Estamos por la educación ambiental, sí, pero sin profesionales para ello

Es necesaria la formación ambiental. Todos coincidimos en ellos. De hecho, aprovechemos el Día Mundial de la Educación Ambiental, para recordar que no hay jornada de debate ni instrumento de planificación ambiental que no mencione que la Educación Ambiental es una de las premisas fundamentales para abordar la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático, tan imperiosamente necesaria. Sin embargo, su aterrizaje en la práctica sigue siendo mayoritariamente una entelequia.

Haciendo un poco de recorrido vemos que el anterior gobierno consiguió establecer una serie de obligaciones sobre programas de educación ambiental para las administraciones locales encargadas de la recogida y transporte de residuos domésticos. Estas responsabilidades afectan a ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, consorcios y otros entes locales o supramunicipales. El objetivo era fomentar un trabajo continuo de formación, reducción, reutilización y reciclaje de calidad, contribuyendo a mejorar el rendimiento del ciclo integral de los residuos domésticos y a prolongar la vida útil de las instalaciones de valorización. En última instancia, se buscaba consolidar una cultura de buenas prácticas ambientales e incentivar comportamientos sostenibles que permitan superar los objetivos marcados por la normativa vigente.

Y estas obligaciones se concretaban de una manera muy práctica: todos los municipios de hasta 5.000 habitantes, deberían disponer de al menos 1 educador ambiental a jornada completa para la mejora de la gestión de los residuos domésticos y asimilables, al objeto de dar un servicio de proximidad a la ciudadanía, el comercio y las empresas sobre las mejores prácticas en materia de gestión de residuos y los nuevos criterios y oportunidades de la economía circular a nivel municipal. Los municipios menores de 5.000 habitantes, podrán agruparse para compartir este educador ambiental. Para municipios mayores de 5.000 habitantes censados según el INE, se deberá disponer de más de un educador ambiental, según la una proporción que llega hasta 8 educadores ambientales a jornada completa para los municipios más grandes.

Con esta nueva obligación normativa en la Comunitat Valenciana se pretendía disponer en las administraciones locales de más medios humanos para el fomento de la prevención en la generación de residuos, la preparación para la reutilización y el fomento de las recogidas selectivas en origen.

Pero el actual gobierno nos ha presentado en el Consejo Asesor y de Participación de Medio Ambiente CAPMA una propuesta de DOCUMENTO INFORMATIVO Y JUSTIFICATIVO DEL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2025 – 2035, en el que, pese a las más de 800 páginas que contiene, han desaparecido las obligaciones de contratación a los profesionales del sector, a pesar de que los objetivos de educación y divulgación ambiental siguen ahí, pero claro, ¿cómo se van a llevar a cabo si no se cuenta con los técnicos especialistas?.

El desamparo de los educadores y educadoras ambientales, que hoy por hoy siguen reivindicando un convenio que les ampare para tener unas condiciones laborales dignas, se verá acentuado si se aprueba la rebaja de las obligaciones de contratación que se establecen en la actual legislación, que había conseguido, de forma pionera en nuestro país, dar un fuerte impulso a los programas de educación ambiental en el marco de la gestión de residuos. Preocupante como poco…