La consejera de Bienestar Social pide un gran pacto que blinde a futuro el cuidado de los mayores

Un gran pacto social de amplio alcance, que trascienda a la legislatura y que blinde los cuidados a las personas mayores en Asturias mediante modelos de servicios de calidad claramente definidos y con una financiación suficiente. Esta es la propuesta que ha puesto sobre la mesa la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, durante la presentación del programa de gobierno de su departamento.

Álvarez ha hecho un llamamiento al consenso “a todos grupos políticos y a los agentes sociales implicados que estén dispuestos a hacer de la atención a las personas mayores la punta de lanza de la acción del Gobierno ante el reto demográfico”. Un acuerdo que, según ha explicado la consejera, “tiene que anticipar y garantizar la adecuada respuesta a las nuevas expectativas que supone el envejecimiento de la población, teniendo en cuenta que el 80 % quiere hacerse mayor en sus casas”.

A su juicio, el pacto “debería trascender la legislatura porque la dignidad de las personas y su vida autónoma van más allá de los próximos cuatro años” y debería estar incluido en la negociación de la concertación social y económica, ya que “debe contar con una mesa específica, atendiendo a la vertiente de colaboración público-privada que sustenta parte de la respuesta al reto del envejecimiento en el sistema asturiano de servicios sociales”.

Este pacto tiene que contar con la garantía del reconocimiento de derechos, gestión de solicitudes, garantía del acceso a recursos y servicios, planificación de su adecuada provisión en el territorio, evaluación de la calidad del modelo y respaldo a las empresas del sector.

La titular de Derechos Sociales, que ha vinculado la necesidad del pacto al desafío demográfico, ha apuntado que las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) estiman que Asturias tendrá 305.000 personas mayores de 65 años en 2030, un 10 por ciento más que ahora.

Estas previsiones se traducirán en un incremento relevante de la presión sobre el sistema de dependencia, de modo que la consejería estima que unas 44.500 personas tengan reconocido el derecho a percibir ayudas a finales de esta década, el 15 por ciento de los mayores.

“Teniendo en cuenta que la inversión media actual por persona atendida ronda los 9.000 euros al año, nos habremos situado para entonces en un presupuesto asociado al sistema para la autonomía de más de 400 millones, un 40 por ciento más que en la actualidad”, ha subrayado la consejera.

Cambio de modelo del ERA

Sobre el futuro de los Establecimientos Residenciales (ERA) para Ancianos, la consejera ha planteado un “imprescindible y urgente cambio de modelo de gestión”, que implicará un cambio organizativo que afectará principalmente a los servicios centrales así como una modificación hacia una tramitación contable “más ágil” para “poner la gestión al servicio de las personas y no al revés como ahora sucede”.

Álvarez ha recalcado que Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) de Asturias asumirán un especial protagonismo para asumir la nueva realidad en la región ante el aumento de las personas con derecho a la dependencia, que van a pasar de los actuales 45.600 expedientes a gestionar en 4 años a un cifra que alcanzará los 56.000.

“No tengan ninguna duda, Asturias está preparada para afrontar un reto de tal envergadura, en especial, por el papel de deberá asumirá el ERA. Ya les avanzo que en 2024 podremos defender cómo el ERA no es lo que solía”, ha remarcado la consejera, que ha destacado que el PRincipado es la comunidad autónoma que cuenta con más plazas residenciales de gestión directa en todo el país.

La principal actuación en el ERA implicará un cambio organizativo que afectará principalmente a los servicios centrales, que sólo ha aumentado su plantilla en nueve personas, con el fin de agilizar los problema de contratación de cualquier material.

Además, se trabajará, junto a la Consejería de Hacienda, en conseguir “un cambio hacia una tramitación contable más ágil, lo que se traduce en poner la gestión al servicio de las personas y no al revés como ahora sucede”, ha asegurado la consejera, que ha apuntado que se pretende eliminar “este sistema de pago farragoso en la gestión de ayudas que lastra en la actividad diaria en los centros”. 

2.030 personas en lista de espera en dependencia

Álvarez ha resaltado que hace cuatro años se puso en marcha un plan de choque que ha demostrado que el Gobierno es “capaz de impulsar medidas” para la agilización del acceso a los derechos, incrementando la cobertura del sistema de dependencia en 9.000 personas más, hasta superar hoy la barrera de las 30.000 personas atendidas, un incremento superior al 40 por ciento en cuatro años pese a las limitaciones de la pandemia.

La lista de espera en dependencia asciende a 2.030 personas en Asturias de las que el 85% de las solicitudes provienen de la zona centro mientras que el 75% de los usuarios que esperan esta prestación pertenecen al grado uno y dos de dependencia.

No obstante, la consejera ha apuntado que el 63% de las personas que requieren acceder al servicio de los centros de día cuentan con una prestación transitoria y el 68% que requieren una plaza residencial se encuentran en las misma situación.

La Consejería dará prioridad al acceso a los servicios de atención a las personas mayores que tengan reconocido el derecho a la dependencia, aunque se mantendrá la atención a las personas que se encuentren en una situación de emergencia social.

Críticas desde la oposición

En el tuno de fijación de posiciones, la diputada del PP Beatriz Polledo ha calificado de “decepcionante, continuista y nada sorprendente” el programa que ha presentado la consejera y ha afirmado que se necesitará que Álvarez ealice “un cambio de 180 grados en su gestión” para poder llevar a cabo el gran pacto social que pretende que se realice en Asturias para blindar los cuidados a las personas mayores en Asturias.

En su turno de intervención, la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco ha afirmado que en Asturias se necesita “menos salarios sociales y más oportunidades laborales que permitan cubrir las necesidades vitales de la población” y ha advertido de que “la situación en lo que compete a esta consejería es preocupante”.

Por su parte, el secretario general y portavoz de Foro Asturias en la Junta, Adrián Pumares, ha reclamado que “se agilice la gestión del salario social, contando con una plantilla de personal estable e introduciendo mecanismos de evaluación que permitan determinar la eficacia de las medidas de inserción social y laboral”.

Por último, la diputada de Podemos, Covadonga Tomé, ha asegurado que es necesario dar prioridad a la concreción de la futura ley de infancia y adolescencia y ha abogado poner en marcha las medidas necesarias para revertir la situación por las que atraviesan muchos de los jóvenes y niños de la región.