían los informes técnicos porque, de no hacerlo, estaría prevaricando”, ha afirmado Díaz, que permaneció menos de tres meses en el cargo de consejera, aunque anteriormente había asumido competencias en materia de minería en varias etapas con tres consejeros de Industria distintos.

Según ha señalado, bajo su dirección ningún documento se firmaba sin el aval de técnicos o servicios jurídicos, los funcionarios revisaban en detalle las propuestas de resolución y nunca ocultó información a sus superiores. También ha defendido que la eliminación en 2019 del Servicio de Seguridad Minera, fruto de una fusión administrativa, no supuso una merma en las inspecciones que debían llevarse a cabo.

Aunque Blue Solving y Combayl, anterior titular de los derechos de explotación de la mina de Cerredo, forman parte de un entramado empresarial vinculado al empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como ‘Chus Mirantes’, Díaz ha reiterado que desconocía esa relación cuando firmó la transmisión de los derechos mineros entre ambas sociedades y que tampoco conocía a los administradores de esas empresas. Sí conocía, según ha explicado, al último director facultativo de la mina, José Antonio Fernández Casillas, secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias, con quien se reunió en dos ocasiones, la última de ellas para conocer el proyecto de investigación complementaria que pretendía desarrollar Blue Solving, aunque sin entrar en mucho detalle.

Cerrada ocho meses

Actualmente profesora universitaria, la exconsejera ha defendido que la transmisión de derechos entre ambas empresas se llevó a cabo porque, pese a que en agosto de 2022 se había producido otro accidente mortal cuando Combayl era titular, no existía sentencia firme ni empresarios inhabilitados, y se cumplían los requisitos establecidos por la Ley de Minas.

Tras ese accidente de agosto de 2022, la mina permaneció cerrada durante ocho meses y se abrieron dos expedientes sancionadores, uno de ellos aún sin resolver, que llevaron a Combayl a reconocer la extracción ilegal de mineral en el piso sexto. No obstante, Díaz ha asegurado que desde entonces y hasta el accidente con cinco fallecidos ocurrido en marzo de 2025 nadie le comunicó que se siguiera extrayendo carbón, que no recibió informes técnicos que alertaran de irregularidades en el piso tercero y que tampoco tuvo conocimiento del correo electrónico enviado en octubre de 2023 por un agente de medio natural en el que se advertía de una posible extracción ilegal de mineral.

Sí llegaron en marzo de 2025 varios escritos de sociedades vinculadas al empresario leonés Victorino Alonso en los que se denunciaban irregularidades en Degaña y TYC Narcea, por lo que la Dirección General de Minas solicitó explicaciones a ambas compañías, concediéndoles un plazo de diez días hábiles que se vio interrumpido por el accidente del día 31.

Díaz ha negado que se acelerara la tramitación de permisos para permitir que, a través de un proyecto de investigación complementaria, se pudieran extraer hasta 60.000 toneladas de carbón, cuyo valor ascendería a unos 18 millones de dólares, destinadas a la fabricación de grafito. Según ha explicado, ese proyecto, previsto para el nivel primero y que se encontraba en una fase embrionaria, nunca llegó a ponerse en marcha porque la empresa no presentó el plan de labores que se le había requerido, a pesar de cumplir con los requisitos administrativos.